“Preocupa que la nueva regulación de Argentina sea copiar y pegar al GAFI”

El contar con un registro de proveedores de servicios virtuales fue un factor determinante para que Argentina no entrara en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), comenta Alberto Mendoza, director de supervisión de la Unidad de Información Financiera (UIF), resaltando los avances logrados en la regulación del país. 

Las palabras del funcionario de la UIF fueron parte de la charla sobre el impacto de las regulaciones en el ecosistema cripto argentino, que se realizó en el marco de LaBitConf 2024. Con ellas se refirió al registro de exchanges de criptomonedas que se abrió en marzo pasado.

En el evento también participaron el presidente de la ONG Bitcoin Argentina, Ricardo Mihura; y el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva; junto a Pedro Inchauste, director del Banco Central. 

Mendoza, quien también es representante de Argentina ante el GAFI, destacó la importancia de haber aprobado el informe de Evaluación Mutua que el organismo de acción financiera presentó el pasado mes de octubre, aprobando las medidas tomadas por el gobierno de Argentina contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.  

«Evitamos las repercusiones económicas negativas que implican estar en la lista gris», acotó, explicando que este hecho podría haber generado que el país perdiera puntos en detrimento del Producto interno Bruto (PBI). Citó en particular la llamada Regla de Viaje del GAFI, que establece obligatoriedad de los exchanges a entregar información de los usuarios. Un hecho que al presidente de la ONG Bitcoin Argentina le pareció muy bueno, aunque dio a conocer sus cuestionamientos. 

«Desde el punto de vista de los usuarios de criptomonedas, que no nos consideramos narcotraficantes ni terroristas, nos preocupa que la nueva etapa de la regulación argentina pase a ser copiar y pegar las cosas del GAFI«, expresó Ricardo Mihura.  

Nosotros no debemos obedecer a las leyes del GAFI, obedecemos a las leyes del Congreso. Debe responderse a ellas con el criterio de racionalidad cuya característica más importante es sacrificar lo menos posible las garantías individuales.  

Ricardo Mihura, presidente de ONG Bitcoin Argentina. 

Mihura indicó que estaba hablando en nombre de la comunidad de usuarios de criptomonedas, y no de las empresas.  

“Estamos angustiados y preocupados y por eso nuestro llamado es a que se obedezcan las normas establecidas en la Constitución”, añadió señalando que las leyes para el sector no deberían responder a lo que diga un organismo internacional, en detrimento de los derechos como la privacidad de los ciudadanos. 

Sobre ello, el director de la UIF contestó que Argentina debe cumplir con los compromisos que se asumen internacionalmente porque forma parte de un concierto de naciones.  

«Sé que representas la voz de muchos. Claro que somos un país soberano, pero no estamos aislados», indicó Mendoza, recordando que las decisiones del GAFI se toman a través de la votación de las delegaciones de los países miembros.  

Y si el país es miembro del GAFI debe asumir la obligación de adoptar lo que se plantea. No es un copia y pega, pues muchas de las normas que se aplican y que se planea aplicar para regular el ecosistema argentino están adaptadas a este mercado y la idiosincrasia del país. 

Alberto Mendoza, director de la UIF. 

La CNV someterá la propuesta a consulta pública

En este punto intervino Roberto Silva, presidente de la CNV, reiterando que la propuesta regulatoria que prepara el gobierno será sometida a debate y consulta pública. Se trata de un conjunto de normas para el funcionamiento de los exchanges de criptomonedas que se espera se presenten muy pronto, pues Silva asegura que están adelantados. 

Tal como informó CriptoNoticias, Silva promete que no habrá sobrerregulación y afirma que están tomando en cuenta las conversaciones que se han sostenido con miembros del ecosistema argentino en los últimos meses.   

«Se les va a escuchar, pondremos el mayor empeño en entenderlos y luego decidiremos cuál es el mejor camino para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la norma, procurando no obstaculizar la actividad», concluyó Silva.