Hechos clave:
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El proyecto de ley requiere la aprobación de la mayoría de los 513 parlamentarios.
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El texto está alineado con las recomendaciones regulatorias del GAFI.
Brasil está a un paso de tener su propia legislación para regular a bitcoin (BTC) y otras criptomonedas, toda vez que el pleno del Senado aprobó ayer el proyecto de ley que regula al sector de las criptomonedas. Tras cumplirse este paso, la normativa tendrá que ser aprobada por la mayoría de los 513 parlamentarios que conforman la Cámara de Diputados, donde se someterá a una nueva votación antes de pasar a sanción del presidente de la República.
Si no hay veto presidencial, ni se plantean nuevas enmiendas, la propuesta de ley podría entrar en vigencia 180 días después de su publicación.
El texto presentado en el Senado por el diputado Irajá Abreu, es de la autoría del también diputado Aureo Ribeiro y condensa ideas de otras propuestas, entre ellas la de Flávio Arns, señala un comunicado publicado en el sitio web oficial del Senado.
En su planteamiento inicial, Arns preveía al Banco Central de Brasil como el organismo regulador de los exchanges de criptomonedas y demás proveedores de servicios de la industria. Sin embargo, el proyecto de ley fue enmendado en la Comisión de Asuntos Económicos del Senado (CAE) por lo que ahora establece que será el Poder Ejecutivo el que elegirá al órgano regulador del sector.
La propuesta de ley además determina que, para operar en territorio brasileño, los exchanges de criptomonedas deben estar inscritos en el Sistema de Control de Actividades Financieras, así como en el Registro Nacional de Personas Jurídicas (CNPJ), de la Secretaría Especial de ingresos federales del país.
Este requisito introducido por la senadora Soraya Thronicke fue justificado al señalar que el registro era necesario o de lo contrario «las autoridades brasileñas enfrentarían dificultades para inspeccionar a los proveedores de servicios con criptomonedas».
Thronicke agregó que su enmienda fue introducida con la idea de evitar la ilegalidad de los exchanges de criptomonedas, evitando que no proporcionen información a los Ingresos Federales «e ignorando el deber de informar las operaciones sospechosas a nuestra Unidad de Inteligencia Financiera, exponiendo a Brasil al riesgo de lavado de dinero».
Por ello queda claro que el texto está alineado con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental que combate el lavado de dinero en el ecosistema de las criptomonedas exigiendo la implementación de la llamada «regla de viaje».
Como lo ha informado CriptoNoticias, la Regla de viaje del GAFI ha sido cuestionada por actores del ecosistema de Bitcoin desde que fue anunciada en 2019, al considerar que la norma tiene un efecto perjudicial para la privacidad de los usuarios. Esto porque establece que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), como los exchanges de criptomonedas, deben recopilar y compartir los datos personales de sus clientes si realizan transacciones que superen los USD 1.000.
El fraude con bitcoin estaría ahora en el Código penal de Brasil
El documento aprobado por el Senado incluye el fraude con criptomonedas en el Código Penal e impone pena de 2 a 6 años de prisión para quien incurra en delitos con criptomonedas.
Durante la discusión Flávio Arns, solicitó al relator Irajá Abreu que se considere la posibilidad de insertar penas más severas para los delitos de pirámides financiera y «delitos de cuello blanco» que sean cometidos con criptomonedas. Con ello se refirió al fraude realizado por personas con un estatus socioeconómico alto o por funcionarios de gobierno.
«La sentencia de cuatro a ocho años es muy baja. La escalada de la pena debe calcularse en función del daño causado. La pena debe ser de seis a doce años. Esto daría una mayor flexibilidad para los jueces que deberían dar la pena de aquellos que dañen a la sociedad por millones y que causen un gran daño»
Flávio Arns, senador de Brasil durante la discusión de la Ley Bitcoin en el Senado.
En todo caso, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, catalogó como «muy grave» crear una sentencia de 4 a 8 años porque se aleja de lo establecido por el artículo 171 del Código Penal, como es la pena de 2 a 6 años.
Por otro lado, el texto aprobado otorga beneficio fiscal hasta el 31 de diciembre de 2029, a los mineros de Bitcoin que utilicen electricidad procedente de fuentes renovables y que neutralicen las emisiones de gases de efecto invernadero.
