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Giménez reconoce la importante presencia de los mineros en el país suramericano.
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Hasta ahora, el gobierno ha incautado más de 9.000 equipos ASIC de granjas ilegales.
El gobierno de Paraguay tiene planes para la venta de su energía eléctrica y, en ellos, están incluidos los mineros de Bitcoin que operan bajo la regulación y el esquema legal de la nación guaraní. Así lo reveló el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez.
En un conversatorio celebrado en la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil, el ministro Giménez explicó que, en aras de usar el excedente energético que hay actualmente en ese país, el gobierno de Santiago Peña quiere “hacer lo inteligente” y darle la energía excedente a los mineros digitales, quienes tienen una importante demanda eléctrica.
Según Giménez, para usar toda la electricidad excedente de Paraguay, habría que tener al menos 10.000 nuevas industrias “de las que generan empleo”. Sin embargo, reconoció que esto “podría demorar mucho” y por eso apuntan a vender la electricidad a los mineros de Bitcoin.
“Estamos corriendo para atraer industrias, pero qué bueno sería si mientras tanto hacemos lo inteligente y le damos la energía a las criptominerías, donde hay demanda, para que la usen mientras tanto”, dijo Giménez, tal como reporta la prensa local.
Giménez detalló que el excedente energético de Paraguay que se vende a Brasil, se hace con una tarifa de USD 12,60, aproximadamente. Y recordó que las granjas de minería de Bitcoin legales pagan “hasta tres veces más” esa cotización al Estado paraguayo.
El ministro paraguayo reconoció que las granjas de minería de Bitcoin que operan legalmente en ese país son la única industria que, ahora mismo, cuenta con rentabilidad. Aunque aclaró que el plan del gobierno es que en unos años se desplace a estos operadores “por la industria que genera mano de obra”.
Giménez también recordó que en Paraguay hay granjas de minería de Bitcoin que han permitido resguardar el sistema eléctrico de ese país. Un ejemplo es la ubicada en la provincia de Hernandarias, llamada Penguin, la cual apaga las máquinas cuando la demanda eléctrica de la localidad es alta y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) le solicita colaboración.
Los comentarios del ministro de Industria y Comercio de Paraguay se dan en un contexto en el que más de 50 empresas de minería de Bitcoin operan en el marco de la legalidad en ese país. Estas compañías pagan contratos millonarios de energía a la ANDE y están reguladas por esa institución estatal.
Cruzada contra la minería ilegal
También, los comentarios de Javier Giménez se ofrecen en medio de una auténtica cruzada contra la minería de Bitcoin ilegal. Desde inicios de este año, la ANDE, el Ministerio Público y otras instituciones del Estado, han avanzado en la desconexión de granjas clandestinas, que aparentemente roban electricidad.
Hasta ahora, el gobierno de Paraguay ha incautado más de 9.000 mineros de Bitcoin como parte de su cruzada contra la actividad ilegal. Recientemente se conoció el allanamiento de una granja cercana a una sede de la ANDE, en donde se ocultaban al menos 3.000 equipos de minería de Bitcoin.
En Paraguay, la minería de Bitcoin es legal pero no existe un marco regulatorio para esa actividad. En general, es la ANDE la institución encargada de regular la industria. Por eso se han presentado al menos cuatro proyectos de ley en el Congreso, orientados a regularizar a la minería digital.
Aunque uno de estos proyectos busca la prohibición de la minería y de prácticamente toda la actividad relacionada a Bitcoin. Pero la discusión de esa propuesta se mantiene en espera.
Esta semana se presentó otro proyecto para regular la minería y promover que la actividad se realice “con transparencia”. Esto, en medio de las insinuaciones de corrupción gubernamental ligada a esta importante industria.
Lo que indica el ministro Giménez, que expresa la postura del presidente paraguayo Santiago Peña, deja ver que el gobierno de ese país reconoce a la industria de la minería digital como una más que es capaz de aportar recursos a la nación. Adicionalmente, las autoridades de ese país avanzan en el desmantelamiento de las granjas de minería clandestinas tomando en cuenta el artículo 173 del Código Penal paraguayo, el cual se refiere a la sustracción de energía eléctrica, un hecho punible, con pena máxima de 3 años.
