El KYC pone a Bitcoin en peligro, según Krupka de Demand Pool

En la comunidad bitcoiner, la centralización de la minería de bitcoin (BTC) sigue siendo una preocupación recurrente, alimentada por la concentración del hashrate en un puñado de pools y grandes empresas mineras que dominan la red.  

Sin embargo, para Agustín Krupka, un importante integrante de DMND (fonéticamente Demand), un pool que emplea Stratum V2 para descentralizar la minería de Bitcoin, este no es el único riesgo actual en el protocolo creador por Satoshi Nakamoto. 

En una entrevista con CriptoNoticias, Krupka señala otra amenaza igual de crítica: la erosión del uso privado peer-to-peer (P2P) de bitcoin debido a la normalización del KYC (Know Your Customer) y a la aceptación cómoda de estas verificaciones por parte de muchos usuarios.  

Mientras la centralización de la minería podría ocasionar la pérdida del control técnico en la red, Krupka apunta a que esa normalización del KYC en las transacciones de Bitcoin podría transformar a BTC en una CBDC (moneda digital del Banco Central). Este tipo de monedas digitales ha sido criticado por su capacidad para vulnerar la privacidad de las personas y su potencial para incrementar el control de los bancos y gobiernos. 

El KYC como vector de ataque al sueño de Satoshi

Krupka identifica al KYC como uno de los mayores peligros para la visión original de Bitcoin:  

“El otro mayor vector de ataque a Bitcoin en sí, a Bitcoin como protocolo, visionado como lo visionó Satoshi Nakamoto, que es un sistema de cash electrónico, es decir, con privacidad, es el KYC, el KYC para la compra y la venta”. 

Agustin Krupka, integrante de DMND.

Para él, la exigencia de identificaciones asociadas a cada transacción o dirección socava el principio de un sistema pseudoanónimo y soberano. Si todas las operaciones de bitcoin quedan vinculadas a datos personales como «una carta de identidad, un nombre, un número de la seguridad social asociado a ello», el resultado sería devastador según Krupka: «A efectos prácticos es una CBDC (moneda digital del Banco Central). En ese momento, habremos perdido».

Krupka continúa señalando que, aunque Bitcoin fue diseñado como pseudoanónimo de manera intencional por Satoshi Nakamoto, la implementación masiva de KYC podría convertirlo en una herramienta de vigilancia. Esta transformación no solo traicionaría ese ideal de privacidad, sino que también facilitaría el control estatal sobre las transacciones. «Hoy en día los gobiernos ya entienden Bitcoin, ya saben por dónde entras y por dónde sales, por dónde apretar», advierte señalando regulaciones como la «travel rule« (o regla de viaje). 

La travel rule, impulsada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés), exige que los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), como exchanges o custodios, compartan información sobre el origen y destino de transacciones de criptomonedas, incluyendo bitcoin, cuando superan un umbral específico. 

Estas medidas, según Krupka, convierten a los usuarios en potenciales criminales por ejercer su soberanía financiera, un escenario que considera más peligroso ahora que en los inicios de Bitcoin, cuando su uso ilícito era más visible pero menos comprendido por las autoridades. 

La aceptación del KYC y la criminalización del P2P

Sin embargo, Krupka reconoce que el KYC no es un problema universalmente rechazado. «No importa que exista el KYC, hay gente que quiere pasar por ello», admite, refiriéndose a que algunos usuarios prefieren la simplicidad y la seguridad que ofrecería ese sistema.  

Para ellos, entregar datos personales significa protección: «Sí, venga, aquí está mi número de teléfono, aquí está mi ID, y si algún día la cago o alguien me cambia la contraseña o me hace lo que sea, ustedes me salvan». Esa comodidad contrasta con la preocupación de Krupka: la normalización del KYC no debería derivar en la «criminalización del P2P».

“Lo que no tendría que ser normalizado es la criminalización del hecho de que yo como persona soberana pueda intercambiar mi Bitcoin sin que parezca que soy un criminal”. 

Agustin Krupka, integrante de DMND.

Conforme a Krupka, esta tendencia regulatoria, que castiga a quienes evaden el KYC, representa una amenaza creciente precisamente porque los gobiernos han aprendido a explotarla. A diferencia de los primeros años de Bitcoin, cuando su anonimato era un mito y su adopción limitada, hoy la comprensión estatal permite establecer «puntos de control» más efectivos, desde multas hasta prisión, que desalientan el uso privado del activo. 

Lavado de dinero: un argumento desmontado

Un punto adicional que Krupka aborda es la percepción de la red Bitcoin como vehículo para actividades ilícitas, un argumento que a menudo justifica el KYC. «Siempre se dice, en Bitcoin hay un 1% de lavado de dinero o de transacciones ilícitas», reconoce.  

Sin embargo, el desarrollador bitcoiner expone ese porcentaje en una perspectiva global: «De todas las transacciones ilícitas del mundo, detectadas, ¿cuántas de ellas pasan en Bitcoin o en criptomonedas en general? Y ves que la mayoría, de forma totalmente absoluta, no pasan en Bitcoin». Para él, quienes lavan dinero, los «políticos, grandes empresarios, los que controlan», operan mayormente fuera del ecosistema de criptomonedas, desmintiendo la narrativa que asocia a BTC con el crimen y que usa el KYC como escudo. 

Centralización técnica: el poder de los pools

Más allá del KYC, Krupka no ignora los riesgos técnicos que enfrenta la minería y otro de los ejes de su análisis es la concentración de poder en pocos pools. «Hoy en día sólo existen siete mineros en el mundo, básicamente, que son los pools más grandes», explica, refiriéndose a cómo unos pocos operadores concentran el hashrate global.  

De acuerdo con datos de mempool.space, cuatro pools de minería de BTC controlan un poder de procesamiento de casi el 75% del total del hashrate aportado por los pools. Estos son Foundry USA, Antpool, ViaBTC y F2pool. 

Estos pools, siguió Krupka, actúan como decisores únicos sobre qué transacciones entran en los bloques, mientras los mineros que participan en esas plataformas se reducen a «mercenarios» o «proveedores de hash» que delegan su poder computacional sin control real, a cambio de una recompensa. 

«Lo ideal es como Satoshi Nakamoto lo buscaba, una CPU, un voto», cerró Agustín Krupka, evocando la visión de una red donde cada minero pueda decidir por sí mismo. 

Adicionalmente, como lo reportó CriptoNoticias en la primera parte de la entrevista con Krupka, este desarrollador también cuestionó una faceta de estos pools mineros: su sistema de pago. Según su consideración, el modelo de pago Full Pay Per Share (FPPS) «es una estafa» y equivale a una aseguradora de riesgos, aminorando la rentabilidad para los usuarios de esos pools y favoreciendo a estas plataformas.