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La abogada Cristina Carrascosa dice que ahora Hacienda va por todos los ejercicios no prescritos.
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El gobierno español conoce todos los movimientos de criptomonedas que han hecho los inversores.
La Agencia Tributaria Española inició una serie de inspecciones dirigidas a usuarios de bitcoin (BTC) y otras criptomonedas, marcando un nuevo capítulo en su lucha contra la evasión fiscal. Este movimiento, que ya está generando revuelo entre los inversionistas, se basa en el cruce de datos obtenidos de terceros, como exchanges de criptoactivos, que ahora deben reportar las operaciones de sus usuarios bajo estrictas normativas europeas.
La abogada especializada en criptomonedas Cristina Carrascosa, una voz destacada en el sector, alertó a través de su cuenta en X sobre la ofensiva fiscal: “Hacienda va por todos los ejercicios no prescritos, desde 2020 hasta 2023, y no solo por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), sino también por el Impuesto sobre el Patrimonio”.
Carrascosa, quien lleva más de una década asesorando en este ámbito tras descubrir Bitcoin en 2012, subrayó que los contribuyentes deben regularizar su situación para evitar sanciones severas.
El gobierno español, gracias a herramientas como los Modelos 172 y 173 implementados desde 2024, ahora tiene un conocimiento detallado de los saldos y valor de cada moneda, además de los movimientos de criptomonedas realizados por los inversores, tal como lo ha reportado CriptoNoticias.
Estas normativas obligan a los exchanges centralizados a reportar transacciones, lo que permite a Hacienda cruzar datos con las declaraciones fiscales de los contribuyentes. Además, la reciente implementación total del Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea en 2025 ha estandarizado la supervisión y tributación de criptomonedas, facilitando este tipo de inspecciones.
Las inspecciones se centran en dos frentes principales. Por un lado, Hacienda busca asegurarse de que las ganancias patrimoniales derivadas de operaciones con criptomonedas –como compras, ventas, intercambios en exchanges o transferencias a wallets– hayan sido declaradas en el IRPF. En España, estas ganancias se gravan a tipos que oscilan entre el 19% y el 26%, dependiendo del monto.
Por otro lado, también se revisa el Impuesto sobre el Patrimonio, que aplica a quienes posean criptoactivos que, junto con otros bienes, superen el umbral exento de 700.000 euros (aunque este límite puede variar según la comunidad autónoma).
El alcance temporal de las inspecciones abarca los años 2020 a 2023, ya que, según la legislación española, el plazo de prescripción fiscal es de cuatro años. Esto significa que, a mayo de 2025, las declaraciones de 2020 aún pueden ser auditadas, dependiendo de la fecha de presentación de cada contribuyente.
Además, los inversionistas que posean más de 50.000 euros en criptomonedas en el extranjero deben reportarlo a través del Modelo 721, una obligación vigente desde 2023 que, de no cumplirse, también puede desencadenar multas.
Consecuencias graves
El incumplimiento de estas obligaciones puede tener consecuencias graves. Según expertos, las sanciones por no declarar ganancias pueden ir desde el 50% hasta el 150% de la cantidad no declarada, además de intereses de demora y el pago del impuesto adeudado.
Para quienes utilizan carteras descentralizadas o plataformas desaparecidas, justificar las operaciones puede ser un desafío adicional, aumentando el riesgo de penalizaciones.
Este operativo no es un hecho aislado. Desde 2018, Hacienda ha intensificado su vigilancia sobre las criptomonedas, un sector que ha crecido exponencialmente en España, donde más del 9% de la población del país posee activos digitales en 2025, según el Banco Central Europeo.
Con estas inspecciones, Hacienda reafirma su compromiso con la transparencia fiscal en un momento en que las criptomonedas se han convertido en un activo principal. Para los usuarios de bitcoin en España, el mensaje es claro: el tiempo de operar sin declarar ha terminado.
