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La ley impone nuevos términos a los servicios de transferencia de criptomonedas.
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En EE. UU. ahora mismo hay 16 estados con proyectos vigentes sobre reservas de criptoactivos.
El Congreso de Connecticut ha aprobado ayer una ley que prohíbe al gobierno estatal invertir, aceptar o mantener criptoactivos como bitcoin (BTC). Además, la legislación también impone cambios en la regulación sobre la industria detrás de estos activos.
El proyecto, que figura bajo el código HB7082, fue aprobado por unanimidad en ambas cámaras de la legislatura estatal, y espera ser firmado. Su entrada en vigor está prevista para el próximo mes de octubre.
La iniciativa se titula oficialmente An Act Concerning the Regulation of Virtual Currency and State Investments (Ley sobre la regulación de monedas virtuales y las inversiones estatales).
Además de la prohibición de una reserva de bitcoin, un aspecto clave del texto es la nueva clasificación de los proveedores de servicios de transferencia de fondos que operan con criptomonedas, incluyendo a quienes gestionan cajeros automáticos de bitcoin o «kioscos de monedas virtuales».
Estos operadores deberán registrar a sus clientes y diferenciar entre usuarios nuevos y recurrentes, basándose en el número de transacciones realizadas y el tiempo transcurrido desde su registro.
La iniciativa establece también las condiciones bajo las cuales una persona o entidad puede ser considerada como alguien que tiene «control» sobre una empresa dedicada a la transferencia de fondos relacionados con criptoactivos, así como los criterios para ser reconocido como un «inversor pasivo» dentro de la misma. Este enfoque busca identificar con claridad quiénes ejercen poder de decisión dentro de las compañías que manejan fondos de terceros mediante monedas digitales.
Entre las primeras condiciones, se destaca poseer al menos el 25% de las acciones con derecho a voto, tener la capacidad de designar a la mayoría de los directivos o ejercer una influencia decisiva en la gestión y políticas de la firma. Por otro lado, para ser reconocido como un «inversor pasivo», una persona debe demostrar que no participa en la administración ni en la toma de decisiones de la entidad.
Mientras Connecticut adopta una postura restrictiva hacia las criptomonedas, otras regiones de Estados Unidos avanzan con enfoques abiertos e innovadores. Entre los casos más recientes, se encuentra Texas, donde el Congreso aprobó el último mes un proyecto de ley para crear una reserva de bitcoin.
Además, como reportó CriptoNoticias, New Hampshire aprobó una ley que autoriza al tesorero estatal a destinar un porcentaje de fondos públicos a una reserva estratégica de bitcoin. Esta medida busca proteger las finanzas estatales frente a la inflación y la depreciación del dólar.
De manera paralela, Arizona y Oregón han promovido regulaciones que avanzan en la integración de las criptomonedas dentro de sus territorios.
Arizona dio luz verde a la creación de un fondo especial para activos digitales no reclamados, mientras que Oregón actualizó su código comercial para reconocer los criptoactivos como garantía válida en contratos, facilitando su uso en transacciones comerciales y operaciones crediticias.
Según la firma de análisis Bitcoin Laws, se han presentado 48 proyectos relacionados con reservas de bitcoin en 26 estados. De estos, 31 siguen en trámite legislativo en 16 jurisdicciones.