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La medida de ARCA (ex AFIP) tiene como objetivo proteger la privacidad de los ciudadanos.
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Se busca así también simplificar el cumplimiento impositivo y fortalecer la formalización económica.
La Agencia de Control y Recaudación Aduanero (ARCA), el organismo de recaudo fiscal en Argentina que hasta el año pasado se llamaba AFIP, actualizó hoy los umbrales mínimos de movimientos financieros que podrá monitorear de los ciudadanos. Esto es algo que, aunque no lo aclara en el anuncio oficial, aplicaría también a quienes usan exchanges de bitcoin (BTC) y criptomonedas.
ARCA anunció que el monto mínimo de las transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales que le serán informadas sube de 2 millones de pesos a 50 millones de pesos para personas físicas y a 30 millones de pesos para personas jurídicas.
Si bien las medidas se reglamentarán mediante resoluciones generales que se publicarán en las últimas horas en el Boletín Oficial del Gobierno, se estima que los movimientos en exchanges de criptomonedas aplicarán como billeteras virtuales. Así lo señaló el contador especialista en tributación, Marcos Zocaro, a CriptoNoticias, indicando que se espera que esto sea aclarado en la norma.
Actualmente, los exchanges de bitcoin y criptomonedas que están obligados a informar al fisco en Argentina son aquellos que están registrados como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV). Algunos de los que están inscriptos así son Binance, Coinbase, Ripio, Buenbit, Belo, Bitso y Bit2Me.
Además de las plataformas virtuales, ARCA también informó un aumento del umbral informativo para las transferencias y acreditaciones bancarias, extracciones en efectivo, plazos fijos y tenencias en agentes de liquidación y compensación (AlyCs). Puede verse los detalles de cada uno en la siguiente tabla que compartió el organismo.
La medida busca proteger la privacidad de los ciudadanos
El organismo informó además que desde ahora las empresas administradoras de tarjetas de crédito ya no deberán informar a ARCA todas las compras que hace una persona usando ese medio de pago. «Los consumos personales van a estar resguardados como toda información privada», dijo al respecto.
Sumado a ello, eliminó el régimen informativo que regía para una serie de sectores, incluyendo de escribanía, operaciones de compra-venta de vehículos usados, pagos de expensas, transferencias de inmuebles, y servicios públicos y de telefonía.
Asimismo, prohibió a los bancos solicitar declaraciones juradas de impuestos nacionales, permitiendo a las personas negarse si se le exigen y acudir a Defensa del Consumidor si fuera necesario.
Las medidas, hechas por el gobierno de Javier Milei, tienen como objetivo «proteger la privacidad de los ciudadanos, simplificar el cumplimiento impositivo y fortalecer la formalización económica».
