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Unos 6,3 millones de dólares en BTC ser habrían liquidado en lugar de guardarse como ahorro estatal.
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La liquidación ignora un memorando previo que pedía no perseguir servicios de mezcla criptomonedas.
El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos habría liquidado millones de dólares en bitcoin (BTC), a pesar de una orden presidencial que prohíbe expresamente tales ventas. Esto podría interpretarse como un desafío directo a la política de la Casa Blanca, como lo refleja un reporte publicado este 5 de enero de 2026.
El gobierno estadounidense habría vendido activos valorados en 6,3 millones de dólares, en lugar de incluir estos fondos como parte de la recién creada Reserva Estratégica de bitcoin con activos digitales confiscados.
Los fondos en cuestión provienen de Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill, cofundadores del servicio de mezcla de criptomonedas Samourai Wallet. En agosto de 2025, ambos se declararon culpables de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Como parte de su acuerdo con la justicia, la pareja de desarrolladores transfirió aproximadamente 57,5 BTC al Servicio de Alguaciles de EE. UU. (USMS) en noviembre pasado, tal como lo revela un reporte de Bitcoin Magazine.
Sin embargo, el rastro digital sugiere que estas monedas nunca llegaron a ser almacenadas. Documentos incluidos en el reporte bajo el título de «Acuerdo de Liquidación de Activos» indican que los fondos fueron destinados a la venta.
Los datos on chain confirman que los fondos fueron enviados a una wallet vinculada a Coinbase Prime, que actualmente muestra un saldo de cero, lo que apunta a que la liquidación ya se habría ejecutado.
De haberse concretado la venta, este movimiento sitúa al Departamento de Justicia en una posición incómoda frente al poder ejecutivo. Esto debido a que el 6 de marzo de 2025, el presidente Trump firmó la Orden Ejecutiva 14233. Como lo informó CriptoNoticias, esta medida es parte de un pilar de su política económica que establece que cualquier BTC adquirido mediante decomiso criminal «no será vendido» y debe integrarse a la Reserva Estratégica nacional como un activo de valor a largo plazo.
Como se señala en el informe de Bitcoin Magazine, no existía una obligación legal para vender estos activos. Según los estatutos de decomiso vigentes, el gobierno tiene la potestad de conservar los bienes en su forma original. La decisión de convertirlos a efectivo parece haber sido una elección administrativa, no un mandato judicial.
Hasta el momento, ni el Departamento de Justicia ni el Servicio de Alguaciles han emitido declaraciones oficiales para aclarar si este movimiento fue un error administrativo o una señal de resistencia interna contra la nueva política sobre activos digitales de los Estados Unidos.
Sin embargo, el movimiento de fondos admite otra lectura. Podría tratarse de un simple trámite administrativo entre oficinas y no de una venta final en el mercado. Otro punto ciego es la naturaleza del decomiso, ya que el documento del caso sugiere que los fiscales podrían haber tratado estos fondos como una multa derivada de la confesión de los acusados, y no como una confiscación tradicional. Los detalles de esta ambigüedad legal pueden consultarse en el documento de acusación, que arroja luz sobre el destino de los activos.
El caso cobra una relevancia especial debido al historial de independencia del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), la fiscalía que lideró el caso contra Samourai. El SDNY ha mostrado anteriormente una notable autonomía, siguiendo adelante con este proceso a pesar de un memorando del Departamento de Justicia emitido en abril de 2025, el cual sugería dejar de perseguir a los servicios de wallets y mezclas de criptomonedas por las acciones de sus usuarios finales.
