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La propuesta busca la modificación del artículo 173 del Código Penal de Paraguay.
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Solo falta la aprobación de la Cámara Baja y la promulgación del Ejecutivo paraguayo.
En medio de la incertidumbre por los miles de mineros de Bitcoin incautados en Paraguay, el Senado de ese país aprobó que los operadores ilegales que roben electricidad sean castigados con hasta 10 años de cárcel. También, autoriza la incautación y confiscación de equipos ASIC.
En la sesión plenaria del pasado 12 de junio, la Cámara Alta del Congreso de Paraguay aprobó un proyecto para realizar modificaciones al artículo 173 del Código Penal Paraguayo. La iniciativa fue presentada por el gobierno del país y por el senador Ever VIllalba el mes pasado.
De acuerdo con lo informado por el Senado, la propuesta se aprobó con 29 votos a favor y 7 abstenciones. Ninguno de los senadores votó en contra.
Según lo establecido en el proyecto, la modificación del artículo 173 del Código Penal es para elevar la pena de cárcel por el delito de robo de energía eléctrica con fines comerciales o industriales, así como establecer el comiso de los equipos utilizados y su posterior entrega a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
Ahora que el proyecto obtuvo media sanción en la Cámara Alta de Paraguay, será remitido a la Cámara de Diputados de la nación guaraní. Si allí también recibe aprobación, será transmitido a la oficina del presidente Santiago Peña, quien podrá promulgar o vetar el proyecto de ley.
Hay que señalar que el proyecto de ley, aunque busca castigar severamente a los mineros ilegales de Bitcoin, de ninguna manera busca atentar contra la industria legítima de la minería digital, o al menos así lo argumenta el senador Ever Villalba, propulsor de la propuesta.
Durante el debate, VIllalba indicó que no se debe “criminalizar la actividad de la criptominería”. Por el contrario lo que se quiere es controlar “el uso irregular de la energía”.
“Esa gente que se engancha a la red de la ANDE y con esa conexión irregular ganan millones de dólares”, aseveró el senador, quien insistió que la modificación al Código Penal Paraguayo busca que los ladrones de energía paguen una pena carcelaria de hasta diez años.
Varios proyectos para la minería de Bitcoin
Como informó CriptoNoticias, el proyecto para castigar el robo de energía y autorizar la incautación de mineros, fue presentado el 13 de mayo ante el Congreso de Paraguay por parte del Ejecutivo nacional. En ese momento, la vocera presidencial Paula Carro dijo que la intención es “proteger a la ANDE de una verdadera amenaza”, que es el robo de energía.
El proyecto presentado por Villalba no es el único relacionado con la minería de Bitcoin que se encuentra actualmente en el Vongreso. Hasta ahora, hay cuatro propuestas legislativas, entre ellas, una que plantea la prohibición de esa actividad en suelo paraguayo.
Eso sí, el de Villalba, es el proyecto que más ha avanzado en su trámite parlamentario, recordando que solo espera por la –plausible– aprobación en Cámara Baja para su posterior promulgación como ley de ese país.
El avance de la propuesta para castigar con 10 años de cárcel a los mineros ilegales de Bitcoin en Paraguay, se da en medio de la cruzada del gobierno en contra de este flagelo. Como parte de esa movida, se han incautado más de 9.300 mineros de Bitcoin en lo que va de año. También se han ejecutado más de 70 allanamientos a granjas de minería ilegales desde el año 2019.
A pesar que de los mineros incautados son suficientes para instalar una granja minera de importantes proporciones, no está claro cuál es el paradero de los ASIC que operaban de manera clandestina.
Ni la ANDE, ni el Ministerio Público, ni la Corte Suprema de Justicia, y ni siquiera el Servicio de Bienes Incautados de Paraguay; notifican cuál es el destino los ASIC confiscados. Existe la presunción entre los reporteros locales de que hay indicios de corrupción y que estos equipos son revendidos y reubicados.
