El tablero político que enfrenta a los Gobiernos de Estados Unidos y Venezuela apunta a elevar aún más el tono de las ya complicadas relaciones entre ambos países. El panorama experimenta una escalada desde que, el 23 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se juramentó como Presidente encargado de la nación petrolera; esto con el reconocimiento de Donald Trump y otros 50 jefes de Estado.
Desde entonces, Estados Unidos presiona para que se produzca una transición en el poder político venezolano. Las medidas incluyen desconocimiento de Nicolás Maduro como presidente, sanciones financieras a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y cientos de visas revocadas a los allegados del Gobierno de Maduro. Ahora estarían sobre la mesa posibles sanciones financieras para que Visa y Mastercard no procesen transacciones en el país.
La medida, que estaría en evaluación sin anuncio oficial, fue dada a conocer por Bloomberg, que cita a un funcionario de alto rango del Gobierno norteamericano. Aunque la potencial decisión tiene varias lecturas que podrían impactar la maltrecha cotidianidad de los venezolanos, esto impulsaría, en teoría, una mayor adopción y uso de los criptoactivos como una alternativa a los sistemas que ofrecen ambas compañías.
Durante los últimos años Venezuela evidencia una expansión en el intercambio de bitcoins, con más de 8.000 BTC canjeados mensualmente, solo en la plataforma de LocalBitcoins, por ejemplo. La precaria situación económica y la hiperinflación han forzado a los venezolanos a refugiarse en esta y otras criptomonedas, para mantenerse a flote.
Ahora, con las posibles nuevas restricciones financieras, la comercialización de criptoactivos podría dispararse, más establecimientos podrían aceptarlos como método de pago o los empleados podrían recibir sus salarios en bitcoins u otras monedas criptográficas, como ya ocurre en muchos casos.
Impacto de la medida
Debido a que se trata de algo extraoficial, hay muchos aspectos que aún no están claros. Uno de ellos es si esto impactaría solo a las transacciones que se realicen con tarjetas de crédito internacionales en el país; otro es si esto afectaría a las tarjetas de débito nacionales o si los usuarios estarían impedidos de manejar sus cuentas bancarias, ya que el ingreso a las plataformas digitales se ejecuta en la mayoría de los casos con tarjetas de débito o crédito.
Es importante recordar que Mastercard es propietaria de la marca Maestro, su brazo corporativo para transacciones con tarjetas de débito, mientras que Visa utiliza dos tipos de servicios: Visa Debit y Visa Electron. La diferencia entre ambas es que, en el caso de la primera, se puede exceder, hasta cierto límite, los fondos disponibles en la cuenta bancaria, mientras que con Electron no es posible.
De tomarse una medida como la presentada sin ningún tipo de resguardo, las consecuencias podrían ser mayúsculas para los venezolanos, ya que significaría la anulación de más de 12 millones de tarjetas de crédito y, por extensión, de las tarjetas de débito.
En consecuencia, quedarían sin efecto el uso de los puntos de venta, cajeros automáticos, acceso a cuentas bancarias y compras electrónicas, es decir, un potencial caos que dejaría a todos dependiendo del efectivo que, debido a la hiperinflación, prácticamente no tiene ninguna validez.
Conversaciones en Washington
A pesar de este hipotético panorama, hay indicios que arrojan luces sobre lo que se estaría discutiendo en las altas esferas en Washington. El funcionario, citado también por la agencia Reuters, señaló que “el propósito de estas sanciones es continuar privando al ilegítimo régimen de Maduro de acceso a los fondos e impedir que pueda seguir robando al pueblo venezolano”. Con esto de fondo, la estrategia gubernamental estadounidense apuntaría a bloquear a los bancos estatales venezolanos para que no tengan acceso al sistema financiero internacional.
Hay que acotar que el uso de tarjetas de crédito internacionales en el país se ha incrementado en los últimos meses, debido a que la tasa oficial de cambio Dicom ahora es superior a la del mercado paralelo del dólar; algo que incentiva su uso en puntos de venta venezolanos.
La situación contrasta con los límites de las tarjetas de crédito nacionales que van entre 5000 bolívares (unos USD 1,51) y los 204.000 bolívares (unos USD 61,87), de acuerdo con la tasa oficial Dicom.
Lo que ocurre es que estas divisas que obtienen los bancos del país deben venderse posteriormente al Banco Central de Venezuela, lo que Estados Unidos puede interpretar como un financiamiento al régimen de Maduro.
Si la medida se ejecuta de esa forma, iría acorde con las sanciones anteriores en las que Estados Unidos alega que intenta no afectar a la población venezolana, sino a los funcionarios del Gobierno.
Sea cual sea la decisión a tomar, el crecimiento de los criptoactivos en Venezuela ha sido marcado por una crisis política, social y económica que, antes de aplacarse, parece extenderse en el tiempo. Si esta expansión ha ocurrido en el pasado con el escenario antes descrito, las probabilidades de que continúe son altas; ya que ahora, además, existen más factores externos que ejercen presión y no hay una salida clara, a corto plazo, para el atolladero que vive el país.
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