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El estado podrá destinar no más del 5 % de sus fondos públicos a inversiones en bitcoin.
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A diferencia de Arizona, la gobernadora Kelly Ayotte apoyó los términos del proyecto.
Para muchos bitcoiners, New Hampshire ha hecho historia. Tras varios meses de trabajo legislativo, se ha convertido en la primera jurisdicción de EE. UU. en aprobar una tesorería de BTC. El proyecto de ley HB 302 obtuvo respaldo en el Senado estatal y finalmente fue firmado por la gobernadora Kelly Ayotte, convirtiéndose así en ley.
Lo que ha logrado New Hampshire no es menor. Arizona y Florida son prueba de lo difícil que es avanzar en esta dirección. En el caso de Arizona, aunque el proyecto SB 1025 parecía tener buenas posibilidades —había superado todas las instancias legislativas—, fue finalmente vetado por la gobernadora. En Florida, las propuestas HB 487 y SB 550, que buscaban integrar BTC en las finanzas estatales, acabaron pospuestas de forma indefinida.
Así, lo que buscan las autoridades de la localidad es establecer una reserva estratégica que permita al tesoro estatal diversificar no más del 5% de los fondos públicos en activos como metales preciosos (oro, plata y platino) y criptomonedas con una capitalización de mercado superior a los USD 500 mil millones, que es donde entra bitcoin. Estos activos podrán mantenerse directamente por el estado mediante soluciones de custodia seguras.
Ahora que la gobernadora Kelly Ayotte ha firmado el proyecto de ley HB 302, el siguiente paso será la creación formal de la reserva estratégica. No obstante, hay que tener en cuenta que la iniciativa entrará en vigor 60 días después de su firma; es decir, alrededor del 5 de julio de 2025. Este plazo es habitual en el proceso legislativo de New Hampshire, donde las leyes suelen aplicarse dos meses después de ser promulgadas, salvo que se indique una fecha específica. Ejemplos recientes, como SB 255, siguen este mismo patrón.
Tan pronto como se cumpla ese plazo, el Departamento del Tesoro de New Hampshire tendrá que diseñar un marco operativo con políticas claras de inversión que definan cuánto del 5% de los fondos públicos se destinará a bitcoin. Es probable que estas compras se realicen de forma gradual para mitigar los efectos de la volatilidad, asegurando una gestión prudente de los recursos estatales.
Una vez definido el marco operativo, el tesorero seleccionará a los proveedores encargados de gestionar los activos de la reserva estratégica. La ley HB 302 establece que los bitcoin deben resguardarse mediante soluciones de custodia que mantengan las claves privadas en centros de datos seguros, o a través de custodios regulados, como bancos o firmas especializadas. Estos proveedores deberán cumplir con auditorías periódicas y contar con protocolos de recuperación ante desastres para minimizar los riesgos cibernéticos. Además, el tesorero implementará informes periódicos sobre el desempeño de las inversiones.
Con los proveedores seleccionados y las medidas de seguridad implementadas, lo establecido en la ley HB 302 indica que finalmente se dará inicio a las inversiones en BTC. Para proteger frente a los movimientos bruscos del mercado, es probable que se apliquen estrategias como límites de exposición y ajustes en las asignaciones según las condiciones económicas. Además, el tesorero deberá estar preparado para adaptarse a posibles cambios en la regulación federal que puedan impactar la tenencia de criptoactivos.
Dentro de Estados Unidos, esta iniciativa posiciona a New Hampshire como un pionero en la incorporación de BTC en las finanzas públicas, con un potencial impacto que podría trascender sus fronteras. Si el proyecto resulta exitoso, podría motivar a funcionarios de otras jurisdicciones a replantear sus objeciones de manera más constructiva, y a reconocer la evidencia de que bitcoin ya no es una tecnología de nicho, sino una herramienta integrada en la vida cotidiana de cientos de miles de personas. Esto daría impulso a proyectos de ley estancados, ayudándolos a sumar apoyos y a conseguir victorias legislativas.
