“La regulación de Bitcoin en Venezuela ha sido un absoluto desastre”

Desde hace varios años, Venezuela cuenta con una regulación orientada al ecosistema de bitcoin (BTC) y las criptomonedas. Aprobada por una extinta Asamblea Nacional Constituyente, esta normativa se erigió como una de las primeras para el sector emergente en la región latinoamericana.

Sin embargo, el estado actual de esa regulación es, aunque vigente, ignorada. Y esto se debe a que el principal ente que hace velar esa normativa está actualmente intervenido y, por tanto, el sector de Bitcoin en Venezuela está parcialmente paralizado.

Según lo establecido en el Decreto Constituyente sobre el sistema Integral de Criptoactivos, aprobado en 2018, el uso de criptomonedas en Venezuela es legal. Además, la minería de Bitcoin está autorizada desde suelo criollo. Se trata de todo un marco normativo y estructurado que le da legalidad a la economía digital.

Por todo esto, la regulación de las criptomonedas de Venezuela es vista para algunos como una normativa pionera. Sin embargo, en las condiciones de incertidumbre actuales, esta regulación puede tener fácilmente tres destinos: su derogación, reformulación o mejoramiento, según tres especialistas en la materia legislativa y jurídica consultados por CriptoNoticias.

En esencia, son escenarios que podrían darle un giro al ecosistema de bitcoin en Venezuela. Ese país actualmente está sumido en la incertidumbre regulatoria y no puede operar en plena confianza como hace unos años, cuando estuvo compitiendo por liderar el ranking de naciones que más adoptan criptomonedas.

Roberto Hung, abogado venezolano especializado en activos digitales, expresamente asegura que la regulación de Bitcoin en Venezuela debe ser “absolutamente derogada”.

En conversación con este medio, Hung, quien además es consultor y analista, señaló que ni en Venezuela ni el mundo hace falta regular al ecosistema de Bitcoin, ya que cree que las criptomonedas “son fenómenos alegales”. Es decir, no se rigen por sistemas normativos legislados.

Hung disiente de la narrativa de que la regulación de las criptomonedas en Venezuela es pionera. Para él, es un discurso “impostor”. “Eso es una farsa”, señaló, y explicó que la intención real de regular al sector en Venezuela “no era otra que tener el poder por el poder mismo”.

“Lejos de ser pionera, ha sido un absoluto desastre. No solo por el ente que pretende regular, que es inexistente, sino porque no procuró en lo absoluto entender jurídicamente a ese fenómeno. Tenemos una manía por querer regular absolutamente todo el ecosistema de las criptomonedas, y en base a legislación, cuando estos sistemas tienen su propia regulación”.

Roberto Hung, abogado venezolano.

Hay que reformular la normativa venezolana

Una postura más matizada en torno a lo que se debe hacer con la regulación de las criptomonedas en Venezuela es la que mantiene Marlon Rojas, minero de Bitcoin y abogado venezolano, quien en contacto con CriptoNoticias aseguró que la normativa “debe revisarse y reformarse”.

Rojas, director ejecutivo de la firma minera Venecripto Servicios, afirma que la regulación de Bitcoin en Venezuela “no representa el verdadero espíritu del ecosistema”. Además, cree que esta norma fue elaborada de manera unilateral por parte de los funcionarios de la intervenida Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip).

Marlon, quien mina Bitcoin desde hace varios años, cree conveniente que los reguladores, los formuladores de políticas, los mineros y los usuarios venezolanos, “trabajen juntos para establecer un marco regulatorio coherente”. “Para construir un ecosistema de criptoactivos equitativo, inclusivo y sostenible”, dijo Rojas.

Rojas fue enfático al señalar que actualmente la actividad de regulación por parte del gobierno “no existe”. Y esto es por la intervención de Sunacrip. Para él no es poca cosa. Este escenario “conduce a una aplicación inconsistente y a una falta de coherencia en el enfoque regulatorio”.

Desde 2023, la Sunacrip fue intervenida por el gobierno venezolano. Esa entidad participó en el esquema de corrupción gubernamental más grande jamás ejecutado con criptomonedas. Se trata de la trama Pdvsa-Cripto, que costó la pérdida de unos USD 20.000 millones, según las cifras del gobierno.

