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Según el asesor Bo Hines, el gobierno no se limitará a un solo enfoque para adquirir bitcoin.
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Las agencias federales de EE. UU. tenían hasta el 30 de abril para revelar sus tenencias en BTC.
A solo dos días de la fecha límite, crece la expectativa por el informe que podría consolidar el papel de bitcoin (BTC) en la estrategia del gobierno de EE. UU.
Este miércoles 30 de julio, la administración de Donald Trump publicará oficialmente un documento elaborado por el Consejo Presidencial de Asesores sobre Activos Digitales, en el que dará a conocer propuestas regulatorias y legislativas para establecer una reserva estratégica de estas monedas y una regulación que impulse el ecosistema.
Entre otros aspectos, se espera que el informe detalle los mecanismos que el gobierno utilizará para adquirir BTC sin recurrir a fondos de los contribuyentes ni comprometer el presupuesto federal.
A esto se suma la controversia generada por las dudas sobre la cantidad real de BTC que actualmente posee el gobierno estadounidense. Aunque se ha estimado que rondarían los 200.000 BTC provenientes de confiscaciones legales, una presunta filtración interna del Servicio de Alguaciles de EE. UU. sugiere que la cifra sería muy inferior: apenas 28.988 BTC. El documento del miércoles podría arrojar algo de luz sobre este apartado.
Otro factor que genera incertidumbre es el caso del hackeo a Bitfinex en 2016. En enero de 2025, un tribunal federal ordenó la devolución de aproximadamente 94.643 BTC a la plataforma Bitfinex, tras la incautación de estos fondos al hacker Ilya Lichtenstein y su esposa, Heather Morgan.
Sin embargo, la falta de transparencia sobre cómo se gestionarán estos activos y si ya han sido transferidos, ha avivado las especulaciones sobre la cantidad real de BTC que el gobierno aún posee.
En una publicación la semana pasada, Bo Hines, director del Consejo Presidencial de Asesores sobre Activos Digitales, anunció que el informe estaba finalmente terminado tras completar los 180 días que definió Trump para hacerlo.
Su mensaje recibió una variedad de reacciones, incluyendo comentarios de usuarios que esperan que el documento abarque un amplio espectro de temas, desde parámetros legales para las stablecoins hasta la adopción de activos del mundo real (RWA).
Además, algunas personas aprovecharon la ocasión para recordar que, según la orden ejecutiva firmada por Trump a principios de marzo —con la que se autorizó la creación de una reserva estratégica de BTC—, las agencias federales tenían un plazo de 30 días para revelar cuántos bitcoin poseen. Ese plazo ya venció y la información aún no ha sido publicada.

Según explicó el propio Hines a principios de junio, el Consejo Presidencial ha considerado diversas alternativas para acumular BTC, como operaciones de minería, emisión de bonos especiales y la reutilización de activos del Tesoro, sin intención de limitarse a un único enfoque.
Aunque el funcionario evitó adelantar detalles concretos, argumentando que revelar ejemplos prematuramente podría entorpecer el desarrollo del proyecto, dio a entender que la estrategia ya está definida y que, una vez presentada oficialmente, será bien recibida por el ecosistema.

Siguiendo esta línea, el empresario y asesor David Sacks, llamado el «zar de la IA y criptomonedas», defendió públicamente la necesidad de que Estados Unidos mantenga una reserva estratégica de bitcoin. En una entrevista en marzo, manifestaba que el Estado ha adquirido una cantidad significativa de BTC a lo largo de la última década, principalmente a través de confiscaciones judiciales.
Sin embargo, criticó que hasta ahora esos fondos hayan sido manejados de forma improvisada, siendo vendidos en algunos casos sin una estrategia clara. Esto, a su modo de ver, ha generado pérdidas de hasta 17.000 millones de dólares para los contribuyentes.
Sacks considera que es momento de adoptar un enfoque a largo plazo: tratar a bitcoin como un activo estratégico y escaso, que debe ser preservado por el gobierno, no liquidado.