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La derogación de la ley, que permitía crear ciudades autónomas, mantiene en riesgo el proyecto.
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Los inversionistas acuden a marcos legales internacionales para defender la ciudadela.
Hace más de un año, una pequeña ciudad privada llamada Próspera, ubicada en la isla caribeña de Roatán en Honduras, anunció su decisión de adoptar bitcoin (BTC) como moneda de curso legal. La noticia, que se dio a conocer en el marco de una conferencia bitcoiner, llamó la atención de muchos entusiastas de la moneda digital despertando interés por conocer el nuevo «criptodestino».
Pero ahora la ciudad chárter hondureña se halla ante un panorama incierto, en medio del entorno político que amenaza con truncar el avance del proyecto. La situación legal de la ciudadela se encuentra en un limbo legal. Esto, luego de que el Congreso votara unánimemente a favor de derogar la ley y la enmienda constitucional que permitía la creación de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
«La dirección de Próspera ha estado trabajando para convencer al gobierno de que cumpla con las obligaciones constitucionales y los acuerdos internacionales del pasado, bajo los cuales nació el proyecto. Aún estamos esperando para ver cómo resultarán las negociaciones», declaró recientemente Dusan Matuska, encargado del Centro Educativo de Bitcoin Amity Age que funciona en la ciudadela de Roatán.
Las conversaciones con el gobierno las adelanta el equipo de la compañía Honduras Próspera Inc., a través de su fundador y director ejecutivo, Erick Brimen.
El directivo ha seguido adelante con la ciudad chárter a pesar de la derogación de la Ley ZEDE y de los obstáculos para el funcionamiento que han estado colocando varias instancias gubernamentales, según denuncian.
La estructura ZEDE de Próspera es un paso hacia una mayor libertad individual al localizar aún más y crear estructuras de gobierno más receptivas. Pero, siguiendo las tendencias históricas, hay un esfuerzo por parte de los partidos arraigados para frustrar ese movimiento.
Equipo de Próspera
En espera de una decisión gubernamental favorable
El objetivo de la empresa es que el gobierno de Xiomara Castro reconozca los acuerdos alcanzados durante la vigencia de la ley ZEDE, la cual fue aprobada por el gobierno de Juan Hernández (2014-2022).
Siguiendo los lineamientos de esta regulación se creó la ciudad chárter de Próspera en 2017, iniciando su construcción en 2020. La ley permitía a las empresas establecer zonas económicas especiales con sus propias leyes, regulaciones, tribunales, fuerzas policiales y escuelas. Podían funcionar de forma independiente al Estado, una situación que ha cambiado tras la derogación de la normativa.
En defensa de la ciudadela, la empresa detrás de Próspera alega que el proyecto está protegido por numerosos marcos legales a nivel nacional e internacional.
Las garantías incluyen derechos adquiridos constitucionalmente por los inversionistas, un acuerdo de estabilidad legal de 50 años que da garantías a los inversores, y la protección que otorga el derecho internacional a través del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y el Tratado Bilateral de Inversiones entre Estados Unidos y Honduras.
No obstante, aún no está clara la decisión que tomará el gobierno, considerando que una de las promesas electorales de Castro fue precisamente la eliminación de estas zonas exclusivas, al creer que «atentan contra la soberanía del país».
La mandataria, que asumió el cargo a inicios de 2022, se ha mostrado contraria al uso de bitcoin en Honduras. Tal como ha informado CriptoNoticias, a través de varios comunicados del banco central se insta a los ciudadanos a no invertir en criptomonedas.
Mientras tanto, los inversionistas de Próspera, incluyendo las comunidades bitcoiners que hacen vida en Roatán, siguen adelante con sus actividades aunque están en alerta ante los acontecimientos políticos.
«Es posible que se anticipen las elecciones de Honduras el año entrante», dice Matuska, en cuyo centro se enseña a usar bitcoin a más de 400 niños y centenares de adultos. «Como parte del plan de negocios también calculamos el escenario negativo de la desaparición de Próspera para estar preparados», acotó Matuska.
Próspera se lanzó con la promesa de un paraíso libertario para bitcoiners, junto a la playa, con bajos impuestos y regulaciones favorables a las criptomonedas. Una visión semejante a la que presentó el presidente Nayib Bukele con el proyecto de Bitcoin City de El Salvador.
Entre los inversionistas de la ciudadela destacan Peter Thiel y Marc Andreessen, de la empresa Pronomos Capital, un fondo de capital de riesgo que invierte en proyectos de ciudades autónomas.
