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Muchos centros de datos de IA operan con minería de Bitcoin, lo que aumenta su demanda energética.
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El sector digital genera megavatios de forma privada, un modelo que el gobierno quiere estandarizar.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció en su discurso del Estado de la Unión que las grandes empresas tecnológicas dedicadas a inteligencia artificial deben cubrir sus propias necesidades energéticas mediante la construcción de plantas de generación privada.
El anuncio de este 24 de febrero responde a una preocupación creciente desde que, en enero de 2026, las tarifas eléctricas residenciales en Estados Unidos registraron un aumento interanual del 6,7%. Según la narrativa de la Casa Blanca, la red nacional, descrita por el mandatario como «antigua y sobrecargada», no puede absorber el consumo de la IA sin trasladar los costos de expansión a los ciudadanos.
Les estamos diciendo que tienen la obligación de cubrir sus propias necesidades. Pueden construir sus propias plantas como parte de sus instalaciones para que los precios de nadie suban. Tenemos una red vieja que nunca podría gestionar esa cantidad de electricidad.
Donald Trump en el Congreso de Estados Unidos.
Aunque Trump no mencionó explícitamente la minería de Bitcoin, el Compromiso de Protección al Consumidor (Ratepayer Protection Pledge) afecta de facto a muchas instalaciones que combinan IA y minería digital, ya que comparten la misma infraestructura de alto consumo energético, como lo ha venido informando CriptoNoticias.
Este modelo ya es aplicado por firmas como TeraWulf, que opera una instalación de 200 megavatios (MW) en Pensilvania conectada directamente a una planta nuclear, o Marathon Digital, que gestiona proyectos con energía autogenerada.
La urgencia del pacto se aprecia al examinar las cifras del sector. Estudios registran que un centro de datos de IA de escala media consume entre 50 y 100 MW, lo que equivale aproximadamente al consumo eléctrico de 40.000 a 80.000 hogares estadounidenses promedio (por cada 100 MW, según estimaciones del Congressional Research Service y la IEA).
Bajo el esquema actual, la llegada de una sola instalación tecnológica masiva puede duplicar o triplicar la carga en una subestación local, lo que obliga a realizar actualizaciones de infraestructura que suelen financiarse mediante incrementos en las tarifas eléctricas de toda la comunidad.
Tres barreras críticas identificadas
Sin embargo, la propuesta enfrenta interrogantes que el discurso no detalló. Algunos especialistas del sector energético señalan tres obstáculos críticos que podrían matizar el éxito del anuncio.
En primer lugar están los plazos de ejecución. Esto tomando en cuenta que la construcción de plantas de energía (ya sean nucleares modulares, de gas o renovables) conlleva procesos de permisos y edificación que suelen superar los cinco o diez años. Esto sugiere que el alivio no será inmediato.
En segundo lugar se presenta la «paradoja de la utilidad». Esto tiene en cuenta que si las grandes tecnológicas dejan de comprar energía a las proveedoras locales, estas podrían verse obligadas a subir las tarifas de los hogares para cubrir los costos fijos de mantenimiento de la infraestructura existente, repartidos entre menos clientes.
Mientras que en tercer lugar está el tema de la seguridad de respaldo: No se aclaró si estas empresas tendrán prohibido conectarse a la red pública en casos de emergencia, un punto de fricción habitual en la regulación de la generación privada.
Hasta el momento, empresas como Microsoft y Amazon, que previamente han invertido en energía nuclear y renovable para sus centros de datos, no han emitido comunicados oficiales confirmando los términos del compromiso. Fuentes de la Casa Blanca, citadas por Reuters y Politico, confirmaron que el acuerdo se concertó antes del discurso, aunque se desconoce si incluye mecanismos de sanciones por incumplimiento.
El discurso de Trump, que duró 1 hora y 47 minutos se convirtió en el más extenso entre todos los de Estados de la Unión en la historia del país, se centró en gran parte a la soberanía energética. No obstante, reguladores federales recordaron que este pacto no altera las normativas estatales ni federales de generación, lo que implica que las empresas aún deberán navegar por un complejo entramado de leyes de zonificación y estándares ambientales.
De tal manera que la efectividad del Compromiso de Protección al Consumidor dependerá, por tanto, de si el gobierno logra agilizar permisos para nuevas plantas de energía. De lo contrario, la ambición por liderar en inteligencia artificial podría mantener o incluso incrementar los costos eléctricos para los consumidores residenciales.
