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Proyectos con entidades centrales (Ripple, Solana) enfrentarán costos por divulgaciones.
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La naturaleza descentralizada de bitcoin lo eximiría de las cargas de cumplimiento más duras.
El Comité Bancario del Senado de Estados Unidos dio a conocer un borrador para discusión de la propuesta Innovación Financiera Responsable (Ley RFI), un proyecto legislativo orientado a regular la infraestructura del mercado de bitcoin y criptomonedas. Este proyecto contrasta notablemente con la Ley CLARITY propuesta por la Cámara de Representantes, ya que asigna un rol preponderante a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en lugar de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC).
Bajo la Ley RFI, la mayoría de las criptomonedas serían reguladas por la SEC, aunque con exenciones significativas de ciertos requisitos de la legislación de valores.
La decisión de otorgar a la SEC la autoridad principal tiene fundamentos sólidos. Con un presupuesto y personal aproximadamente seis veces mayor que el de la CFTC, la SEC está mejor equipada para manejar la regulación sobre los activos digitales y proteger a los inversores minoristas.
Sin embargo, la industria de bitcoin (BTC) y criptomonedas ha solicitado consistentemente una reducción en la autoridad de la SEC, argumentando que concentrar demasiado poder en una sola entidad puede ser perjudicial para el sector y sus participantes. Este planteamiento se fundamenta en experiencias recientes, particularmente durante la gestión de Gary Gensler, quien asumió como presidente de la agencia en abril de 2021.
Durante los 5 años que duró su gestión, Gensler adoptó una postura notablemente agresiva hacia el mercado de criptoactivos, dejando claro desde el inicio de su mandato que mantendría una presión regulatoria significativa sobre la industria, lo que generó tensiones y críticas por parte de los actores del ecosistema criptográfico, como fue reportado por CriptoNoticias.
En cambio, la experiencia de la SEC en mercados de valores tradicionales, probablemente la posiciona como una entidad más adecuada para supervisar los denominados “activos auxiliares”. Este término fue introducido en el proyecto de la Ley RFI para referirse a activos digitales que no encajan claramente como valores, pero que los Estados insisten en regular.
En contraste, la CFTC, más enfocada en derivados y materias primas, enfrenta dificultades, incluyendo la renuncia y despido de muchos de sus comisionados en funciones, lo que limita su capacidad operativa.
¿Qué implicaría la Ley RFI para el mercado de bitcoin y criptomonedas?
La Ley RFI de 2025 propone enmendar la Ley de Valores de 1933, una normativa con casi un siglo de antigüedad que se ha venido utilizando para clasificar activos digitales. No obstante, ha quedado demostrado que resulta inadecuada para las características y dinámicas del mercado actual de bitcoin y criptomonedas.
Según el proyecto de ley, los activos auxiliares se definen como intangibles y comercialmente fungibles (algo parecido a materias primas digitales) que se ofrecen, venden o distribuyen en relación con un contrato de inversión. Sin embargo, no incluyen activos que otorguen deuda, capital, derechos de liquidación u otros intereses financieros en una persona o entidad.
En ese sentido, los activos digitales deben cumplir con los siguientes criterios:
- No otorgan derechos financieros sobre su emisor (como dividendos, participación en ganancias o interés).
- Se distribuye junto con un valor mobiliario (por ejemplo, en una Oferta Inicial de Monedas – ICO).
- Su valor depende de su utilidad en una red descentralizada, no de esfuerzos empresariales de un tercero.
Los activos auxiliares no se consideran valores según las leyes federales ni las leyes estatales aplicables, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Entre esta se requiere una autocertificación, es decir, un originador o emisor de activos auxiliares puede presentar una autocertificación ante la SEC, respaldada por evidencia, que acredite que el activo no otorga derechos financieros que lo descalifiquen de este renglón.
Por otro lado, la ley exige que los originadores de activos auxiliares (quienes inicialmente ofrecen, venden o distribuyen el activo) deben proporcionar divulgaciones periódicas a la SEC, incluyendo información corporativa, detalles económicos sobre el activo y factores de riesgo, a menos que el valor agregado o el volumen de negociación del activo sea inferior a 5 millones de dólares.
Impacto de la Ley RFI en bitcoin
La naturaleza descentralizada de bitcoin y la falta de un originador central lo convierten en un candidato sólido para su clasificación como activo auxiliar, exento de las regulaciones de valores si se certifica que carece de derechos financieros.
El seudónimo del creador de Bitcoin y la falta de un originador claro pueden complicar el cumplimiento de los requisitos de divulgación, aunque su alto volumen de operaciones sugiere que calificaría para exenciones.
Un mayor monitoreo de actividades ilícitas podría llevar a un mayor análisis de las transacciones de bitcoin en la cadena de bloques, lo que podría afectar la privacidad del usuario.
Impacto de la Ley RFI en ether
Ether depende de si la SEC acepta que Ethereum ya no está controlado por un grupo central. Es posible que sus fundadores declaren que la red está libre de control centralizado, pero la SEC podría objetar. Aunque hay que tener en cuenta que el presidente de la SEC de Estados Unidos, Paul Atkins, afirmó que ether no es un security o título de valor.
Por otro lado, la Fundación Ethereum o las entidades relacionadas podrían tener que cumplir con divulgaciones periódicas, lo que aumenta los costos operativos, especialmente dado el alto volumen de negociación de Ethereum.
De ser declarado un activo auxiliar, ether estaría exento de registro. Normalmente, la emisión de valores en EE. UU. requiere un registro formal ante la SEC, un proceso costoso y complejo. Sin embargo, esta exención le permite a los emisores de activos auxiliares evitar este registro, siempre que cumplan con ciertas condiciones, como presentar divulgaciones iniciales.
Impacto de la Ley RFI en XRP
Ripple, emisor del token XRP, tendría que demostrar que su criptomoneda es independiente de sus esfuerzos empresariales.
En todo caso, XRP tiene una alta probabilidad de ser clasificado como un activo auxiliar, especialmente tras el fallo de 2023 que estableció que no es un valor en transacciones secundarias. Ripple podría certificar que XRP no otorga derechos financieros, reforzando su estatus de que no es un título valor.
Sin embargo, el control significativo de Ripple sobre el suministro de XRP (a través de sus tenencias y liberaciones programadas) podría ser un obstáculo, ya que la ley exige que los activos auxiliares no estén bajo un control común significativo.
Las ventas de activos auxiliares por hasta 75 millones de dólares anuales (o el 10% del valor total de los activos en circulación) estarían exentas de los requisitos de registro de valores ante la SEC, siempre que se cumplan condiciones como divulgaciones iniciales y restricciones sobre el control de la red subyacente.
Con esta exención, las ventas institucionales de XRP permanecerían bajo escrutinio debido al precedente de la demanda de la SEC, lo que podría limitar el impacto práctico de esta disposición.
Ripple tendrían que presentar divulgaciones periódicas a la SEC, incluyendo información sobre la entidad, la economía del activo, y factores de riesgo. Esto podría incrementar los costos operativos de la empresa, pero también mejoraría la transparencia para los inversores.
Para convertirse en ley, el proyecto de la Ley RFI debe seguir un proceso legislativo riguroso. Tras su presentación como borrador por el Comité Bancario del Senado, será debatido y potencialmente enmendado en el comité antes de someterse a votación en el pleno del Senado. Si se aprueba, pasará a la Cámara de Representantes, donde podría armonizarse con propuestas como la Ley CLARITY o enfrentarse a modificaciones en un proceso que puede llevar meses o incluso años para ser aprobada por el presidente de Estados Unidos.