Según las averiguaciones, Joselit Ramírez, presidente de Sunacrip, y otros funcionarios de esa entidad, participaron en el esquema. Se dice que recibieron los dólares provenientes de la venta ilegal de petróleo y los convirtieron en bitcoin.

Marlon Rojas, minero y abogado, no cree que haya que rehacer desde cero la normativa para regular al ecosistema de Bitcoin en Venezuela. Él afirma que ese conjunto de normas “es ideal para revisarlo, modificarlo y consolidarlo”.

Esto, “para aprovechar los beneficios y gestionar los riesgos”, dijo Rojas. “Su análisis e implementación requiere un delicado equilibrio entre prevenir daños, proteger a los usuarios y promover la innovación. Así como evaluar recomendaciones de organismos multilaterales”, señaló el especialista.

Solo hay que mejorarlo

Por su parte, el ingeniero y director de la Asociación Nacional de Criptoactivos (Asonacrip), Humberto Quevedo, está en el rango de quienes consideran que la regulación de Bitcoin en Venezuela se puede mejorar y que no hay que nada que cambiarle.

En conversación con CriptoNoticias, Quevedo, quien también dirige la firma CryptoLand VE, señaló que la normativa “se puede mejorar” desarrollando “ámbitos de la criptoeconomía que aún no se tocan”.

Él ve en esa regulación una buena base jurídica “para trabajar”, pero si de verdad existe interés por parte del Estado en ese sentido. Como lo ve, es necesario que por parte del gobierno se termine de definir “cómo y quién va a regular la industria de las criptomonedas en Venezuela”.

“Ahora mismo no sabemos cómo va a quedar eso. Si la Sunacrip o su derivado pasará a estar bajo el paraguas de la Superintendencia del sector Bancario (Sudeban) y todo el sistema fíat (cosa que nosotros no vemos positiva), o mantener la autonomía del sistema y más bien trabajar en la coordinación y control superior de las instituciones para evitar desvíos”.

Humberto Quevedo, director de Asonacrip.

Quevedo remarcó que las criptomonedas podrían “coadyuvar en el desarrollo estratégico de la nación”, sobre todo en el contexto de las sanciones económicas que pesan sobre el país caribeño. Valora en consecuencia el marco normativo que existe alrededor del sector emergente, ya que ayuda a enfrentar esa situación.

Bitcoin no necesita leyes

Las visiones de los especialistas en torno a lo que se debe hacer con la regulación de Bitcoin en el país caribeño, no pasan por alto el hecho de que este sistema monetario, así como el de las criptomonedas en general, no ha necesitado de las legislaciones para funcionar y operar en Venezuela.

Los expertos reconocen que, actualmente, el ecosistema de las criptomonedas está más que acentuado en Venezuela. Esto se nota ya que la paralización se cierne sobre los operadores locales, como mineros o casas de intercambio. Pero los usuarios han sabido emanciparse y han dado pie al uso de plataformas internacionales y, desde luego, el sistema de Bitcoin en sí mismo.

Muestra de esto es el mercado entre pares de criptomonedas que, en Venezuela, tiene alto auge. En Binance, el mayor exchange de criptoactivos del mundo, hay miles de ofertas de compra y venta de activos digitales usando bolívares como intercambio. Se trata de ofertas que, en algunos casos, suponen el comercio de decenas de miles de bolívares por BTC, ether (ETH), USD Tether (USDT) y otros criptoactivos.

Algo similar se nota en el bot de Telegram lnp2p2bot, mediante el cual es posible comprar y vender bitcoin de persona a persona, sin intermediarios (como Binance) y de forma instantánea, gracias al uso de la red Lightning de Bitcoin.

En el canal del bot es posible hallar miles de ofertas de compra y venta de BTC por bolívares, con diversos bancos y plataformas como medios de pago por el trade.

Así, se comprueba que, aunque se mantiene el limbo regulatorio en Venezuela, no existe situación que impida el libre desenvolvimiento del ecosistema que no conoce de amarras y está amparado en la descentralización.