Hechos clave:
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Antonio utiliza bitcoin como método de envío de remesas a Venezuela.
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En Brasil no existe todavía una regulación específica para las criptomonedas.
Antonio es un venezolano de 35 años de edad que vive en Brasil desde hace dos años. Se vio obligado a abandonar su tierra natal debido a la crisis humanitaria que vive el país suramericano. Lamentablemente, tuvo que viajar solo, dejando a sus seres queridos atrás, entre ellos sus padres. Esta es la historia de cómo bitcoin le permitió ayudar a su familia en Venezuela.
Como Antonio, cada vez son más los venezolanos que día a día abandonan el país. El Fondo Monetario Internacional estimó que la hiperinflación en la nación llegaría a 1.000.000% a finales del 2018 (situación similar a la vivida por Alemania después de la Primera Guerra Mundial o Zimbabue en el 2000), año en que se disparó la diáspora venezolana.
Se estima que durante esos doce meses, un promedio de cinco mil venezolanos emigraron diariamente, en busca de estabilidad económica, seguridad y calidad de vida. En el mes de junio de este año, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) determinaron que el número de venezolanos que han emigrado hasta el momento asciende a cuatro millones.
La cantidad de habitantes de esta nación se contabilizó en 28 millones en el 2018, según datos del banco mundial. Así, casi el 15% de los venezolanos se encuentra fuera del territorio, y este se ha convertido en uno de los grupos de población desplazada más grande del mundo. La ACNUR y la OIM determinaron que en tan solo siete meses desde noviembre del 2018, el número de desplazados aumentó en un millón.
Los venezolanos eligen, mayormente, los países de Latinoamérica para emigrar, principalmente por su cercanía y bajos costos de viaje, ya que en la nación se dificulta adquirir pasaportes, boletos aéreos y visas de otros países. Colombia es el principal destino, con unos 1,3 millones de emigrantes. Le siguen Perú, con 768 mil venezolanos, Chile con 288 mil, Ecuador con 263 mil y Argentina con 130 mil. Brasil, por su parte, acoge a Antonio y a otros 168 mil venezolanos.
En Brasil, luego de poner sus papeles en regla, Antonio desempeñó diversos oficios, hasta que comenzó a trabajar como panadero, profesión que había aprendido y perfeccionado en su país natal. Este trabajo le dio la oportunidad de comenzar a ayudar económicamente a su familia en Venezuela, aunque en seguida se topó con un nuevo inconveniente: debido a las políticas gubernamentales que han cambiado con los años y llegaron a incluir un control cambiario, el envío de remesas al país se dificulta enormemente.
Antonio descartó el envío de remesas a través del gobierno y los bancos de Venezuela. Como método alternativo, primero intentó enviarlas por medio de métodos de pago electrónicos como PayPal. Pero, debido a sus altas comisiones, descartó este sistema, pues perdía una parte del dinero que deseaba enviar. Luego de investigar un poco y conversar con otros venezolanos en Brasil y otros países, descubrió que bitcoin es uno de los métodos que prefieren los emigrantes para ayudar a su familia en Venezuela.
Uno de los sitios más utilizados para comerciar criptomonedas como bitcoin en Latinoamérica es LocalBitcoins. De hecho, los intercambios en LocalBitcoins con monedas latinoamericanas alcanzaron sus máximos históricos hace unos días. Venezuela, por su parte, ha ocupado el segundo lugar en cuanto al comercio mundial de bitcoins en esta plataforma, siendo superado apenas por Estados Unidos. Una de las razones que podría impulsar estas altas cifras es el envío de remesas por medio de la plataforma.
Pero antes de poder utilizar este método, Antonio debió aprender sobre el funcionamiento de la criptomoneda y enseñar a sus padres también. Fue fácil, debido a que la popularidad que ha ganado bitcoin ha hecho que abunde información sobre este tema y sea un término bastante buscado en Google.
Posteriormente, Antonio ingresó a LocalBitcoins para hacer su primer intercambio de reales por bitcoin. Luego de cumplir con el proceso KYC o «conoce a tu cliente» y AML o «antilavado de dinero», que se utiliza para disminuir las estafas, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, ya era un usuario verificado que podía realizar operaciones a cambio de bitcoins en la plataforma.
Ahora, Antonio cambia dos veces al mes una parte del sueldo que recibe en reales por su trabajo como panadero en Brasil, y lo envía a través de LocalBitcoins a la cartera de sus padres, quienes pasan los bitcoins a bolívares una vez los reciben. Ambas partes están enteradas de los riesgos que implica usar una cartera caliente como la de esta plataforma para almacenar los fondos, puesto que un ciberdelincuente puede atacarla con mayor facilidad.
Para reducir el riesgo, apenas Antonio envía las remesas, sus padres las cambian a moneda fiduciaria y disponen de ellas en el banco. Aunque, con este sistema, la inflación del país pone en riesgo su capacidad adquisitiva, y deben realizar compras la misma semana en que recibieron las remesas de Antonio, ya que en la nación caribeña los precios aumentan semanalmente.
Los bitcoins que Antonio envía a sus padres sirven para adquirir alimentos y algunos medicamentos, e incluso hay servicios médicos que aceptan este método de pago, como el oftalmólogo de su madre y el odontólogo de su padre.
Aunque la crisis humanitaria que vive el país y la deficiencia de los servicios públicos impide que sus padres vivan una vida tranquila (una buena parte del día no hay electricidad, Internet o agua en su casa), Antonio puede sentirse algo más aliviado, porque puede usar bitcoin para ayudar económicamente a su familia en Venezuela.
Brasil todavía no tiene una regulación específica para el uso que personas como Antonio le dan a las criptomonedas, aunque los diputados se encuentren discutiendo una regulación de los criptoactivos en el territorio.
De hecho, a finales de mayo, la Cámara de Diputados de Brasil creó una comisión para discutir un Proyecto de Ley que había sido introducido en el 2015 por el diputado Aureo Ribeiro y fue archivado durante cuatro años hasta abril de este 2019, cuando se presentó una nueva versión del documento, sin un plazo determinado para llegar a una conclusión.
