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La ley prohíbe el insider trading y exige divulgaciones anuales a los emisores de criptoactivos.
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La norma entraría en vigor a partir del año fiscal 2027 si el Parlamento la aprueba.
El Gabinete de Japón aprobó este viernes 10 de abril un proyecto de ley que traslada la regulación de las criptomonedas al marco de los productos financieros tradicionales. La iniciativa busca reclasificar estos activos bajo la Ley de Intercambio e Instrumentos Financieros (FIEA), alejándolos de la Ley de Servicios de Pago que los regía hasta ahora.
El cambio supone que activos como bitcoin (BTC) dejarán de ser tratados legalmente solo como medios de intercambio para ser supervisados con el mismo rigor que las acciones o los bonos.
La Agencia de Servicios Financieros (FSA) justificó este movimiento tras detectar un cambio en el uso de estos activos, que han pasado de ser herramientas de pago a vehículos de inversión especulativa.
Este cambio de comportamiento vino acompañado de un aumento en las denuncias por fraudes y manipulación de mercado desde 2025. Según la FSA, la normativa previa, centrada en la fluidez de los pagos, carecía de las herramientas necesarias para auditar la solvencia de las plataformas y proteger el patrimonio de los usuarios ante abusos corporativos.
Bajo la nueva normativa, liderada por la ministra de Finanzas Satsuki Katayama, el sector deberá adoptar protocolos de transparencia hasta ahora reservados para la banca convencional.
Se prohibirá formalmente el uso de información privilegiada (insider trading) y los emisores de activos deberán publicar informes anuales auditados. “Buscaremos garantizar la equidad y la protección del inversor ante los cambios en los mercados de capitales”, afirmó Katayama, subrayando que la prioridad es la seguridad del sistema financiero frente al crecimiento descontrolado de activos no regulados.
El endurecimiento de las reglas incluye un incremento sustancial en las sanciones penales. Las empresas que operen sin licencia podrían enfrentar penas de hasta diez años de prisión, frente a los tres actuales, y multas de hasta 10 millones de yenes (unos 62.770 dólares).
Esta estructura de castigos busca forzar una depuración en el mercado japonés, donde la Comisión de Vigilancia del Intercambio de Valores asumirá un rol activo en la supervisión técnica de las operaciones diarias.
Aunque gran parte de la industria local considera que la medida aporta claridad legal, existen dudas sobre su impacto en la innovación. Pequeñas empresas del sector advierten que los elevados costos de cumplimiento y las exigencias de auditoría anual podrían expulsar del mercado a los actores con menos capital, concentrando el sector en manos de grandes conglomerados financieros. El proyecto de ley será debatido ahora en el Parlamento y, de recibir luz verde, entrará en vigor en el año fiscal 2027.
Esta medida del Gabinete representa un avance en un proceso regulatorio que Japón inició en noviembre de 2025, como fue reportado por CriptoNoticias. En esa fecha, la Agencia de Servicios Financieros (FSA) ya estudiaba reclasificar 105 criptomonedas listadas en exchanges locales, incluyendo bitcoin y Ethereum, como productos financieros.
Las autoridades también analizan reducir la tasa impositiva sobre ganancias de cripto del 55% actual a un 20% fijo, similar a la aplicada a las inversiones en acciones, y permitir el uso de criptoactivos como base para fondos cotizados en bolsa a partir de 2028.
