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Los requerimientos de inversión para la minería de bitcoin harían muy complejo el proyecto.
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Los mineros ven más conveniente que la minería con gas residual la aborden los privados.
Tras la propuesta del ministro y candidato presidencial Sergio Massa de minar bitcoin con el excedente de gas proveniente de los yacimientos petroleros de Vaca Muerta en el oeste de Argentina, varios miembros del ecosistema del país se pronuncian sobre el tema.
La idea, presentada por el informático Santiago Siri en una reunión que sostuvo la semana pasada con el candidato, ha generado polémica y escepticismo.
También ha sido tema de debate en un space de X, organizado por la ONG Bitcoin Argentina este 1 de noviembre. Allí, un grupo de ponentes, que incluyó a mineros de Bitcoin, ve poco viable que el Estado se inmiscuya en la actividad minera.
Así lo manifestaron el bitcoiner y minero de bitcoin Joy Boy, y José María Sarasola, CEO de Cryptogranjas, una startup que utiliza excremento de cerdos, vacas y otros desperdicios orgánicos e industriales para producir energía para la minería digital en la zona de Vaca Muerta.
Sarasola inicia la exposición explicando las exigencias mínimas necesarias para realizar la actividad de manera industrial. Menciona entre ellas el consumo de energía eléctrica, pero sobre todo una costosa infraestructura que exige una buena conexión a Internet. «Y aunque no se necesitan muchos datos hace falta latencia para que la red sea veloz, junto con máquinas eficientes».
Se trata de unos requerimientos que demandan capital y un personal muy preparado y con mucho conocimiento para moverse en un sector muy competitivo, acota Joy Boy. Llama la atención sobre los altos niveles de inversión y de especialidad para montar una granja de minería de bitcoin, los cuales califica como «bastante complejos».
Particularmente sobre la experiencia de Cryptogranjas en Vaca Muerta, Sarasola aclara que la minería de bitcoin la realizan, junto a la empresa Petróleos Suramericanos, a partir del aprovechamiento de exceso de gas presente en los yacimientos petrolíferos.
Ese exceso de gas hace que muchas veces el pozo tenga que cerrarse. Justo ahí aparece bitcoin como el socio perfecto. Ese gas no tiene como utilizarse porque no se puede ventear y a través de la minería puede reutilizarse consumiéndolo, sin tener que liberarlo a la atmósfera. Cerca del pozo se colocan contenedores modulares y a través de un generador ese gas excedente lo consumen los mineros.
José María Sarasola, CEO de Cryptogranjas.
El CEO de Cryptogranjas menciona a algunas otras empresas que, al igual que Cryptogranjas, también tienen proyectos con minería de bitcoin en Vaca Muerta.
Una de esas empresas es Tecpetrol, que planea utilizar el gas de seis pozos ubicados en el campo. Aunque aún no se ha puesto en marcha, tal como confirma el CEO de Cryptogranjas. También está YPF Luz, compañía subsidiaria de la petrolera estatal YPF, que provee de energía eléctrica e infraestructura a algunas plantas de minería de Bitcoin.
Las operaciones de la mayoría de estas empresas se basan en acuerdos con los productores de gas, que son los concesionarios del gas provincial.
La minería de bitcoin no debería manejarla el Estado
En este punto de la conversación, Sarasola expresa que actualmente la actividad minera no es muy rentable, siendo un proceso muy costoso.
«Era rentable hace año y medio o dos, cuando el precio de BTC estaba más alto». Aunque la situación es cambiante y los costos pueden variar en función del halving de bitcoin, la cotización de la criptomoneda y otras variables que deben estarse analizando constantemente.
De ahí que al consultar su opinión respecto a si el Estado debe involucrarse en la actividad no le pareció algo muy viable. La postura es compartida por Joy Boy, quien apunta sobre el riesgo de una inversión de esta naturaleza.
«Se trata de una actividad donde debes saber manejar el punto de equilibrio entre ganancias y pérdidas. Hay que evaluar continuamente los costos y la rentabilidad, tomando en cuenta que en ocasiones te ves obligado a vender los bitcoins que produces», comenta Joy Boy.
Agrega que los proyectos de minería, como el que plantea Massa, no se harían con el dinero de una empresa particular, sino con dinero público proveniente en su mayoría del impuesto que pagan los ciudadanos. Tal inversión debería hacerse con el consenso de la gente, agrega.
Piensa así que son muchos factores a analizar antes de meterse en un plan de esta magnitud, con un proceso de evaluación que requiere experticia y para el cual cree que los gobiernos no están preparados.
Los ponentes comparten la idea de que el Estado debería usar los recursos para resolver asuntos de mayor interés y urgencia en el país. También podría ocuparse de mejorar las condiciones para la realización de la actividad o tal vez participar de forma mixta con los privados.
Los comentarios fuera del space coinciden. Se cuentan entre ellos los mensajes publicados por el bitcoiner Hodler Tom, quien relató en X su experiencia en Vaca Muerta, explicando la complejidad del proceso.
El Estado «simplemente debería destrabar las importaciones, bajar impuestos y dar seguridad jurídica para que los inversionistas se animen a traer capital», concluye.
Desde la ONG Bitcoin Argentina tampoco lo ven conveniente
Sobre la propuesta también se manifestaron desde la ONG Bitcoin Argentina. Uno de sus cofundadores y miembro de la Comisión Directiva, Rodolfo Andragnes, expresó sus consideraciones en un hilo de X, señalando que apoya la idea de la minería de bitcoin, pero no en manos del Estado.
Considera que es más viable promover que las empresas privadas especializadas lo hagan y asuman el riesgo. Esto, tomando en cuenta que «la inversión es alta, la dificultad creciente y la emisión menguante».
En esta línea se pronunció el presidente de la ONG, Ricardo Mihura, acotando que el organismo apoya toda iniciativa que lleve a incrementar y diversificar el hashrate porque ello incrementa la fortaleza de la red y el valor intrínseco de Bitcoin.
A Mihura le agrada que, al menos, se haya hecho explícito que la minería de bitcoin no es una actividad perjudicial para el medio ambiente. Aboga además porque se revisen las exigencias fiscales y de importación de equipos impuestas al sector.
