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La decisión se basa en la Orden Ejecutiva 14233, que prioriza la retención de Bitcoin como reserva.
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Esta medida alivia preocupaciones sobre posibles ventas que podrían aumentar la volatilidad.
En un contexto donde recientemente circulaban rumores sobre la inminente venta de los bitcoin incautados por el caso Samourai Wallet, el gobierno de Estados Unidos ha aclarado su posición, afirmando la retención de estos activos en lugar de liquidarlos.
Esta decisión representa un cambio significativo respecto a prácticas históricas, donde los activos digitales decomisados solían venderse rápidamente para convertirlos en moneda fiduciaria.
El anuncio proviene del Departamento de Justicia (DOJ), que confirmó que los bitcoin no han sido vendidos y no lo serán, conforme a la Orden Ejecutiva 14233. Esta orden, emitida para guiar el manejo de activos digitales, establece que tales incautaciones deben integrarse al balance del gobierno como parte de la Reserva Estratégica de Bitcoin (SBR), como lo ha reportado CriptoNoticias.
Patrick Witt, director ejecutivo del Consejo de Asesores Presidenciales para Activos Digitales y subdirector de la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Defensa, compartió esta actualización en una publicación en X, citando una confirmación oficial del DOJ. Witt había previamente indicado que su equipo estaba investigando el asunto, respondiendo a especulaciones en la comunidad de criptomonedas.
El emblemático caso de Samourai Wallet y la privacidad
El caso Samourai Wallet involucra a los desarrolladores de este monedero de privacidad para bitcoin, quienes se declararon culpables en una investigación federal.
Los desarrolladores Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill, enfrentan acusaciones del Departamento de Justicia por operar un servicio de transmisión de dinero sin licencia y facilitar el lavado de dinero.
Según la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, la wallet incorporaba herramientas de mezcla como Whirlpool y Ricochet, diseñadas para ocultar el origen de transacciones de bitcoin.
Los bitcoin incautados en el caso, como parte del acuerdo de culpabilidad, ascienden aproximadamente a 57-58 BTC, con un valor estimado en torno a $6.4 millones
Históricamente, incautaciones similares —como en casos de Silk Road— resultaban en subastas públicas o ventas que inyectaban suministro adicional al mercado, potencialmente deprimiendo precios. Sin embargo, la actual administración adopta una visión más estratégica, tratando a Bitcoin como un activo de reserva nacional en lugar de un mero decomiso.
Esta política podría tener implicaciones positivas para el ecosistema de las criptomonedas. Al evitar ventas masivas, se reduce el riesgo de presión vendedora gubernamental, que en el pasado ha contribuido a volatilidad en los precios.
Esta confirmación no solo disipa rumores recientes sobre ventas inminentes, sino que señala una evolución en la regulación de criptomonedas. Mientras el DOJ mantiene su enfoque en combatir actividades ilícitas, la retención de estos bitcoin —valorados en millones— subraya un equilibrio entre aplicación de la ley y adopción estratégica de la tecnología Bitcoin.
Con el mercado en constante evolución, decisiones como esta podrían influir en la confianza de inversores y reguladores a nivel global.



