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Especialistas advierten que el vacío técnico podría incentivar el uso de custodios regulados.
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El reconocimiento de fondos obliga a exponer el historial financiero ante el regulador.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina formalizó este 7 de abril de 2026 la Resolución 1125/2026, un paso que integra a bitcoin (BTC) y otros activos digitales en el cálculo del patrimonio necesario para ser considerado inversor calificado.
Esta categoría permite a los ciudadanos acceder a instrumentos de inversión más sofisticados y mercados restringidos al público general. Sin embargo, la medida genera interrogantes técnicos sobre cómo se acreditarán estos fondos, especialmente para quienes optan por la autocustodia.
Para Ricardo Mihura Estrada, socio de Leverone & Mihura Estrada y miembro de la Comisión Directiva de la ONG Bitcoin Argentina, la medida es una respuesta lógica a la realidad del mercado actual. Según explicó a CriptoNoticias:
La novedad que nos trae la CNV respecto de reconocer como inversor calificado a quien tenga activos virtuales en su patrimonio es muy razonable. Hoy nadie puede dudar de bitcoin como reserva de valor. También otros criptoactivos han demostrado tener valor sustentable. El carácter de inversor calificado definido por la CNV es algo que debe ser constatado en cada caso por los agentes colocadores de fondos, según sus criterios.
Ricardo Mihura.
El costo de la visibilidad financiera
Como se informó ayer, la resolución establece una obligación clara para los agentes de mercado, quienes deben verificar caso por caso que el patrimonio declarado sea real. No obstante, la norma se detiene justo antes de la ejecución técnica y no detalla cómo validar la propiedad de activos no custodiados en plataformas centralizadas.
Precisamente en esta omisión radica el conflicto principal. Matías Mathey, responsable del Departamento de Autocustodia y Auditoría de la ONG Bitcoin Argentina, advierte que este vacío legal podría comprometer la soberanía financiera inherente a bitcoin. En su análisis para CriptoNoticias, Mathey destaca riesgos para usuarios de llaves privadas:
La normativa no especifica qué tipo de custodios o wallets serán válidos para certificar la propiedad de fondos ante la CNV, ni los criterios técnicos de auditoría y evaluación. La trampa es sutil porque la norma incentiva indirectamente a sacar los sats de la autocustodia y depositarlos en custodios regulados que puedan emitir un certificado reconocido por la CNV. Eso es exactamente lo opuesto a la soberanía.
Matías Mathey.
Esta ambigüedad operativa añade preocupaciones sobre privacidad, ya que acreditar activos podría requerir exponer historiales financieros. Mathey lo enfatiza:
Para que tus bitcoin cuenten como patrimonio ante un regulador, vas a tener que revelar tus UTXOs, tus montos, posiblemente las direcciones de bitcoin. Eso crea un vector de exposición de información financiera que hasta hoy no existía para el hodler en autocustodia. En un país con historial de corralito, cepo, y confiscaciones, eso no es un detalle menor.
Matías Mathey.
A pesar de la controversia, la resolución encaja en la agenda de desregulación del Ministerio de Economía. Mihura Estrada propone como siguiente paso habilitar fondos comunes locales con bitcoin y criptomonedas, independientes de ETF estadounidenses. Esto generaría instrumentos domésticos, con comisiones liquidadas localmente.
Sin embargo, la comunidad bitcoiner argentina está alerta. Creen que sin protocolos claros de verificación, los inversores deben elegir entre legitimación institucional (con pérdida de privacidad) o marginalidad financiera.
