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El fallo revierte criterios previos y faculta a la UIF para actuar ante sospechas de origen local.
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La medida eleva el riesgo operativo en cuentas bancarias vinculadas a la liquidación de bitcoin.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establece un nuevo precedente en la vigilancia financiera de México que impacta directamente en el uso de bitcoin (BTC) y otros activos digitales.
Al declarar constitucional la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previa, el tribunal otorga al Poder Ejecutivo una capacidad de intervención inmediata sobre el patrimonio de los ciudadanos; un proceso que hasta ahora dependía estrictamente de la autorización de un juez.
La resolución, emitida este 6 de abril tras analizar la acción de inconstitucionalidad 58/2022, revierte criterios previos de la propia Corte. Anteriormente, estos bloqueos administrativos solo eran válidos ante peticiones de organismos extranjeros.
Así, el nuevo fallo faculta ahora a la UIF para actuar de forma autónoma ante sospechas de origen delictivo local, con el fin de cumplir los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la prevención del lavado de dinero.
En la práctica, este cambio administrativo altera el orden de los procedimientos: primero se ejecuta el congelamiento de fondos y después se otorga el derecho de audiencia. Según el comunicado oficial de la SCJN, la medida es válida siempre que «se base en indicios de operaciones ilícitas y respeta el derecho de defensa».
Por ello, implica que el usuario afectado deberá comparecer ante la Secretaría de Hacienda para acreditar el origen lícito de su dinero, un proceso que se desarrolla en el ámbito administrativo antes de poder ser impugnado en tribunales.
¿Cómo afecta la medida a los usuarios de bitcoin?
Para los usuarios de bitcoin, esta medida impacta directamente en los «puntos de salida» hacia el sistema fíat. Dado que la Ley Fintech en México ya cataloga las operaciones con activos virtuales como actividades vulnerables, los exchanges de bitcoin y otros criptoactivos tienen la obligación de informar sobre transacciones que superen ciertos umbrales.
En la actualidad prácticamente la mayoría de las operaciones de compra/venta de bitcoin o stablecoins en exchanges mexicanos deben reportarse mensualmente a la UIF a través de la autoridad fiscal de México.
Sin embargo, con la nueva potestad de la UIF, cualquier transferencia desde estas plataformas hacia una cuenta bancaria considerada sospechosa puede ser bloqueada de inmediato, sin que medie una investigación penal abierta o la firma de un juez.
Esta facultad ha generado posturas encontradas. Mientras el Gobierno argumenta que la agilidad es vital para proteger el sistema financiero de flujos criminales, organizaciones civiles, legisladores de oposición sostienen que la medida debilita el control judicial sobre los actos de autoridad.
En este nuevo escenario, la carga de la prueba se desplaza hacia el cuentahabiente, quien deberá gestionar la liberación de sus recursos mediante trámites administrativos mientras su acceso al sistema bancario permanece suspendido.
Mientras tanto, en la comunidad de bitcoin y criptomonedas, usuarios expresan preocupación porque muchos dependen de cuentas bancarias para convertir sus criptoactivos a pesos mexicanos o viceversa. Entre las voces críticas destaca el analista del ecosistema BtcAndres, quien alertó sobre los riesgos para los usuarios de bitcoin en el país.
Esta resolución ocurre en un contexto de creciente integración entre criptoactivos y el sistema bancario mexicano. Como lo informó CriptoNoticias, en noviembre de 2025 el exchange Bitget lanzó una función que permite convertir USDT y USDC directamente a pesos mexicanos y transferirlos a cuentas en más de 35 bancos locales a través del sistema SPEI. Según la compañía, esta herramienta busca facilitar pagos cotidianos, remesas y liquidaciones sin depender de operaciones P2P.
