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En un primer borrador, la Ley MiCA buscaba prohibir las criptomonedas con PoW.
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Según un economista, las stablecoins amenazan la soberanía monetaria de los Estados; bitcoin no.
La ley sobre Mercados de Criptoactivos, conocida como MiCA, tiene como objetivo la regulación de los mercados de bitcoin (BTC) y criptomonedas en Europa. Entrará en vigor a finales de 2024.
Esta ley ha sido objeto de diversos debates, ya que fija un rastreo de transacciones por parte de los gobiernos y entes reguladores a todos los usuarios que hagan uso de exchanges o plataformas de compraventa. Esto fue objeto de debate en el primer día de conferencias de la ‘Watch Out, Bitcoin! ’23’, celebrada en Madrid, España.
Los abogados Alfredo Muñoz, Cristina Carrascosa, Juan Ignacio Ibañez, Javier Maestre y el economista José Antonio Bravo, dirigidos por Alberto Mera, debatieron acerca de qué tan necesaria es la Ley MiCA y sobre el control del Estado que esto supondría.
Para Muñoz, el Estado como legislador siempre debe actuar donde se le necesite; incluso mencionó que el objetivo de MiCA es «proteger a los titulares de los activos», citando el ejemplo de que «si Binance quebrase, los titulares de cuentas podrían ir y reclamar sus criptomonedas«. Muñoz también mencionó que MiCA no es del todo una legislación de control, ya que la misma ley no regula la tenencia de wallets de autocustodia.
Sobre estas opiniones, Cristina Carrascosa expresó que no entiende por qué el Estado necesita cierta información personal de los ciudadanos. Explicó que los gobiernos, a través de la Ley MiCA rastrearán e identificará qué dirección de criptomonedas pertenece a cada ciudadano cuando usen exchanges. De acuerdo con Carrascosa, el Estado solo debería definir una política tributaria junto a un marco legal, buscar que se cumpla y fijar las sanciones necesarias, pero no establecer una persecución y vigilancia constante para su cumplimiento. Según Carrascosa, aceptar que se vigilen las transacciones de bitcoin «es aceptar la vigilancia total del Estado».
La Ley MiCA y la soberanía monetaria
Si bien Muñoz explicaba que el objetivo de la Ley MiCA era la protección al consumidor, varios de los ponentes coincidieron en que también se trata de la protección a la soberanía monetaria dentro de la eurozona y el «peligro» que bitcoin podría significar para los reguladores.
Muñoz comentó que la regulación no hace que las personas dejen de usar bitcoin; incluso, el uso de bitcoin «puede arrinconar a los legisladores», ya que las personas pueden vivir en economías circulares y no usar las monedas emitidas por el Estado.
En relación a esto último, Javier Maestre Rodríguez dijo que, en su opinión, la regulación MiCA y la protección de la soberanía monetaria se creó contra bitcoin porque «bitcoin es el único que puede amenazar la soberanía monetaria». Sin embargo, el economista José Antonio Bravo discrepó de ello y comentó: «Las stablecoins son quienes amenazan la soberanía monetaria; bitcoin no«.
EJuan Ignacio Ibañez aseguró que en algunos países, Tether (USDT) ha tenido mucha libertad de operación, convirtiéndose en un problema para los Estados ya que, según dice, este tipo de stablecoins tan grandes necesitan una vigilancia mucho más constante que cualquier otro tipo de criptomoneda.
Carrascosa también dio su opinión al respecto. Para ella, si bitcoin llegara a convertirse en una amenaza a la soberanía monetaria, los reguladores actuarían inmediatamente buscando evitarlo. Esto se debe a que, en palabras de la abogada, «el dinero de los impuestos es el instrumento de control más poderoso que tienen los gobiernos sobre los ciudadanos».
PoW casi lleva a la prohibición de Bitcoin en Europa
La prueba de trabajo o proof of work (PoW) es el algoritmo de consenso que permite la confirmación de transacciones dentro de una red de criptomonedas como Bitcoin, según lo define la Criptopedia de CriptoNoticias. Su utilización requiere un gran uso de poder de cómputo, a través de los mineros, los cuales emplean un alto consumo energético.
La abogada Carrascosa, quien participó en los debates oficiales sobre la Ley MiCA, explica que, en un primer borrador de la ley, se había establecido que, en la búsqueda de una sostenibilidad medioambiental, ninguna criptomoneda que funcionase bajo PoW podía ser utilizada dentro de la eurozona. Ese borrador fue corregido en versiones posteriores y finalmente eliminado.
Muñoz explicaba que, referente a ello, en ese primer borrador no se prohibía solamente la minería de bitcoin, que es finalmente quien tiene el alto consumo energético, sino el uso general de Bitcoin. El economista Jose Antonio Bravo dijo que el estudio que llevó a esta conclusión era totalmente errado y basado en muchas mentiras.
Vale acotar que, desde CriptoNoticias, hemos reportado como la minería de Bitcoin se ha vuelto cada vez más ecológica y sustentable, manteniendo la rentabilidad. Un estudio publicado por la universidad de Cambridge demostró que, la minería de bitcoin es, al día de hoy, 8 veces más ecológica que lo era hace 8 años.
Por consiguiente, es importante destacar que, como incluso comentaba Muñoz, muchos de los alegatos que se usaron para la creación de la Ley MiCA se realizaban desde el desconocimiento sobre Bitcoin o incluso desde intereses personales, que no iban en pro del beneficio del ciudadano común.
