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Joselit Ramírez estaría tras la desaparición de USD 3 mil millones.
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Se designó una junta reestructuradora encabezada por Anabel Pereira Fernández.
Tras la destitución y detención de Joselit Ramírez, superintendente de criptoactivos en Venezuela, por presuntos hechos de corrupción, el gobierno venezolano ordenó la reestructuración del ente regulador.
De acuerdo a la Gaceta Oficial extraordinaria 6.739, publicada el pasado viernes 17 de marzo, la reorganización de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), tendrá un lapso de duración de seis meses prorrogables.
La junta reestructuradora del organismo está presidida por Anabel Pereira Fernández, una abogada que hasta el 2022 se desempeñó como presidenta del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (Fogade).
Pereira estará acompañada de tres directores principales: Héctor Andrés Obregón Pérez, Luis Alberto Pérez González y Julio César Mora Sánchez. Como directores suplentes fueron designados Pavel Javier García Sandoval, Ramón Daniel Maniglia Darwich, Carlos Eloy Pirela Méndez, Larry Daniel Davoe Márquez y Edgardo Alfonzo Toro Carreño.
La nueva junta será coordinada, supervisada y controlada por el ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior. El plan para la reorganización de la Sunacrip abarca la definición de una nueva «estructura organizativa, administrativa y funcional», dicha reforma busca «lograr una mayor eficiencia en el cumplimiento de las metas y objetivos», según indica el documento oficial.
Joselit Ramírez es buscado por EE. UU.
La salida y detención de Joselit Ramírez está enmarcada en un operativo policial que busca castigar supuestos casos de malversación de fondos e irregularidades, como informó CriptoNoticias.
En este caso, las autoridades investigan la presunta desaparición de USD 3 mil millones provenientes de la venta 120 millones de barriles en 2022, que al parecer no ingresaron a las arcas del Estado. Sin embargo, un medio local afirma que la cifra asciende a los USD 5 mil millones.
Esto sugiere que, probablemente, Venezuela recibe criptomonedas como parte de pago por la venta de su petróleo, como una forma de evadir las sanciones impuestas por EE. UU.
Ramírez estuvo al frente de la Sunacrip desde 2018 y en junio de 2020 fue acusado por el Departamento de Estado de EE. UU. de pertenecer a una banda de crimen organizado transnacional, de hecho, las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de USD 5 millones por información que conduzca a su arresto y/o condena.
Según EE. UU., Ramírez trabajó con otros «para violar y evadir sanciones de OFAC relacionadas con narcóticos». Asimismo, presuntamente «coordinó viajes para individuos y funcionarios del gobierno de Venezuela sancionados» por Estados Unidos.
