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Mientras el Congreso debate leyes pro-bitcoin, hay senadores apuntando al pasado.
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No se trata de corrupción, la propuesta parece buscar un castigo a la soberanía de El Salvador.
En los pasillos del poder de Washington, el tiempo a veces parece moverse a una velocidad diferente. Y en la actualidad, mientras el Congreso de Estados Unidos debate activamente un futuro regulatorio para los criptoactivos con proyectos de ley como la Claridad del Mercado de Activos Digitales y Genius, un grupo de senadores demócratas decidió desempolvar el viejo manual de la hostilidad anti-bitcoin que reinó durante el gobierno de Joe Biden.
La propuesta, liderada por los senadores demócratas Chris Van Hollen, Tim Kaine y Alex Padilla, propone sancionar a Nayib Bukele, a El Salvador y auditar su estrategia con bitcoin. En realidad no se trata de un acto de vanguardia legislativa; sino que más bien es un anacronismo, el eco de una política que ya huele a pasado.
Aunque esta iniciativa no refleja una tendencia dominante en el panorama actual, sí podemos analizarla como parte de la tendencia regulatoria sobre bitcoin porque representa un contrapunto significativo.
Este zombi legislativo ilustra el choque entre paradigmas financieros y geopolíticos del pasado y los emergentes. Lejos de ser una tendencia, la iniciativa de los senadores demócratas resalta, paradójicamente, la relevancia de los debates regulatorios actuales, al mostrar cuán desfasadas resultan las posturas que se resisten al cambio hacia un sistema financiero más descentralizado.
El último zombi anti-bitcoin llegó al Congreso
El proyecto de ley anti-Bukele y su estrategia con bitcoin se presenta bajo el velo de la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, su estructura y su momento delatan su naturaleza. Nos permite ver que en realidad se trata del último coletazo de la era Biden, una administración caracterizada por su escepticismo y su enfoque punitivo hacia la industria de bitcoin y criptomonedas.
En aquel entonces, atacar a Bitcoin era una postura políticamente segura y coherente con la narrativa de la Casa Blanca. Hoy, en un gobierno con una declarada inclinación pro-bitcoin como el de Donald Trump, esta propuesta no solo parece fuera de lugar, sino estratégicamente torpe.
Este contraste no es trivial. El debate legislativo en Washington ha evolucionado. La conversación ya no es sobre si bitcoin debe ser prohibido, sino sobre cómo debe ser integrado de forma segura y eficiente en el sistema financiero tradicional.
Hoy en día, los políticos con postura anti-criptomonedas son minoría en Estados Unidos, tanto del lado democrático como republicano, así lo informó CriptoNoticias el año pasado.
En este renovado escenario legislativo, se busca crear un marco para las stablecoins con la propuesta de ley GENIUS. También se pretenden definir las reglas claras para exchanges y custodios, con la ley CLARITY.
Son esfuerzos complejos, bipartidistas en espíritu, que reconocen la inevitabilidad de esta nueva clase de activos. En este contexto, una ley que busca castigar a una nación soberana por adoptar bitcoin como moneda de curso legal parece menos una defensa de la democracia y más una rabieta ideológica contra un cambio de paradigma que ya no se puede controlar.
Un proyecto de ley alimentado por viejas prácticas
Lo que realmente subyace en esta propuesta es un reflejo de viejas políticas de control, que surgen como fósiles en la era moderna. Esto porque, durante décadas, Estados Unidos ha utilizado su dominio del sistema financiero global como una herramienta de poder geopolítico, y por lo tanto, esas costumbres permanecen como prácticas en la era de la vieja guardia.
Las sanciones, las presiones del FMI y el control sobre el sistema SWIFT han sido los instrumentos para disciplinar a las naciones que se desvían de la ortodoxia económica dictada desde Washington.
Sin embargo, la adopción de bitcoin por parte de Nayib Bukele es un desafío directo a ese modelo. Es un acto de soberanía financiera que, si bien imperfecto y controvertido, demuestra que una nación puede optar por un sistema monetario descentralizado y fuera del alcance de la Reserva Federal.
Insisten en la práctica de intentar enviar un mensaje claro a cualquier otro país que considere seguir los pasos de Bukele. Es decir, atreverse a desafiar el statu quo del dólar y enfrentarse a un gran arsenal financiero.
En última instancia, la iniciativa de estos senadores está destinada a convertirse en una reliquia legislativa. Choca frontalmente con la nueva dirección política de su propio país y subestima la fortaleza de un movimiento tecnológico y financiero que ya es global. Mientras Washington aprende a convivir con Bitcoin, esta propuesta se aferra a un pasado de confrontación que ya no tiene cabida. No es una ley para el futuro; es la nostalgia de un control que se desvanece.
