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CIADI aceptó la solicitud de Próspera de un arbitraje internacional en su conflicto con el gobierno.
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El equipo legal de Próspera asegura que la decisión tomada por el gobierno es nula.
En el marco del conflicto que enfrenta a Honduras con la ciudadela bitcoiner de Próspera, el gobierno de Xiomara Castro recibió el respaldo de un grupo de 85 economistas miembros de la Internacional Progresista, una organización que engloba a progresistas y activistas de izquierda. Esto, al tiempo que el equipo legal del proyecto califica las acciones gubernamentales como «nulas».
Los economistas y activistas de varios países que conforman el grupo, firmaron un documento en apoyo a la decisión tomada hace unas semanas por el gobierno hondureño de retirarse del convenio firmado con el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Se trata de un tribunal de arbitraje internacional que depende del Banco Mundial y que establece un marco jurídico para la resolución de disputas entre inversionistas extranjeros y estados anfitriones.
Cabe recordar que fue ante el CIADI, que en 2022 los inversionistas de Próspera demandaron a Honduras por USD 10.700 millones. Reclaman al gobierno por su intención de eliminar la ley que permitió crear las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE), normativa que rige a la ciudadela y que promulgó el expresidente Juan Hernández (2014-2022).
En virtud de lo anterior, la ZEDE de Próspera, ubicada en la isla caribeña de Roatán, se halla en un limbo legal luego de que el Congreso votara contra la ley, aunque la derogatoria aún no ha sido ratificada.
En ese sentido, la Internacional Progresista considera que la demanda de la ciudadela bitcoiner representa «un poderoso caso de abuso corporativo que busca obtener dos tercios del presupuesto anual del país como compensación por derogar la ley que cedió territorio hondureño a corporaciones extranjeras». Califican a los inversionistas de Próspera como «criptomillonarios».
Cuestionan así que en ese territorio existan ciudades privadas que operan de forma autónoma al gobierno, y que se reclame un monto que consideran «impagable».
El conflicto se viene agudizando desde febrero pasado, cuando el CIADI registró y aceptó formalmente la solicitud presentada por Próspera en contra de la República de Honduras.
El próximo paso sería la designación de árbitros. Una situación que no agradó al gobierno hondureño, que procedió a realizar una «declaración escrita de denuncia» contra el CIADI. El país anunció así su salida del organismo para finales de agosto de este año.
No obstante, Honduras «estará obligada a respetar el resultado del arbitraje y cualquier otra decisión que se presente antes de septiembre», según afirmó José Luis Moncada, exdirector del Organismo de Control Financiero de Honduras.
Después de esa fecha, el país no estará sujeto a las disposiciones del CIADI en materia de la resolución de disputas sobre inversiones. Lo que aumenta la incertidumbre en torno al reclamo de Próspera.
Próspera recurrirá a otros marcos internacionales
En defensa de la ciudadela, Jorge Colindres, secretario técnico de Próspera, envió a CriptoNoticias el análisis realizado por la Fundación para la Libertad Económica de Honduras.
En el documento, un grupo de abogados señala que la decisión del Poder Ejecutivo se tomó sin consultar ni contar con la aprobación previa por parte del Congreso Nacional de la República. Lo que hace que la acción de retiro del tratado sea nula.
«Para que Honduras se retire de convenios y tratados internacionales de los cuales es parte, se requiere la autorización tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, por la simple razón de que para adherirse al tratado o convenio se requirió la aprobación de ambos Poderes del Estado», señala el grupo de abogados que respalda a Próspera.
Agregan que, en virtud de estos principios legales, el gobierno no puede denunciar tratados o convenios de forma unilateral. Alegan también que el proyecto sigue estando protegido por numerosos marcos legales a nivel nacional e internacional.
Según las declaraciones del secretario técnico, las garantías incluyen derechos adquiridos constitucionalmente por los inversionistas, un acuerdo de estabilidad legal de 50 años que da garantías a los inversionistas, y la protección que otorga el derecho internacional a través del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y el Tratado Bilateral de Inversiones entre Estados Unidos y Honduras.
«Todos estos acuerdos incluyen disposiciones sobre protección de inversiones y mecanismos de resolución de disputas, que podrían ofrecer a los inversionistas extranjeros una alternativa viable en ausencia del CIADI«.
Los inversionistas de Prospera aún esperan llegar a un acuerdo con el gobierno de Xiomara Castro que favorezca a ambas partes, tal como acota Colindres. La idea es que se reconozcan los acuerdos firmados en relación con las ZEDE que funcionan en Honduras y que las inversiones en Próspera sean protegidas.
Mientras tanto, los habitantes de Roatán tienen opiniones divididas en torno al conflicto, y los bitcoiners que hacen vida en la isla siguen adelante con sus actividades. Todos están en alerta ante los acontecimientos.
La ciudadela de Próspera se lanzó en 2020 con la promesa de un paraíso libertario. Se ha hecho conocida en el ecosistema por su decisión de declarar a bitcoin (BTC) como moneda de curso legal y unidad contable. La ciudad chárter promete, a los inversionistas y a las comunidades de la isla, bajos impuestos, generación de empleos y regulaciones favorables a las criptomonedas.
