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Antes, los activos digitales incautados se liquidaban rápidamente para inyectar dólares del estado.
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Ahora crean leyes para justificar la acumulación y no ser acusados de especuladores.
Suena a burocracia el seco y predecible zumbido de la maquinaria legislativa de Estados Unidos que ha venido aprobando proyectos de ley para crear reservas o fondos con bitcoin y criptomonedas decomisadas. Votaciones que van y vienen, hasta que se alcanza la firma presidencial o de gobernadores.
Este proceso, que se muestra como una simple proceso de regulación en estados como Texas y Arizona, esconde un cambio de paradigma. Esto porque los gobiernos ya no ven como un logro la incautación de bitcoin como evidencia a liquidar, sino como un tesoro estratégico a acumular. Por lo tanto, la carrera no es por regular, es por atesorar.
En Washington, la capital de Estados Unidos, así como en los estados de Arizona, Texas y California, se están creando leyes relacionadas con bitcoin que no podemos ver como hechos aislados, sino como la punta de lanza de una tendencia inconfundible. Allí, la narrativa se centra en la «gestión eficiente» de activos decomisados a criminales, el pretexto que quizás podría pasar como el más aceptable públicamente. Pero la estrategia se expande rápidamente más allá del decomiso penal.
En el caso específico de California, por ejemplo, la mira se ha puesto en un nuevo objetivo: los bitcoin «inactivos» en los exchanges. Tras tres años de inactividad, el Estado podrá apropiarse de ellos como propiedad no reclamada. El pretexto cambia —del crimen al abandono—, pero el resultado es el mismo, ya que no es más que el Estado absorbiendo bitcoin sin comprarlo.
Esta cacería legal por bitcoin trasciende las fronteras estadounidenses. En España, el gobierno avanza con una ley para vigilar exhaustivamente los activos digitales que sus ciudadanos poseen en el extranjero. El objetivo declarado es el control fiscal, pero la puerta que se abre es la de la confiscación para saldar deudas tributarias.
Ya sea por decomiso criminal (Texas), por inactividad (California) o por deudas fiscales (España), el patrón es el mismo. Los legisladores de varias partes del mundo están fabricando, a toda prisa, un arsenal de justificaciones legales para obtener bitcoin.
El Estado ya no quiere dólares, quiere bitcoin
Cada nueva ley es una herramienta diseñada con el único fin de asegurar que, cuando el Estado necesite atesorar bitcoin, tenga una razón perfectamente legal para tomarlo en lugar de comprarlo. Esto no es más que una demostración de una cruda realidad: el Estado está reconociendo el valor de bitcoin y se está apresurando a construir las bóvedas legales para poder guardarlo.
Este fenómeno no es nuevo, pero la estrategia sí lo es. El Estado ha venido confiscando bitcoin desde hace años sin necesidad de estas leyes. El FBI, o el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos llevan más de una década decomisando BTC y otros activos digitales en operativos contra el crimen. La diferencia fundamental con lo que sucede ahora es que subastaban esos fondos al mejor postor lo más rápido como lo permitía la burocracia para convertirlo en dólares.
Ese viejo procedimiento trataba a la creación de Satoshi Nakamoto como un bien problemático que debía ser liquidado para engrosar las arcas estatales. Las nuevas leyes, sin embargo, revelan un cambio de mentalidad tectónica. El Estado ya no quiere los dólares; quiere bitcoin.
La ley como permiso para hodlear bitcoin
El motor de este cambio es simple y poderoso, ya que bitcoin ha demostrado ser un activo financiero demasiado atractivo como para ignorarlo. Su rendimiento a largo plazo y su naturaleza como «oro digital» lo han convertido en un objeto de deseo, incluso para sus adversarios históricos.
Los legisladores, viendo cómo individuos y corporaciones amasan fortunas, han encendido las alarmas. Se han dado cuenta de que, en cada subasta, estaban vendiendo un potencial tesoro del siglo XXI por un puñado de la moneda que ellos mismos devalúan.
Aquí es donde todo conecta, porque queda claro que los legisladores se están apurando en dar un marco legal, no tanto para proteger al ciudadano, sino para legitimar la acumulación estatal. Necesitan reglas claras que permitan al Tesorero del Estado hodlear, o mantener a largo plazo los bitcoin que han decomisado, sin ser acusado de mala gestión o de especular con fondos públicos.
El manual del acumulador estatal de bitcoin
Estas leyes son, en esencia, un permiso oficial para que el Estado se una a la carrera por la escasez. Con las leyes que están creando tienen un plan diseñado de la siguiente manera:
- Decomisar: utilizar el poder de la ley para apropiarse de bitcoin involucrado en casos criminales.
- Atesorar: en lugar de vender, transferir el activo a una reserva estratégica estatal.
- Legitimar: dar un barniz de legalidad y prudencia a lo que es, en la práctica, una acumulación de riqueza digital por parte del aparato gubernamental.
La aprobación de estas normativas en Estados Unidos, en estados como Arizona y Texas, sienta un precedente peligroso y revelador. Cada vez que se apruebe una nueva ley relacionada con bitcoin, la pregunta clave no debería ser cómo protegerá a los habitantes de esas regiones, sino más bien ¿cómo se está preparando el gobierno para confiscar y atesorar este activo, según sus propios intereses? La respuesta se está escribiendo ahora, no en los mercados, sino en los códigos legales que transforman el decomiso en una política de acumulación estratégica.
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