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Entre ambas naciones se incautaron este año más de 20.000 equipos ASIC para minar Bitcoin.
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Los países usaron el tema eléctrico como argumento para intervenir y decomisar mineros.
El 2024 fue un año interesante para la minería de Bitcoin, marcado por el crecimiento de la industria y el lanzamiento de equipos altamente novedosos. Sin embargo, el año que termina también fue testigo del derrumbe de la actividad en Latinoamérica, con casos inolvidables en Venezuela y Paraguay, dos reconocidos bastiones mineros de la región.
Entre ambas naciones, este año se incautaron más de 20.000 dispositivos ASIC para minar Bitcoin, de distintas marcas, modelos y potencia; acompañados de miles de transformadores eléctricos y otros dispositivos necesarios para instalar granjas mineras.
El denominador común en ambos países fue el tema eléctrico, con las supuestas fallas de energía atribuidas a las operaciones mineras en estas naciones latinoamericanas, lo que derivó en escenarios de allanamientos, confiscaciones y arremetidas estatales contra la importante actividad digital en Venezuela y Paraguay.
Demos un repaso por lo acontecido en estas naciones latinoamericanas este año, que deja marcas imborrables para una industria incipiente, pero sumamente importante para el ecosistema de Bitcoin:
Venezuela: la persecución eléctrica
A inicios de 2024, se reportaron movimientos telúricos en la industria minera venezolana. La ausencia del ente regulador, llamado Sunacrip, intervenido a inicios de 2023, sumió a la minería en un limbo regulatorio.
Desde mayo, el gobierno venezolano implementó diversas intervenciones y normativas para restringir la actividad minera. Durante ese mes, CriptoNoticias informó que Venezuela desconectaría todas las granjas de minería de Bitcoin alimentadas por el sistema eléctrico nacional. Esto formó parte de una iniciativa del Ministerio de Energía Eléctrica con el respaldo de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y el Ministerio Público, llamado Plan Especial de Fiscalización de Cargas.
En Venezuela, en voz del gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, y el ministro de Energía, Jorge Márquez, se alegó, en ese momento, que la desconexión de las granjas mineras se debió al alto consumo eléctrico, lo que provocó recurrentes fallas energéticas en áreas cercanas a estas instalaciones.
Según el Ministerio de Energía Eléctrica, esta medida “evitará el alto impacto en la demanda, lo que permite seguir ofreciendo un servicio eficiente y confiable a todo el pueblo venezolano”. Algo que no se ha cumplido a cabalidad, considerando que en los estados de Venezuela siguen siendo persistentes las interrupciones eléctricas.
Como resultado de esta ordenanza, desde mayo se comenzaron a allanar granjas mineras legalmente operativas, con el consecuente decomiso de equipos ASIC. Solo en Carabobo, al centro del país, se confiscaron “miles y miles de máquinas”, según Lacava.
Se estima oficialmente que más de 10.000 mineros ASIC fueron confiscados por razones eléctricas en Venezuela este año y que estos equipos permanecen desconectados y almacenados en galpones cerrados.
Ahora bien, hasta la fecha, no se ha comunicado un plan claro sobre el futuro de estos dispositivos, mientras la incertidumbre regulatoria crece debido a la inactividad de Sunacrip.
Paraguay: entre la legalidad y la ilegalidad
En Paraguay, la deficiencia eléctrica también ha sido usada como argumento central en la lucha contra la minería de Bitcoin ilegal, resultando en el decomiso de más de 10.000 mineros ASIC, como también ha reportado CriptoNoticias.
Las autoridades, incluyendo la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, han emprendido una ofensiva contra los mineros ilegales que presuntamente se benefician del robo de electricidad.
Desde inicios de año, el seguimiento a estos mineros clandestinos ha sido riguroso, un tema que incluso ha llegado al Parlamento paraguayo, generando tanto apoyo como rechazo dentro de la industria minera digital.
La ley paraguaya penaliza la minería ilegal con hasta 10 años de prisión. Este contexto ha llevado a ANDE a modernizar sus sistemas con aplicaciones y tecnologías de inteligencia artificial (IA) para detectar consumos anómalos de electricidad, indicativos de operaciones mineras clandestinas.
Recientemente, ANDE anunció un “Plan Maestro de Gestión y Control para la Reducción de Pérdidas Eléctricas 2024-2034”, con una meta de reducir las pérdidas eléctricas del 28% al 15%, invirtiendo USD 359 millones entre 2025 y 2028 para mejorar la eficiencia y combatir el robo de energía, en parte, por la minería digital.
CriptoNoticias ha sabido que los mineros de Bitcoin incautados por las autoridades de Paraguay están resguardados en sedes de la fiscalía o bajo custodia de la ANDE. Se estima que estos dispositivos pasen paulatinamente a estar bajo la disposición de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), que decidirá el destino final de los aparatos decomisados.
Paralelamente a la lucha contra la minería de Bitcoin ilegal, en Paraguay se decidió este año incrementar las tarifas eléctricas de los mineros de Bitcoin hasta en un 16%, como informó CriptoNoticias. Una situación agridulce para los operadores de la industria.
En general, 9 granjas mineras en Paraguay cerraron producto del incremento tarifario, demostrando un rechazo tajante a la nueva política del gobierno. Sin embargo, empresas mineras extranjeras, como Hive, han decidido mantener operaciones, anunciando, en noviembre, la instalación de 6.500 mineros de Bitcoin en el país, a pesar de la persecución tarifaria gubernamental.
¿Qué esperar para 2025?
Para 2025, la continuidad de la minería de Bitcoin en Venezuela depende de distintos factores, entre ellos, la claridad sobre lo que sucederá con el organismo regulador, la cual parece estar todavía lejos de concretarse.
Esto se debe a que el país caribeño atraviesa un clima de incertidumbre política, lo que genera dudas sobre la implementación de medidas adecuadas para los mineros de Bitcoin o incluso sobre la eliminación de las restricciones actuales.
Hasta ahora, las autoridades venezolanas no han anunciado cambios ni medidas para la industria. En su lugar, prevalece el silencio, lo que ha fomentado la minería de Bitcoin de manera clandestina. Varias granjas mineras operan en secreto en Caracas y otros estados, temiendo intervenciones gubernamentales que podrían resultar en confiscaciones.
En el caso de Paraguay, sí existen más y mejores expectativas para la industria de la minería. Ello, considerando que la avanzada que ha llevado adelante el gobierno de ese país, con el apoyo de otras entidades del Estado, se ha enfocado en eliminar la minería ilegal o clandestina, que se aprovecha de la energía eléctrica sin pagar por ella al país. Mientras que, en paralelo, siguen llegando inversiones de empresas mineras llamadas a operar desde la tierra guaraní, donde la actividad minera es legal (y paga).
Si bien el impacto del incremento tarifario juega un papel importante en qué tanto crecerá la industria minera paraguaya, la llegada de empresas como Hive y la expansión de operaciones de otras compañías como Bitfarms, hacen entender que el país latinoamericano puede tener un horizonte más claro para el 2025.
Como quiera que sea, el futuro de la minería de Bitcoin en estos países latinoamericanos sigue siendo incierto, determinado por políticas energéticas y regulatorias que aún están en desarrollo, y que mostrarán sus verdaderas caras en el venidero 2025.
