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La ley está dirigida a personas o empresas con mínimo 250.000 dólares en activos líquidos.
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La diputada Dania González afirmó que la ley fortalecerá la banca complementaria a nivel nacional.
Con 55 votos a favor, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el 7 de agosto la Ley de Bancos de Inversión, una normativa diseñada para atraer capital privado internacional. Esta ley incluye la autorización para operar con bitcoin (BTC) y criptomonedas, permitiendo que las entidades de banca de inversión actúen como emisores de instrumentos digitales, proveedores de servicios relacionados con criptoactivos y operadores de plataformas de intercambio.
La nueva legislación está destinada exclusivamente a personas naturales o jurídicas con amplio conocimiento en inversiones y un patrimonio mínimo de 250.000 dólares en activos líquidos. Este perfil les permitirá acceder a servicios especializados y a esquemas de financiamiento sofisticados para proyectos de gran escala.
Entre las principales funciones de estos bancos de inversión, se encuentran la estructuración de operaciones corporativas, la gestión de activos, la asesoría financiera, el análisis de mercado y el diseño de instrumentos financieros, como bonos, certificados y productos estructurados.
No obstante, una de las características más destacadas de la normativa es la inclusión de operaciones con activos digitales dentro del marco legal salvadoreño. Los Bancos de Inversión podrán actuar como emisores y proveedores de servicios relacionados con bitcoin, stablecoins, oro y bonos tokenizados, siempre bajo la supervisión del Banco Central de Reserva (BCR) y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
La diputada Dania González destacó que esta ley fortalecerá la arquitectura institucional del país al crear una figura complementaria a la banca tradicional, facilitando el financiamiento de proyectos estratégicos en infraestructura, energía, tecnología, telecomunicaciones e innovación. Según explicó, este tipo de banca permite el acceso a capital mediante la emisión de acciones o bonos en los mercados, beneficiando tanto a empresas como al Estado.
En palabras de la funcionaria: «Otro beneficio es el fortalecimiento del financiamiento del sistema financiero, ya que se ampliará la arquitectura institucional salvadoreña con una figura nueva, regulada y supervisada, que complementa a la banca tradicional que conocemos».
Por su parte, Marta Solís, asesora del Ministerio de Economía, afirmó que la normativa pretende brindar un servicio financiero ágil, transparente y confiable, que posicionará a El Salvador como un hub financiero regional y fortalecerá su competitividad internacional.
Para operar legalmente, quienes deseen constituir entidades de banca de inversión deberán obtener autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), mientras que el Banco Central de Reserva (BCR), mediante su Comité de Normas, definirá los requisitos técnicos y legales. Ambos organismos compartirán las responsabilidades de regulación y supervisión.
Así, el Banco Central de Reserva (BCR) establecerá normas relacionadas con capital, liquidez, gestión de riesgos y operaciones con activos digitales, mientras que la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) será responsable de autorizar, supervisar, sancionar y garantizar la transparencia de estas instituciones.
Además, cada dos años ambas instituciones revisarán los criterios financieros mínimos para inversionistas sofisticados y bancos de inversión, asegurando que el sistema se adapte a las condiciones cambiantes del mercado.
A mediados de 2024, como reportó CriptoNoticias, el Ejecutivo de El Salvador presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta para modificar la Ley de Bancos, con el objetivo de actualizar la regulación financiera del país. Con ello, sentó las bases para la Ley de Bancos de Inversión aprobada en 2025, que introduce entidades especializadas en servicios financieros avanzados y activos digitales.
La reforma proponía la creación de bancos privados de inversión, entidades autorizadas para ofrecer servicios tanto en dólares como en bitcoin. Además, establecía criterios precisos para clasificar a los clientes como inversionistas sofisticados, detallando que estos debían poseer conocimientos avanzados y fondos significativos para acceder a estos servicios.
