Un juez suspende investigación que comprometía a los mineros de Bitcoin

La investigación sobre el consumo eléctrico de las compañías mineras de Bitcoin que lleva adelante la Administración de Información de Energía (EIA) de Estados Unidos desde el pasado 5 de febrero, fue temporalmente suspendida.   

El juez federal Alan Albright, del tribunal de Texas, aprobó el pasado viernes 22 de febrero por la noche una petición de última hora de los mineros de bitcoins para impedir que el Departamento de Energía siga recopilando datos sobre su uso de energía. La decisión judicial ordena a las compañías de bitcoin no responder la encuesta de la EIA hasta que se realice una audiencia programada para el próximo 28 de febrero. 

La sentencia del juez se emitió como respuesta a la acción legal iniciada el 21 de febrero por Riot Platforms y el Texas Blockchain Council contra el Departamento de Energía de EE. UU., en representación de unas 82 compañías mineras. Alegaron que la encuesta podría dañar a las empresas al obligarlas a divulgar información confidencial y sensible.  La demanda se interpuso en el límite, solo a un día de que terminara el lapso estipulado por la agencia federal para la entrega de información.  

El fallo del tribunal apoya los argumentos de los demandantes, quienes aseguran que la Administración de Información Energética de EE. UU. no ha logrado demostrar las razones por las cuales se estaba haciendo una solicitud con «rango de emergencia». En ese sentido, el juez considera que la encuesta se implementó bajo disposiciones que «sólo son apropiadas cuando es razonablemente probable que se produzca un daño público».  

En consecuencia, la encuesta quedó suspendida y los datos recopilados hasta la fecha se pondrán en cuarentena. 

«La EIA no aplicará ningún requisito para presentar el Formulario EIA-862 ni buscará ni impondrá multas, sanciones u otras consecuencias adversas por no responder a la encuesta hasta el 22 de marzo de 2024», dijo la EIA en un mensaje en X. Agregó que hasta esa fecha no utilizará ningún dato recibido de ninguna de las partes que haya respondido al formulario. 

Victoria parcial para los mineros 

De esta forma, los defensores de las criptomonedas obtienen una victoria parcial, en medio de los cuestionamientos que han estado haciendo muchos políticos estadounidenses al supuesto alto consumo de energía y las emisiones de carbono de los mineros de bitcoin.  

Tal como informó CriptoNoticias, la EIA anunció la encuesta a inicios de este mes, argumentando que la información de los mineros era necesaria para evaluar las preocupaciones de que el mayor uso de electricidad de los mineros de criptomonedas, impulsado por los altos precios de bitcoin, podría representar una amenaza inminente a la confiabilidad de la red energética del país. 

Estaba previsto que los resultados de la encuesta se hicieran públicos en el segundo semestre de este año. Esto, supuestamente para determinar si las criptomonedas ayudan o perjudican la transición al uso de energías más limpias.    

Pero la petición no fue vista con agrado por el sector minero, quienes se quejaron de que la demanda de emergencia de la EIA se basaba en «especulación y conjetura» de que la minería de bitcoins probablemente represente una amenaza a la red eléctrica. Insistieron que la recopilación de datos no cumplió con los requisitos adecuados de notificación pública y solicitud de comentarios, establecidos en las leyes administrativas y de reducción de trámites federales. 

La encuesta aparentemente formaba parte de un esfuerzo del gobierno estadounidense para determinar cuánta energía están usando los mineros de bitcoins y dónde la están usando. Sin embargo, la solicitud solo logró colocar la Administración de Información Energética (un ala independiente que rastrea la producción y el consumo de energía del país) en el centro de una controversia política. 

Así, mientras la senadora Elizabeth Warren y otros demócratas presionan para que intensifique la supervisión de la minería de criptomonedas, los mineros y los defensores de bitcoin en el Congreso argumentan que la encuesta equivale a «una cacería de brujas selectiva y políticamente motivada». Se teme que los resultados sean usados para aplicar regulaciones más estrictas y restringir la actividad en el país.