Hechos clave:
-
Los bancos más grandes del país tienen 97% de probabilidad de ser usados para blanquear capitales.
-
El sector financiero tiene la mayor regulación en el país para protegerlo.
La banca en México tiene puntos rojos de los reguladores con respecto al lavado de dinero, incluso mucho más que el sector de las criptomonedas. Eso es lo que revela lo que se conoce sobre los resultados de la segunda Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Una publicación del diario El Economista de México informa sobre los resultados de la segunda ENR, revelados por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, quien habría señalado que “la banca múltiple conformada por los siete bancos más grandes de México, es el sector con mayor probabilidad de ser utilizado para realizar operaciones de lavado de dinero”.
Los siete bancos más grandes que operan en México (llamados G7) son BBVA, Citibanamex, Banorte, Santander, HSBC, Scotiabank e Inbursa. Juntos representan el 80% de la actividad financiera del país. Irónicamente, es el sector más regulado. También los bancos que realizan cambios de divisas, están entre las entidades más proclives al blanqueo de capitales, tal como reseña el referido medio de comunicación.
En la primera Evaluación Nacional de Riesgos realizada en el año 2016, las entidades más propensas al lavado de dinero en México eran el G7 bancario, las casas de bolsa, las casas de cambio y las instituciones de banca múltiple con operaciones comerciales.
Según el documento preliminar de la segunda ENR, las actividades de empresas fintech, que incluye a las operadoras de criptomonedas, podrían presentar riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Sin embargo, a falta de un documento oficial que informe sobre los resultados, aún no queda claro cuál es el nivel de riesgo que representa este sector que, en la primera evaluación, no se estableció.
“Actualmente se está realizando un análisis de la prevalencia de dichos riesgos a fin de determinar su permanencia, así como la incorporación, en su caso, de aquellos que se detecten y que hasta la fecha tiene que ver con empresas conocidas como fintech”, se puede leer en el documento preliminar de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La Evaluación Nacional de Riesgos
En la publicación preliminar, la unidad reguladora señala que la Evaluación Nacional de Riesgos es un ejercicio interinstitucional que permite a los países identificar, evaluar y entender los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Con el diagnóstico, los entes reguladores establecen la dirección que deben tomar las nuevas medidas para combatir el blanqueo de capitales.
En una conferencia virtual realizada a principios de agosto, Santiago Nieto mencionó el lavado de dinero con criptomonedas, entre los riesgos emergentes. Sobre ello dijo que se han encontrado casos vinculados con el uso de bitcoin.
El titular de la UIF cree que para prevenir el lavado de dinero en México, será necesario que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita cumpla con todas las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. En ese sentido mencionó algunos de los aspectos en los que se enfocarán la legislación con el objetivo de combatir el blanqueo de capitales.
Desde su punto de vista, la regulación se enfocará en el financiamiento al terrorismo; reconocer a la persona políticamente expuesta; dar aviso de operaciones sospechosas en actividades vulnerables; establecer un enfoque basado en riesgo; programas de capacitación y sistemas automatizados, así como auditorías externas e internas.
En febrero pasado, como reportó CriptoNoticias, la UIF habilitó un módulo para que las plataformas de bitcoin y otras criptomonedas, inscriban sus movimientos extraordinarios. Este sistema identifica a los usuarios de criptomonedas que operan en México y emite un aviso de operaciones inusuales que resulten irregulares o sospechosas, tras el cual se activa un procedimiento de rastreo de posibles delitos vinculados con el lavado de dinero.
