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La ley en cuestión es la Regulación (UE) 2023/1113, también llamada Travel Rule o regla de viaje.
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Esta ley pretende combatir el lavado de dinero en Europa.
Edward Farina, un trader de criptoactivos, denunció cómo Crypto.com aplicó la regla de viaje (travel rule) a su depósito de XRP en el exchange antes de que la ley entrara en vigencia en la Unión Europea. La regla de viaje, cuyo nombre es Regulación (EU) 2023/1113, busca que información adicional sobre los involucrados en una transacción “viaje” junto a la transferencia de fondos con criptomonedas y dineros digitales. Esta forma parte de la Ley MiCA, un conjunto de normas que determinarán el funcionamiento de los exchanges de criptomonedas a partir de 2025.
Regresé a mi país de origen y envié 12 $XRP como prueba. A pesar de que la “regla de viaje” no entra en vigencia hasta el 30 de diciembre, crypto.com se negó a acreditar mis fondos automáticamente. Es 27 de diciembre y no viajaré, entonces, ¿por qué crypto.com ya está violando mis derechos?
Edward Farina, un trader de criptoactivos
De acuerdo con Farina, la regla de viaje está siendo forzada antes de tiempo, lo que para él constituye una violación de sus derechos. Además, estaría siendo “aplicada incorrectamente” pues realizó la transacción desde su país de origen, no estando de viaje. No obstante, la aplicación de la travel rule no depende del país donde se esté. Aplica en la Unión Europea completa y en otras jurisdicciones que han adoptado las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La aplicación de esta regla de viaje ha sido común, por ejemplo, en el Reino Unido, como informó CriptoNoticias. También en Canadá. Esta obligación de cumplimiento no es nueva, incluso cuando entrará en vigor el penúltimo día de diciembre en toda la Unión Europea: ha sido aplicada irregularmente por algunos países del mundo.
Ciertos usuarios no muestran malestar por la medida de intercepción de datos, y aseguran que los depósitos solo son un poco más lentos que antes. Otros recuerdan que el control de información privada por parte de los Estados, instituciones centralizadas y gobiernos supone una vulnerabilidad para los individuos, y recomiendan la autocustodia.
¿Qué es la regla de viajes?
La “regla de viaje” hace referencia al “viaje” de la información, no del usuario, conforme al principio de que en cada institución financiera por donde pasa, dicha información adjunta del emisario y el beneficiario de los fondos debe quedar registrada. De esta manera, las instituciones que “garantizan” el cumplimiento de las leyes financieras y de anti-lavado de dinero en la UE pueden solicitar datos sobre una transacción económica digital e interceptar los fondos considerados ilícitos en cualquier punto del tiempo.
En resumen y según el Diario Oficial de la Unión Europea, la travel rule, que ya aplicaba a transacciones corrientes y empezará a aplicar a criptoactivos a partir del 30 de diciembre, impondrá “la obligación de los proveedores de servicios de pago de acompañar las transferencias de fondos con información sobre el ordenante y el beneficiario de manera uniforme” a lo largo de la UE. La travel rule generalizada viene con la entrada en vigencia de la segunda fase de la llamada Ley MiCA, la cual CriptoNoticias ha reportado exhaustivamente.
Según Notabene, una empresa que ofrece servicios de asesoría de cumplimiento, los requisitos solicitados a las plataformas financieras, como los exchanges, sobre los usuarios de la Unión Europea son las siguientes: nombre del emisario, número de cuenta, dirección física, número de identidad nacional, número de identificación del cliente o fecha y lugar de nacimiento. La información recopilada del beneficiario es más reducida. De acuerdo con la misma empresa, “el umbral de transacción de declaración habitual es de 1000 USD, aunque en Estados Unidos es de 3000 USD”.
Por su parte, la información de identidad recopilada sobre los usuarios deberá transmitirse a la institución financiera receptora de los fondos, que puede ser otro exchange o un banco, junto con la transferencia de fondos. Además, las instituciones financieras deberán mantener registros de la información por al menos cinco años, e informar constantemente a los reguladores sobre transacciones sospechosas.
