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El atentado terrorista ocurrido el día 13 de noviembre sobre la ciudad francesa de París, trajo tras de sí una hilera de medidas gubernamentales de prevención, no solo en Francia, sino en muchos países del mundo. Bitcoin y las demás divisas digitales, no dejaron de ser presa de esta serie de medidas.
El día de hoy se pudo conocer, a través de un artículo publicado en el portal de la cadena internacional de noticias, Reuters, que los países de la Unión Europea planean una ofensiva contra las divisas digitales y demás medios de pago anónimos en línea.
A finales de octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenciaba que Bitcoin ya no sería visto más como mercancía sino que se le reconocería como una moneda, acción que demostraba una actitud favorable de los legisladores europeos hacia la moneda, al tiempo que aumentaba la legitimidad de Bitcoin en la región.
Este reciente cambio de actitud, provocado por los atentados terroristas, podría ser observado como un retroceso en el camino a la aceptación gubernamental de las monedas digitales. Los ministros de interior y justicia de la EU se reunirán en Bruselas este viernes para una reunión de crisis en la que se discutirá con profundidad este asunto.
Ejercerán presión sobre la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la EU, para proponer medidas que fortalezcan los controles contra los métodos de pago no bancarios, tales como los bancos electrónicos y anónimos, las divisas virtuales, las transferencias de oro y metales preciosos y tarjetas pre-pagadas.
Sin embargo, hay un estudio que la Comisión Europea debería evaluar antes de tomar un curso de acción. En octubre de este año, la oficina de Tesorería del Reino Unido emitió un documento llamado ‘Evaluación de riesgo nacional de lavado de dinero y financiamiento terrorista’, primer documento de esta índole emanado del gobierno del Reino Unido. En el artículo, se muestra un cuadro comparativo en donde se cotejan las distintas áreas temáticas en las que se puede encontrar presencia de financiamientos terroristas o lavado de dinero.
La tabla que pueden observar a continuación, establece una relación entre áreas temáticas como bancos, proveedores de servicios legales y de contaduría, negocios de servicios monetarios, fideicomisos, agentes estatales, altos operadores de bolsa, apuestas no reguladas, casinos, efectivo, dinero digital y criptomonedas; con variables como el valor total de vulnerabilidad, la propensión a vulnerabilidad, el riesgo estructural y el riesgo general.
De esta comparación, el área temática que resulta más favorecida, entre todas las mencionadas, es la de las criptomonedas, teniendo tan solo 5 puntos de vulnerabilidad total, comparable con los 34 puntos con los que se calificó a los bancos; un 3 en propensión total; un ‘bajo’, en el nivel de riesgo estructural; al igual que un bajo en el nivel de riesgo general.
Más adelante en el documento, en un apartado de mayor especificidad referido al tema del efectivo, siendo este uno de los métodos más atractivos de financiamiento terrorista por su dificultad de rastreo, las criptomonedas salen también favorecidas cuando se les compara con éste y el llamado e-money.
Según el estudio, la utilización criminal de las criptodivisas está asociada predominantemente a los mercados en línea para la compra y venta de bienes y servicios ilícitos, más no a financiamientos terroristas. También se lee que existe tan solo un número limitado de casos de estudio que arrojan conclusiones sólidas sobre el uso de criptomonedas para lavado de dinero.
Esto desmonta en gran medida uno de los argumentos más reiterativos utilizados por los detractores de las criptomonedas. Pareciera ser que estas nuevas acciones, emprendidas contra las divisas digitales por parte de la Unión Europea, se basaran en móviles distintos a una verdadera certeza sobre la utilización de criptomonedas para financiamientos terroristas.
Este estudio gubernamental despeja cualquier duda sobre alguna supuesta preeminencia de la utilización de criptodivisas para actividades terroristas. Por esta razón, sería mucho más efectivo para la Unión Europea en su lucha contra el terrorismo, una reestructuración de prioridades, de tal manera que se atiendan focos de alarma de mayor gravedad que aquel que es ponderado con el menor índice de riesgo.
