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Para el abogado Juan Diana, el nuevo marco normativo podría fomentar el uso de BTC y ETH.
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El empresario Ignacio Varese destacó que bitcoin tenga reconocimiento legal en Uruguay.
El Banco Central de Uruguay (BCU) está trabajando en una reglamentación para las empresas que brindan servicios con activos virtuales, lo cual ha generado opiniones alentadoras en el sector.
Esta nueva normativa se sumaría a la Ley 20.345, aprobada en 2024, para regular el sector. Así lo anunció Patricia Tudisco, Intendente de Regulación Financiera del BCU, durante la séptima edición del Blockchain Summit Global, realizada en Montevideo.
La funcionaria explicó que la nueva reglamentación apunta a diferenciar entre dos tipos de activos virtuales: financieros y no financieros. Esta distinción determinará qué obligaciones deberán cumplir las plataformas que los operen.
Aunque aún el banco central no hizo públicas las definiciones de esta distinción, adelantó Tudisco que las stablecoins entrarían como activos virtuales financieros, mientras que bitcoin (BTC) será clasificado como no financiero.
En diálogo con CriptoNoticias, el abogado uruguayo Juan Diana, especialista en regulación financiera, calificó como acertada la nueva clasificación propuesta por el Banco Central de Uruguay.
«Esta distinción es correcta y cumple con el mandato establecido por la ley de activos virtuales… Es importante entender que la carta orgánica del BCU establece distintos niveles regulatorios según el tipo de institución financiera, los cuales van desde aspectos prudenciales y macro prudenciales del sistema en su conjunto a definiciones más puntuales como la información al consumidor o la prevención del lavado de activos», señaló el abogado.
Asimismo, agregó que, en el caso de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), la ley depositó la máxima carga regulatoria para aquellos que ofrezcan activos virtuales clasificados como ‘financieros’, mientras que, en el caso de quienes operen únicamente con activos virtuales ‘no financieros’, la regulación deberá limitarse exclusivamente a la prevención del lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT), esto último en línea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Por tanto, Diana explicó a este medio que en Uruguay existirán distintos niveles o cargas regulatorias para los PSAV según se involucren o no con activos virtuales financieros.
«Esto podría generar mayores incentivos a la comercialización y uso de bitcoin, ether u otros ‘activos virtuales de intercambio’ como los denomina el ente regulador, puesto que la intermediación profesional en estos activos virtuales deberá cumplir aspectos únicamente en materia de prevención de LA/FT», afirmó.
Sin embargo, también advirtió Diana que «esta diferencia podría generar cierto tipo de arbitrajes regulatorios que eventualmente ameriten una revisión de la ley vigente, con el objetivo de abarcar a todos los PSAV bajo el mismo paraguas y carga regulatoria».
Según el especialista, dentro de los activos virtuales de intercambio están básicamente todas las criptomonedas que no sean stablecoins.
Recordó que, en 2021, el BCU elaboró un informe que incluye una taxonomía que clasifica los activos virtuales en varias categorías. Entre ellas se encuentran los «activos virtuales valores», que otorgan derechos económicos como propiedad o participación en beneficios futuros, y los «activos virtuales de utilidad», que permiten acceder a productos o servicios específicos, como los fan tokens.
También se incluyen los «activos virtuales estables», diseñados para minimizar la volatilidad mediante respaldo de activos o mecanismos algorítmicos que mantienen su precio estable. Por último, están los «activos virtuales de intercambio», que no otorgan derechos específicos ni acceso, pero se usan como medio de intercambio o inversión, incluyendo ejemplos como bitcoin y ether (ETH).
Por su parte, Ignacio Varese, cofundador del Blockchain Summit Global y CEO de Blockbear, aseguró a CriptoNoticias que la reglamentación «representa un avance positivo para la industria». A su juicio, «brindar certeza jurídica es clave para generar confianza en el sector, además de ayudar a fomentar y atraer inversiones».
Varese destacó como un avance significativo el reconocimiento explícito de bitcoin dentro del nuevo marco. «Hasta ahora, no existía un reconocimiento formal de este tipo, por lo que este paso representa un hito importante para su tratamiento regulatorio», afirmó.
Para el empresario, «el enfoque diferenciado entre activos financieros, como las stablecoins, que suelen estar vinculadas al sistema financiero tradicional, y no financieros, como bitcoin, que no tiene una relación directa con activos del sistema financiero tradicional, permite una regulación más proporcional al riesgo, evitando imponer obligaciones innecesarias en actividades de menor exposición».
Además, valoró positivamente la apertura del regulador: «Es muy positivo que desde el propio Banco Central se reconozca que este es solo el comienzo y que el marco es flexible y podrá evolucionar con el tiempo… Considero que este es un primer paso positivo para Uruguay y que sienta las bases para construir de forma gradual una regulación positiva al ecosistema cripto».
