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La presión de FINTRAC empuja a las firmas hacia países con regulación más amigable.
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La situación canadiense sirve de espejo a Paraguay que endurece el control fiscal.
Bajo una nueva política de tolerancia cero, el Centro de Análisis de Informes y Operaciones Financieras de Canadá (FINTRAC) está revocando licencias a proveedoras de servicios con bitcoin (BTC) y criptomonedas, desplazando a decenas de empresas de servicios monetarios (MSB) que no logran alinearse con los nuevos estándares de cumplimiento.
La ofensiva alcanzó un punto crítico el pasado 17 de marzo, cuando el ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, confirmó la baja de 23 licencias en una sola jornada. Esta medida eleva a 50 el total de revocaciones en lo que va de 2026, de las cuales 47 corresponden exclusivamente a entidades vinculadas con criptoactivos, incluyendo exchanges, custodios y operadores de cajeros automáticos.
La relevancia de estas acciones radica en la celeridad con la que el gobierno de Ottawa, la capital de Canadá, decidió actuar. Según el ministro Champagne, esta cifra récord es el reflejo de una estrategia deliberada para mitigar riesgos de lavado de dinero y fraude.
Solo hoy se han producido 23 revocaciones licencias de MSB. Esto representa un ritmo de acción significativamente mayor, y nuestro gobierno mantendrá este impulso.
François-Philippe Champagne.
Este endurecimiento normativo se apoya en el Proyecto de Ley C-12, una pieza legislativa diseñada para otorgar a FINTRAC mayores facultades de aplicación y supervisión. Las bajas registradas afectan a empresas locales, pero también a operadoras internacionales con sede en Eslovaquia y el Reino Unido que prestaban servicios en suelo canadiense.
Para las empresas del sector, la pérdida de la licencia suele ser la culminación de un proceso administrativo por falta de actualización de datos. También puede ser por incumplimiento en el reporte de transacciones sospechosas o, simplemente, la incapacidad de responder a los exhaustivos requerimientos de información de los reguladores.
Si bien sectores del sistema financiero tradicional aplauden la medida como una protección necesaria para la integridad del mercado, la comunidad de bitcoin y otros activos digitales observa con cautela. La principal preocupación radica en que este cerrojazo regulatorio limita el acceso a servicios legítimos y asfixia a pequeños operadores que no cuentan con el músculo financiero para cubrir los crecientes costos de cumplimiento.
Las empresas afectadas disponen de un plazo de 30 días para solicitar una revisión de sus casos. Sin embargo, con la reciente creación de la Agencia Canadiense de Delitos Financieros y el aumento de recursos para la Real Policía Montada (RCMP), el mensaje de Ottawa es que el ecosistema Bitcoin en Canadá ha dejado de ser una zona gris para convertirse en un terreno de vigilancia estricta.
El espejo del Sur: la alerta en Paraguay
Este fenómeno de presión institucional no es exclusivo del hemisferio norte. En el cono sur, Paraguay, un país que se perfilaba como el gran refugio regional para la minería de Bitcoin y la libertad financiera, enfrenta hoy un giro de timón similar al de Canadá tras la implementación de la Resolución General N° 47/26.
Como lo informó CriptoNoticias recientemente, bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), el país sudamericano pasó de ser un ambiente de puertas abiertas a una fiscalización agresiva que exige detalles técnicos sensibles. Esto incluye hasta el hash de las operaciones y direcciones de monederos de activos digitales.
Al igual que en Canadá, este endurecimiento de los reguladores paraguayos está forzando un potencial éxodo de usuarios y emprendedores hacia jurisdicciones más competitivas como Panamá o El Salvador, transformando una oportunidad histórica de liderazgo digital en un escenario de incertidumbre migratoria.
