Hechos clave:
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Se obligará a los bancos a justificar sus decisiones en base a evaluaciones cuantitativas.
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Las empresas de bitcoin han sido parte del grupo excluido a través de la Operación Chokepoint.
La Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC) prohibirá a los bancos denegar la prestación de servicios a ciertas categorías de empresas, entre las cuales se incluyen las relacionadas con bitcoin y otras criptomonedas, sin antes realizar una evaluación individual y cuantitativa de sus riesgos.
Mediante un comunicado de prensa, publicado el 20 de noviembre, el contralor Brian Brooks (quien fuera ejecutivo del exchange Coinbase) anuncia la decisión de prohibir la discriminación de los bancos contra ciertos individuos y empresas, a través de una propuesta de reglamentación que está siendo sometida a consideración pública.
El objetivo es, según indica el escrito de la OCC, «asegurar un acceso justo a los servicios bancarios proporcionados por los bancos nacionales, las asociaciones federales de ahorro y las sucursales y agencias federales de organizaciones bancarias extranjeras».
Tal como se explica en el comunicado, la propuesta de la OCC se enmarca dentro de la Ley Dodd-Frank (Ley de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor Dodd-Frank), firmada por el ex presidente Barack Obama en 2010.
La propuesta implementa el lenguaje incluido en el Título III de la Ley Dodd-Frank, que encarga a la OCC garantizar la seguridad y solidez y el cumplimiento de las leyes y regulaciones, el acceso justo a los servicios financieros y trato justo a los clientes por parte de las instituciones y otras personas sujetas a su jurisdicción.
Oficina del Tesoro EE. UU.
La nueva normativa busca que se concrete la orientación planteada hace una década en la citada ley. Se establece así que los bancos deben proporcionar acceso a servicios, capital y crédito en función de la evaluación de riesgos de clientes individuales, en vez de tomar decisiones de base amplia que afecten a categorías o clases completas de clientes.
La idea es cumplir el principio de no discriminación, evitando que los bancos, solos o en coordinación con otros, limiten el acceso equitativo a los servicios bancarios a individuos o grupos.
La norma se aplicaría a los bancos más grandes del país debido a su capacidad de ejercer mayor poder de fijación de precios, y su gran influencia sobre sectores de la economía nacional.
La decisión de un banco cubierto de denegar los servicios en función de una evaluación objetiva de la solvencia crediticia de la persona, su capacidad de pago u otras razones cuantitativas, imparciales y basadas en el riesgo, no violaría la obligación del banco de brindar acceso justo. Sin embargo, el banco no puede negar un servicio al cliente para poner en desventaja, limitar o evitar que el cliente ingrese o compita en un mercado o segmento comercial.
Oficina del Tesoro EE. UU.
La propuesta del organismo estadounidense está siendo evaluada por el público. La OCC ya publicó el documento en su página oficial e invita a las personas a enviar sus comentarios hasta el próximo 4 de enero. Los interesados pueden emitir sus opiniones a través del portal eRulemaking, utilizando el título «Acceso justo a los servicios financieros».
Empresas de criptomonedas: víctimas de la discriminación
En la justificación de su propuesta, la OCC expone cómo, en la práctica, se viene incumpliendo el principio de no discriminación de la Ley Dodd-Frank. «Algunos bancos continúan empleando evaluaciones de riesgo basadas en categorías para negar a grupos de clientes el acceso a los servicios financieros», señala el documento.
Uno de los grupos afectados por esta discriminación han sido las empresas relacionadas con bitcoin y otras criptomonedas, que han sido víctimas de lo que se conoce como «Operación Chokepoint».
Mediante esta operación, iniciada en 2013 por el Departamento de Justicia, muchos sectores fueron añadidos a una especie de «lista negra«, perdiendo la posibilidad de acceder a cobertura de seguros, servicios bancarios, facilidades de préstamo y otras necesidades financieras básicas. Aunque la presión del gobierno para aplicar esta política cesó en 2017, la OCC afirma que la práctica aún continúa.
Uno de los casos más emblemáticos que evidenció la discriminación contra el sector de las criptomonedas ocurrió en 2019, cuando el banco JP Morgan Chase cerró la cuenta bancaria de la startup de criptomonedas Cryptoraves alegando que se trataba de un «negocio ilegal».
«La OCC está tomando medidas para asegurarse de que esto no vuelva a suceder», declaró Brooks a los medios. Agregó que la industria bancaria ha sido especialmente sesgada contra bitcoin.
«No hay ningún lugar dentro de los Estados Unidos donde las criptomonedas sean ilegales (…) Hay una creciente politización de la industria bancaria que tiene el potencial de ser muy peligrosa. Esto a pesar de que algunos, como JP Morgan, están involucrados en un proyecto de criptomoneda, la JPM Coin. El banco también ha estado desarrollando su blockchain Quorum durante años», acotó Brooks.
Sobre este tema Marco Santori, director legal del exchange Kraken, publicó un tuit celebrando la propuesta de la OCC.
«Sabemos que el mayor impedimento para la adopción generalizada ha sido y sigue siendo la falta de acceso a los servicios bancarios. En sus primeros días, bitcoin estuvo atrapado en la Operación Chokepoint, y las criptomonedas en general todavía lo están al día hoy», concluye Santori en un largo hilo en Twitter.
