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La reforma establece nuevos criterios para la protección y custodia de datos.
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La medida también busca mejorar el clima de negocios y propiciar la inversión extranjera en el país.
Con un dictamen favorable de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, la Asamblea Legislativa del país centroamericano da su visto bueno a una reforma de la Ley especial contra los delitos informáticos y conexos aprobada en 2016.
Según información oficial de la Asamblea, la reforma, que busca la protección de los datos que se utilizan a través de tecnologías de información y comunicación, se aprobó de forma unánime en la Comisión. Esto, previo al debate en plenaria de este martes 13 de agosto.
Con este cambio en la legislación, se busca establecer sanciones penales más rigurosas para las acciones ilícitas cometidas por medios tecnológicos, incluyendo entre ellas los delitos derivados de la manipulación y el mal uso de datos por parte de empresas, terceros o intermediarios.
La reforma impulsada por los diputados del partido Nuevas Ideas (creado por el presidente Nayib Bukele), amplía el alcance del delito de fraude informático, estableciendo penas severas de hasta 12 años de cárcel para aquellos que, con acceso legítimo a bases de datos, usen esta ventaja para realizar acciones ilegítimas.
El objetivo del cambio en la legislación es minimizar el riesgo de que terceros puedan acceder a datos personales e información financiera sin autorización. En consecuencia, al penalizar el mal uso de los datos, se promueve un ambiente más seguro para quienes optan por administrar de forma personal e independiente sus bitcoins (BTC) y demás criptomonedas.
De esta forma, la reforma a la ley tiene un impacto directo en el ecosistema de bitcoin, pues fortalece la autocustodia entre los bitcoiners salvadoreños. La práctica que permite a las personas administrar su dinero de forma independiente a los gobiernos se considera como uno de los pilares de la filosofía que dio vida a Bitcoin.
Es así como los ciudadanos del país centroamericano, incluyendo a los usuarios de criptomonedas, deberán regirse por los nuevos criterios ahora contemplados en la ley. Con este fin, se establecen nuevas definiciones para los siguientes actores involucrados en el manejo de información: propietario de los datos, custodio de los datos, controlador de los datos y procesador de los datos.
Se entiende así que el propietario de la data tiene el derecho legal a que sus datos sean «precisos, accesibles y protegidos contra usos no autorizados», mientras los demás involucrados deben gestionar, proteger, procesar información «con apego a las leyes».
Exchanges de criptomonedas también estarán sujetos a la legislación
La reforma aprobada en El Salvador también toca a los proveedores de servicios de criptomonedas, que es el nombre con el que se identifica a los exchanges y los monederos digitales para su registro. Se trata de entidades que manejan grandes volúmenes de datos sensibles de sus usuarios, y que ahora deberán someterse a un escrutinio más estricto con la actual reforma.
En este contexto, se establecen como actividades ilegítimas la alteración de transacciones o balances en monederos digitales, el ocultar y/o disfrazar información, además de la venta de la información personal por parte de los empleados de estas entidades.
Cabe acotar que la reforma a la Ley especial contra los delitos informáticos y conexos incluye además a los «servicios basados en tecnologías blockchain«.
Tal como ha informado CriptoNoticias, con todas estas regulaciones, el país emerge como uno de los que tiene una regulación más completa para el ecosistema de bitcoin. Esto, a tal punto que el paquete legislativo salvadoreño ha sido calificado como uno de los que ofrece mayor incentivo para la adopción.
La meta final, en palabras de la directora de Inversiones del Ministerio de Economía, Clarissa Valdebrán, es que las reformas a la ley ofrezcan certeza jurídica a las personas, empresas e inversionistas, dando garantía de los datos personales de los ciudadanos. Con ello, el gobierno de Bukele aspira mejorar el clima de negocios y crear un ambiente propicio para la inversión.
