Hechos clave:
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De los 2.400 casos reportados, solo dos sirvieron para detectar actividades ilícitas.
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Los exchanges deben reportar cualquier transacción que supere los USD 2.500.
Los exchanges de Bitcoin llevan reportados alrededor de 2.400 casos de actividades sospechosas ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México. Lo hicieron en cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la legislación vigente en ese país.
De esos 2.400 casos reportados, solo dos correspondían a actividades ilícitas que la UIF pudo detectar. El director de esta entidad, Santiago Nieto Castillo indicó en declaraciones a la prensa que uno de ellos estaba relacionado con trata de personas y otro un grupo de hackers que pretendían dar un golpe al sistema financiero. En ambos casos los delincuentes utilizaban criptomonedas como herramienta para la realización de sus actividades ilícitas.
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La ley Fintech regula a los exchanges de Bitcoin en México
El reporte a las autoridades por parte de los exchanges ante determinados movimientos en sus plataformas es algo requerido para todos aquellos que funcionan de manera regulada en el territorio de México. Así lo establece la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, más conocida como Ley Fintech.
Debido a esta normativa, desde septiembre del año pasado, los exchanges tuvieron que implementar nuevas medidas para la identificación de sus clientes. Desde abril de 2020, comenzaron con los reportes a la UIF.
Entre otras señales de alerta, levanta sospechas y debe ser reportada toda operación que sea igual o superior a las 645 UMA, lo que equivale a alrededor de MXN 56.000 (USD 2.500).
Los exchanges deben reportar a las autoridades cualquier transacción que supere los MXN 56.000 (USD 2.500). Fuente: juliangvm/pixabay.com
Esto es porque las operaciones con Bitcoin y otras criptomonedas son consideradas como “riesgo emergente”. Eso significa que, para la UIF, cumplen con las condiciones para ser consideradas sospechosas de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
Como consecuencia, los exchanges mexicanos tienen la obligación de darse de alta como actividad vulnerable, integrar los expedientes de sus clientes, presentar avisos de sus operaciones, resguardar y proteger su información (lo que significa que solo pueden compartirla con los organismos del Estado que la soliciten), recibir visitas de verificación y contar con un manual de políticas internas.
La ley Fintech fue criticada por reconocidos miembros de la comunidad bitcoiner mexicana, entre ellos Manuel Flores, quien organiza el encuentro Bitcoin Day. En julio de este año mantuvo un diálogo con CriptoNoticias en el que aseguró que esta ley es un obstáculo para el desarrollo de nuevos proyectos con criptomonedas.
De todas maneras, Flores también consideró que ayuda a frenar posibles estafas y “da un poco más de seguridad a los usuarios finales que quieren invertir en esta cosa llamada ‘criptomonedas’”.
¿Se endurecerán las regulaciones sobre Bitcoin en México?
Las regulaciones mexicanas podrían endurecerse aún más si se adoptaran las más recientes recomendaciones del GAFI. Estas establecen, entre otras cosas, que serán considerados “indicadores de bandera roja”, entre otras actividades:
- Transferir de inmediato fondos a múltiples exchanges.
- Hacer varias transacciones de alto valor en menos de 24 horas.
- Estructurar transacciones en pequeñas cantidades y por debajo de los umbrales de mantenimiento de registros o informes.
- Realizar un intercambio de criptomoneda a fíat, o viceversa, con una pérdida potencial.
- Recibir transacciones de muchos monederos no relacionados, con transferencia posterior a otro monedero, o cambio por moneda fiduciaria.
- Poseer la mayor parte de la riqueza como producto de inversiones en criptoactivos.
Es importante aclarar que los países miembros del GAFI (entre los que se encuentra México) no tienen la obligación de cumplir al pie de la letra sus recomendaciones. Los entes reguladores de cada jurisdicción pueden adaptarlas para que sean aplicables a sus respectivos esquemas legales y constitucionales.
