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La OCDE propone que los exchanges de criptomonedas reporten información de sus clientes.
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Para Chainalysis la naturaleza descentralizada de bitcoin dificultará implementar la propuesta.
Una propuesta presentada recientemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para regular el cobro de impuestos por las operaciones con bitcoin (BTC), pudiera no otorgar el beneficio deseado para los reguladores.
El porqué de esto parece simple. La naturaleza del ecosistema emergente podría dificultar que las autoridades fiscales conozcan con total exactitud si una persona declaró sus impuestos al operar con criptomonedas.
Así lo determinan especialistas de estrategia fiscal de la firma de análisis de blockchains, Chainalysis, quienes evaluaron el extenso documento presentado a los líderes mundiales del G20 por la secretaría de la OCDE, organismo cuyo objetivo es coordinar políticas económicas y sociales a nivel internacional.
La propuesta, conocida como CARF y disponible para su revisión en la página web de la OCDE, hace énfasis en que las empresas ligadas al ecosistema de Bitcoin «juegan un papel central» en el mercado emergente.
Aquí entran los exchanges de criptomonedas, los monederos, los brókers, así como operadores de cajeros automáticos de criptoactivos y otras plataformas de inversión que guarden relación con bitcoin y su ecosistema.
El documento propone que estas empresas pasen a considerarse como «proveedores de servicios de criptoactivos contribuyentes». Significa que deben facilitar a las autoridades fiscales la información necesaria para saber si un contribuyente declaró o no sus impuestos.
Sin embargo, los constantes flujos transfronterizos de las criptomonedas, además del creciente número de usuarios que autocustodian sus tenencias y el creciente número de exchanges descentralizados, dificultarán que esas exigencias se hagan realidad.
De acuerdo con los analistas de Chainalysis, son estos mismos elementos los que harán que las autoridades carezcan de la información detallada que requieren para sus objetivos fiscales.
Habrá muchos casos en los que las autoridades tributarias no tengan suficiente información para evaluar si un contribuyente ha cumplido con sus obligaciones de declaración de impuestos.
Informe Chainalysis.
Crecerá el cumplimiento tributario
A pesar de que las autoridades fiscales podrían ver difícil evaluar el nivel de cumplimiento de los usuarios de criptomonedas, los analistas también ven probable que haya un aumento del cumplimiento tributario al implementarse el marco propuesto.
Según el documento normativo de la OCDE, las reglas propuestas deberán transponerse a la legislación de los 38 países que conforman el organismo, entre los cuales se encuentran Colombia, Costa Rica y España. Esto, con el fin último de recopilar la información directamente desde los proveedores que declaran sus actividades con criptomonedas.
Igualmente, ven posible que se acreciente la relación entre las empresas ligadas a bitcoin que declaran y los organismos tributarios de los miembros de la OCDE. Esto respondería al «deseo de las autoridades fiscales» de entender la diferencia entre la información provista través del marco CARF y lo que declaran los propios contribuyentes.
Así, este nuevo marco es otro paso de los gobiernos a fin de fiscalizar las actividades con criptomonedas, lo que significa identificar plenamente a los que hacen uso de estos activos.
Los analistas resuelven que, ahora mismo, los intermediarios, como los exchanges, son los que controlan la negociación en el mercado de criptomonedas. Lejos del persona-a-persona (peer to peer o P2P) planteado por Satoshi Nakamoto, el creador de bitcoin, hace más de una década.
El tiempo dirá si el nivel de verdadera descentralización y las transacciones entre pares aumentan como resultado del CARF, la Regla de Viaje y otros desarrollos regulatorios, y qué respuesta gubernamental genera.
Chainalysis.
