Hechos clave:
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Una moneda digital emitida por el banco central es vista como amenaza a la libertad y privacidad.
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La protección de datos privados entra en conflicto con las leyes que están en estudio.
Los ciudadanos de Europa rechazan la idea de que el Banco Central Europeo (BCE) emita un euro digital y así lo han manifestado en los más de 10.000 comentarios públicos que están visibles en el sitio oficial de la Comisión Europea.
La institución encargada de promover leyes a regir en la eurozona abrió una consulta pública con el objetivo de conocer la opinión de los ciudadanos sobre el posible establecimiento y regulación de una moneda digital como nueva forma de dinero del banco central.
Aunque la consulta se mantendrá abierta hasta el próximo 14 de junio, la mayoría de los comentarios expresados se inclinan por descartar al euro digital como nuevo sistema de pago. Esto porque prefieren métodos más privados, como el efectivo.
«Claramente digo no al euro digital. No lo necesitamos, es solo una herramienta para deshacerse del efectivo y otro paso para hacer que las personas dependan del gobierno central y vigilarlas», señala una persona que prefirió no identificarse.
Otros residentes de Europa, como Dieter Schomer de Alemania, creen que el euro digital, emitido y controlado por una institución central, es un riesgo potencial para la libertad porque significa mayor control de los ciudadanos por parte del Estado.
No, el dinero en efectivo no debe ser abolido. Efectivo significa libertad: una moneda digital puede ser conveniente, pero también puede controlarse, y eso no debe suceder. Impensable si esto sucede a través de las personas o los gobiernos equivocados.
Christy Márquez, habitante de Alemania en la consulta pública.
La recepción de comentarios de los europeos quedó abierta dos meses después de que el BCE anunciara el inicio de un proceso de legislación con el objetivo de crear un marco legal regulatorio para la puesta en marcha de un euro digital.
El proyecto está en el proceso de recoger opiniones de los distintos entes reguladores y la comunidad. Esto con la idea de medir los posibles riesgos y beneficios que traería la emisión de una CBDC o moneda digital de banco central. Se cree que el 2023 sería el año en el que se promulgaría la ley para lanzar este activo digital, como lo informó CriptoNoticias.
El BCE ha señalado que entre sus objetivos está la emisión de un euro digital para que los ciudadanos dispongan de él, junto con el dinero en efectivo. Quiere decir que no considera abolir los billetes y monedas que están en uso en la actualidad.
Sin embargo, en la consulta pública se observan muchos comentarios de personas que manifiestan temor de que el lanzamiento de una moneda digital, por parte del Banco Central de Europa, significará el fin del dinero en efectivo.
Un euro digital perjudicaría a la privacidad
Los datos, hasta ahora recabados en la consulta pública revelan que los habitantes de Europa sienten gran apego por el dinero en efectivo. Manifiestan que es un método de pago no rastreable, permite realizar pagos de manera anónima y por ende ofrece mayor protección de los datos privados.
De hecho, la privacidad es algo que los europeos valoran, como ya lo han dejado claro los investigadores del BCE que trabajan para comprender cómo debe ser el diseño de un euro digital para que pueda ganar adopción.
Los ciudadanos europeos valorarían positivamente opciones de pago que les permitan mantener el control de sus datos personales, como lo señaló Fabio Panetta, miembro del comité ejecutivo del BCE y líder del proyecto del euro digital.
Sin embargo, la preocupación por la posible evasión de las normas presenta retos a quienes trabajan en el diseño de un activo digital emitido por el banco central, según lo comentado por Panetta.
Por ello, una de las opciones que se maneja es que el euro digital permita pagos en pequeñas cantidades. Esto debido a que si se trata de pequeñas transacciones estas se podrían hacer de forma anónima.
En todo caso, que la privacidad sea altamente valorada por los usuarios, es algo que entra en conflicto con las leyes que están en estudio en la Unión Europea, ahora cuando los legisladores están por aprobar controles más estrictos.
