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La regulación de USDT debe incluir normas tributarias y contra lavado en Venezuela.
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USDT se usa de facto para pagos y ahorro pese a falta de regulación específica.
USDT, la stablecoin emitida por la firma Tether, se convirtió en salvavidas transaccional para muchos en un país con acceso restringido a dólares estadounidenses. Sin embargo, para Raymond Orta Martínez, director del Instituto Venezolano de Derecho Tecnológico, esta adopción masiva carece de la red de seguridad jurídica necesaria para proteger al ciudadano común.
Aunque Venezuela ya cuenta con un andamiaje legal, como el Sistema Integral de Criptoactivos y las normas contables BA VEN-NIF 12 que obligan a las empresas a registrar estos activos, Orta sostiene que la naturaleza privada de Tether introduce riesgos que la normativa actual no cubre del todo.
A diferencia de la naturaleza descentralizada de bitcoin (BTC), USDT depende exclusivamente de una directiva privada. Y, en entrevista exclusiva con CriptoNoticias, Orta advierte que esta distinción es un riesgo financiero crítico. «Si la empresa emisora enfrenta una quiebra o una intervención regulatoria internacional, los usuarios venezolanos podrían despertar con sus ahorros bloqueados», explica el jurista.
Tether mantiene reservas verificadas por la firma internacional de contabilidad BDO, las cuales, al 31 de diciembre de 2025, ascienden a más de 192.800 millones de dólares (con un exceso o colchón de 6.300 millones de dólares por encima de los pasivos), principalmente en bonos del Tesoro de EE.UU.
La empresa prohíbe explícitamente al Gobierno de Venezuela como usuario directo en sus términos de servicio y políticas de cumplimiento con sanciones de la OFAC de Estados Unidos. La prohibición no aplica a ciudadanos privados, pero Tether ha congelado wallets vinculadas a la evasión de sanciones en el pasado.
Algunos de los que usan USDT en Venezuela señalan que la stablecoin facilita transacciones rápidas y de bajo costo. Esto la convirtió en herramienta principal para pagos diarios, importaciones y preservación de valor en el país, donde la inflación anual alcanzó 549% en 2025, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Para ese mismo período, Chainalysis reportó que el país registró un volumen de 44.600 millones de dólares en transacciones con criptomonedas en un año.

Sunacrip renueva licencias a exchanges, pero no es suficiente
La Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) ha mantenido su pulso regulatorio renovando licencias a exchanges locales hasta 2026. Esta continuidad regulatoria se dio pese a que la Sunacrip atravesó una intervención profunda en marzo de 2023, tras el estallido del escándalo PDVSA-Cripto, que involucró desvíos multimillonarios de fondos petroleros a través de criptoactivos y llevó a detenciones masivas, suspensión temporal de operaciones y una reestructuración completa de la institución.
Orta subraya que autorizar a una plataforma para operar no equivale a regular el activo que circula en ella. «La autorización a un exchange no convierte a USDT en moneda de curso legal», puntualiza. Para el especialista, el Estado debe avanzar hacia un esquema de trazabilidad y control de origen de fondos que prevenga la legitimación de capitales, sin asfixiar la libertad de uso que ha permitido a la economía del ciudadano común sobrevivir a la elevada inflación.
Al venezolano no le quedó otra, fue empujado a adoptar USDT, que fue un activo que apareció a tiempo para cubrir estas necesidades. Pero no nos podemos olvidar que también ha habido temas de corrupción, legitimación de capitales y por eso debe ser regulado. No es posible, y lo digo porque he visto casos que están en curso judicial, donde una empresa dice que tenía 500 mil USDT. Y uno se pregunta, ajá muy bien, pero ¿usted de dónde sacó eso?, ¿cuál es el origen de esos fondos? Hay que tener en cuenta que cuando se habla de criptoactivos, las empresas pueden operar legalmente entre ellas, pero también se puede operar entre la delincuencia organizada, en cuyos tentáculos está también la legitimación de capitales.
Raymond Orta.
El especialista detalla que el intercambio de USDT por bolívares o bienes no constituye operación cambiaria formal, sino una permuta de activos (similar a intercambiar un bien por otro). No genera impuestos inmediatos por tenencia o intercambio según conceptos jurídicos actuales, pero advierte que las ganancias realizadas (venta) podrían gravarse. Recomienda normas contables, tributarias y de trazabilidad para transacciones entre venezolanos, empresas o particulares, incluyendo auditorías y control de origen de fondos para prevenir legitimación de capitales.

Debe haber equilibrio entre libertad de uso y prevención de abusos
Venezuela se mantiene en los puestos más altos de adopción de criptomonedas en la región, impulsada por una dolarización informal que encontró en las stablecoins su infraestructura más eficiente. Reportes de CriptoNoticias y analistas locales confirman que USDT es la herramienta predilecta para importaciones y preservación de valor frente a las restricciones bancarias internacionales.
No se trata de demonizar a USDT como criptoactivo, pero sí tiene que haber una regulación, tanto de control a nivel de exchanges como a nivel contable para que haya una historia para conocer por qué la gente lo tiene, lo usa. Los mecanismos de legitimación de capitales deben existir para reducir al mínimo los riesgos de que los criptoactivos puedan ser utilizados en delitos, igual como existe con el efectivo.
Raymond Orta.
«Debe haber regulación de diversos tipos, tanto para aceptarlo como medio de pago o legalizarlo en la práctica», indicó Orta. Propone estudiar trazabilidad, normas contables y tributarias específicas para USDT, diferenciándolo de bitcoin (tratado como materia prima en varios países). Advierte riesgos si cualquier entidad emite monedas sin control, y enfatiza equilibrio entre libertad de uso y prevención de abusos como lavado o evasión.
Tiene que haber una planificación efectiva basada en lo que es nuestra realidad para que haya libertad de mercado y también haya control de que esto no se convierta en un paraíso fiscal de criptodelincuentes. Tiene que haber un balance entre libertad, que es lo que la propuesta original de las criptomonedas y un control para evitar que se conviertan en distintos tipos de delitos a través de ellas. Por eso, se debe buscar un equilibrio a través de un control que no ahorque al particular y que permita disfrutar de las bondades de los criptoactivos, tanto para su inversión, como para protección de su patrimonio.
Raymond Orta.
Mientras tanto, Venezuela mantiene una de las tasas de adopción de criptomonedas más altas de Latinoamérica, impulsada por la dolarización informal y las restricciones al acceso a divisas tradicionales.









