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Hechos clave:
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Los demandantes acusan a la Ley Bitcoin de ser carente de legalidad y de fundamento.
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El diputado Jaime Guevara señala que están poniendo a prueba a los magistrados recién electos.
«Es una ley inconsulta. La gente tiene una incertidumbre muy grande de cómo va a ser el uso de esta moneda. Estamos a tiempo para que puedan reflexionar los diputados de Nuevas Ideas y el Presidente Nayib Bukele, que puedan reflexionar sobre esta ley que fue aprobada que entendemos que va a afectar económicamente a la población salvadoreña». Así se expresó el diputado salvadoreño, Jaime Guevara, luego de respaldar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Bitcoin ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.
Este lunes 21 de junio, el abogado Óscar Artero, en su calidad de ciudadano salvadoreño, demandó de inconstitucional la iniciativa legal aprobada el pasado 8 de junio, conocida como Ley Bitcoin, ante la Sala Constitucional de la máxima autoridad judicial salvadoreña. El hecho fue divulgado por Guevara, diputado por el partido de izquierdas, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, quien compartió el acto en su página de Facebook.
Según los demandantes, la legislación aprobada de manera expedita por 62 de los 84 diputados del país no cuenta con respaldo social ni fue consultada con el pueblo. Y si bien los demandantes no divulgaron cuál artículo de la constitución salvadoreña se rompe con la Ley Bitcoin, Artero calificó el proceso de aprobación como «viciado» y «perverso», al no haber tomado «ni cinco horas para ser aprobado».
“Una Ley o decreto de tal transcendencia no es posible que nuestros diputados lo estén aprobando o emitiendo en tan poco tiempo. En ese sentido, con el respaldo de diversas organizaciones de este país, el movimiento social, diversas organizaciones profesionales, campesinos, una gran cantidad de sindicatos de trabajadores públicos, de empresa e industrias presento este recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que emite la Ley Bitcoin, por ser un decreto carente de legalidad, carente de fundamento sin considerar la transcendencia y los efectos nocivos que a este pais le va causar tal Ley”.
Óscar Artero, abogado salvadoreño.
Una encuesta realizada por la Cámara de Comercio de El Salvador, reveló que el 45,3% de los dueños de empresas pequeñas, medianas y grandes del país están «preocupados» por la implementación de bitcoin (BTC) como moneda de curso legal en el país. Y aunque el gremio bancario del país ha expresado su buena disposición ante la medida, Artero afirma que su demanda cuenta con el respaldo de «diversas organizaciones profesionales, campesinos, la coordinadora intergremial Rafael Languiñada Carranza, una gran cantidad de sindicatos de trabajadores públicos, de empresas, de trabajadores públicos».
Una «prueba» para la Sala Constitucional
El diputado Jaime Guevara expresó que la demanda contra la Ley Bitcoin no se enfoca en un tema de legitimidad, sino de legalidad, aludiendo a que la propuesta legislativa violenta el ordenamiento jurídico del país. «Vamos a poner a prueba a estos señores de esta Sala (Constitucional) para ver cuál es la respuesta que le van a dar a la ciudadanía».
El pasado 1ero de mayo, luego de que el oficialismo formara mayoría por primera vez en la Asamblea Legislativa de El Salvador, una de sus primeras acciones emprendidas fue votar a favor de la destitución de los antiguos magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, una medida que algunos salvadoreños han tildado de autoritaria. Según reseña el diario ElSalvador.com, algunos de los magistrados recién electos solían trabajar en la Casa Presidencial, teniendo un nexo cercano al presidente Nayib Bukele.
Para decidir en materia de inconstitucionalidad de leyes, el artículo 14 de la Ley Orgánica Judicial de El Salvador requiere la votación unánime de los magistrados de la Sala Constitucional.
Es por esta razón que la diputada opositora Dina Argueta, del mismo partido que Guevara, rechazó la demanda de inconstitucionalidad de la Ley Bitcoin pues considera que otorga legitimidad a una Sala Constitucional impuesta arbitrariamente.
Nosotros (Anabel Belloso y Dina Argueta) somos de la idea de que la ley debió ser derogada, pero ese es el espacio aquí en la Asamblea Legislativa, entonces donde se hacen las derogaciones de las leyes debe ser aquí en la Asamblea Legislativa. Hacer uso de la Sala de lo Constitucional, en estos momentos, es avalar un proceso que se dio el primero de mayo en esta Asamblea Legislativa contra orto Órgano y el cual nosotros no avalamos»
Dina Argueta, diputada salvadoreña.
Según reportó CriptoNoticias el pasado 16 de junio, las diputadas introdujeron un proyecto de reforma de ley ante la Asamblea Legislativa para eliminar el curso legal de bitcoin en el país, por considerar que pone en peligro el sistema económico y las finanzas familiares. Hasta el momento, la medida no ha sido resuelta.
