Incautar bitcoin directo de los exchanges ya es legal en Brasil

Brasil avanza hacia donde ni siquiera Bitcoin escapará de las garras del sistema judicial. Esto es porque el Tribunal Superior de Justicia (STJ) acaba de fallar que los jueces pueden ordenar a plataformas como Binance o Mercado Bitcoin congelar y transferir fondos de deudores, sin aviso previo.

En sí, la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia de Brasil determinó ayer, por unanimidad, que los jueces pueden ordenar a los exchanges de criptomonedas la incautación directa de activos digitales para saldar deudas judiciales. Esta resolución equipara el tratamiento de las criptomonedas al de los fondos tradicionales en cuentas bancarias, bajo el argumento de que muchos deudores usan criptoactivos para evadir sus obligaciones.

Los cinco ministros que integran la sala —Humberto Martins, Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro y el juez convocado Carlos Cini Marchionatti— respaldaron el recurso presentado por un acreedor.

El caso surgió cuando un acreedor, tras ganar un proceso judicial contra la empresa Pearson Education do Brasil Ltda., no encontró fondos en las cuentas bancarias del deudor a través del sistema BacenJud, que permite bloquear activos en bancos tradicionales sin notificación previa. Ante esta ausencia, el acreedor recurrió al STJ, que dio luz verde para extender la búsqueda a los exchanges de bitcoin y criptomonedas.

El relator del STJ, Humberto Martins, recordó que, según la jurisprudencia del STJ, así como la ejecución debe tramitarse de la forma menos gravosa para el deudor, se debe satisfacer el interés del acreedor que, mediante el embargo, busca la liquidación de la deuda impaga, según un comunicado del STJ

La decisión allana el camino para que los jueces envíen oficios a los exchanges exigiendo información sobre los saldos de los deudores y procediendo a su bloqueo.

Además, el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) ya trabaja en el desarrollo del sistema CriptoJud, una herramienta similar al BacenJud pero diseñada específicamente para rastrear y confiscar activos digitales.

Aunque el ministro Villas Bôas Cueva reconoció desafíos técnicos —como la falta de regulación específicamente para el sector de las criptomonedas y la naturaleza descentralizada de bitcoin—, insistió en que «las autoridades públicas deben adoptar soluciones prácticas» ante el creciente uso de criptomonedas en el país.

Marco legal: Un proceso a medio camino

En Brasil, no hay una regulación específica y completa para los activos digitales, aunque sí existen normas fiscales (Receita Federal) y avances judiciales que las integran al marco legal existente. Las criptomonedas operan en una zona gris: no son ilegales ni de curso legal, pero son reconocidas como activos patrimoniales sujetos a declaración y, ahora, a incautación. El Congreso sigue debatiendo una ley integral, pero mientras tanto, el Poder Judicial y las autoridades fiscales están estableciendo las reglas del juego.

El «Marco Legal de las Criptomonedas» del país fue aprobado y sancionado el 21 de diciembre de 2022 durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Esta ley establece directrices para la prestación de servicios de activos virtuales y su regulación, además de introducir modificaciones al Código Penal para tipificar delitos relacionados con fraudes con criptoactivos.

Sin embargo, el Marco Legal de Criptomonedas está parcialmente implementado, ya que su aplicación práctica dependía de regulaciones secundarias que debían ser emitidas por el Banco Central de Brasil (BCB), designado como el principal ente regulador del sector de criptoactivos.

Tras la entrada en vigor, el BCB comenzó a trabajar en las normas específicas para implementar la ley. En diciembre de 2023 emitió la Resolución BCB nº 359, que estableció las primeras reglas para las empresas de criptoactivos, exigiendo que las prestadoras de servicios (como exchanges) obtengan autorización previa para operar y cumplan con requisitos de gobernanza, prevención de lavado de dinero y protección al consumidor. Además, se dio un plazo de transición de seis meses (hasta mediados de 2024) para que las empresas ya activas se ajustaran a estas normas.

Aunque la ley marcó un avance al reconocer legalmente las criptomonedas como activos financieros y establecer un marco básico, su implementación ha sido gradual. Y hasta abril de 2025, el BCB sigue refinando las regulaciones, y algunos aspectos, como la supervisión detallada de operaciones transfronterizas o la integración total con el mercado de cambios, aún están en proceso de definición.

La falta de una regulación completa desde el inicio generó críticas iniciales, como las expresadas en artículos de Conjur en 2023, que señalaban que la ley entró en vigor «sin relevancia práctica inmediata» por la ausencia de normas detalladas.

Alarma en la comunidad de bitcoin

En todo caso, la decisión del STJ ha encendido las alarmas en la comunidad brasileña que gira en torno a bitcoin, y las reacciones no se han hecho esperar. En X, un usuario anónimo advirtió:

«El bloqueo de saldos en las casas de bolsa será utilizado próximamente como herramienta ante cualquier indicio de ‘delito’ según las leyes estatales. Una simple pelea entre una pareja puede culminar en una denuncia por violencia psicológica y acoso moral, lo que lleva a CriptoJud a realizar una ‘acción preventiva’ para bloquear el saldo de las cuentas propiedad de los acusados».

El comentario sugiere que el alcance de CriptoJud podría ir más allá de los deudores, afectando a cualquier persona bajo sospecha legal. «Usted puede observar cómo sucede todo esto y permanecer exactamente donde está, comprando normalmente en los exchanges y esperando que nada de esto le afecte nunca, o puede renovar su estrategia y migrar al mercado P2P mientras todavía haya tiempo», agregó el usuario, instando a los brasileños a reconsiderar su exposición a los exchanges centralizados.

Otros usuarios de X dicen que lo mejor es aprender que la autocustodia será lo más conveniente para proteger sus fondos en bitcoin. También hay quienes expresaron preocupación, señalando que «la decisión coloca a todo el mercado de criptomonedas bajo el radar judicial» y enfatizan la diferencia entre dejar fondos en plataformas centralizadas y controlarlos en monederos personales. La medida aviva el debate sobre la seguridad y la autonomía en un mercado ahora bajo la lupa judicial.