Bitcoiners de EE. UU. ejercen la defensa de las wallets de autocustodia 

En Estados Unidos, la comunidad bitcoiner ha intensificado sus esfuerzos para proteger el derecho a la autocustodia de criptoactivos, un principio fundamental en el ecosistema de Bitcoin, ya que permite a los usuarios mantener el control total de los fondos sin depender de terceros, como bancos o plataformas centralizadas.      

Desde Save Our Wallets, un proyecto liderado por Bitcoin Design, una comunidad de código abierto, se ha lanzado una campaña para oponerse a interpretaciones legales que podrían restringir el acceso a las mejores wallets de autocustodia y limitar la innovación en el ecosistema de Bitcoin.  

En diciembre de 2020, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), agencia del Tesoro de EE. UU., clasificó como «negocios de servicios monetarios» (MSB) a los servicios auxiliares que apoyan las wallets de autocustodia.  

Esos servicios incluyen herramientas como mezcladores (mixers), nodos de la red Lightning Network (LN), secuenciadores de rollups (usados en soluciones de escalado de Ethereum), interfaces de aplicaciones descentralizadas (DeFi), y otras, usadas en aplicaciones que mejoran la privacidad, escalabilidad o funcionamiento de aquellos monederos. 

La movilización en contra de aquella clasificación, respaldada por ejemplo por el desarrollador bitcoiner Matt Corallo, busca apoyar la “Blockchain Regulatory Certainty Act” (en castellano Ley de Certeza Regulatoria para Blockchain), una propuesta legislativa de 2023 que apunta a aclarar el marco normativo para las tecnologías vinculadas a las criptomonedas, entre ellas, las que facilitan la autocustodia. 

La advertencia de un desarrollador de Bitcoin Core 

Corallo, un reconocido desarrollador de Bitcoin Core (el cliente de software más utilizado para operar nodos en la red de Bitcoin) manifestó en una publicación en X del 3 de junio su preocupación por las implicaciones de las políticas actuales.  

Según él, “tenemos una sola oportunidad para corregir la ley, o los estadounidenses simplemente no tendrán acceso a las mejores wallets disponibles y los desarrolladores de EE. UU. quedarán excluidos de ofrecer la mejor experiencia de usuario”.  

Esa expresión de Carallo refiere a la necesidad de aprobar la propuesta “Blockchain Regulatory Certainty Act”. Conforme a su visión, esta enmienda proporcionaría un «puerto seguro» para los desarrolladores y proveedores de servicios de autocustodia, eximiéndolos de ser clasificados como “negocios de servicios monetarios” bajo las leyes estatales y federales, siempre que no controlen los fondos de los usuarios. 

¿Qué significa que una wallet sea considerada un «negocio de servicios monetarios» (MSB)? 

En el contexto regulatorio de Estados Unidos, un “negocio de servicios monetarios” (MSB) es una categoría establecida por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), que abarca entidades dedicadas a actividades como la transmisión de dinero, el cambio de divisas o la gestión de fondos.

Esas entidades, entre las que quedaron, por ejemplo, los exchanges de criptomonedas, están reguladas bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés) para prevenir el lavado de dinero, lo que implica requisitos estrictos como el registro ante FinCEN, la implementación de programas antilavado (AML) y KYC (verificación de identidad), reportes financieros detallados y, en muchos casos, licencias estatales. 

Cuando la FinCEN clasificó en diciembre de 2020 a las aplicaciones o plataformas relacionados con wallets de autocustodia como MSB, estas quedaron sujetas de cumplir con las mismas normativas que bancos o casas de cambio, aunque no controlen directamente los fondos de los usuarios.  

¿Cómo afecta a los usuarios esa interpretación? 

Corallo señaló que, durante la administración del presidente Joe Biden, el Departamento de Justicia (DOJ), una agencia federal del gobierno de EE. UU., también entendió a los servicios relacionados con wallets de autocustodia como MSB.  

El DOJ ha liderado las acciones legales que aplican esa interpretación, como en los casos contra Samurai Wallet (2024) y Tornado Cash (2022), donde argumentó que estas aplicaciones, al facilitar transacciones de criptomonedas, operaban como MSB sin registro, violando la Ley de Secreto Bancario (BSA). 

Esta definición, afirmó el desarrollador de Bitcoin Core, no solo afecta a servicios enfocados en la privacidad como los mencionados en el párrafo anterior, sino que también abarca tecnologías auxiliares que proveen esas aplicaciones o plataformas, esenciales para la escalabilidad y usabilidad de las criptomonedas (nodos de la LN, aplicaciones DeFi, etc).  

Corallo advirtió que «prácticamente todas las tecnologías desarrolladas para mejorar la escalabilidad, la privacidad o la experiencia de usuario en criptomonedas requieren algún tipo de servicio auxiliar», los cuales podrían volverse ilegales bajo la interpretación de la FinCEN.  

Ante todos los requisitos regulatorios que esos servicios deben cumplir, el impacto negativo para los usuarios incluye: restricción de acceso a herramientas avanzadas, aumento de costos para desarrolladores, pérdida de privacidad, afectación a la descentralización, riesgo de autocensura, dependencia de wallets custodiadas e incertidumbre legal a largo plazo.  

De modo tal, clasificar a los servicios auxiliares de esas plataformas o aplicaciones como MSB compone un marco regulatorio tan estricto que, de acuerdo con el análisis de Corallo, desincentivarían su desarrollo o los harían inviables en Estados Unidos. Esto, en consecuencia, podría limitar la innovación y el acceso a wallets seguras, comprometiendo la autonomía y privacidad en el ecosistema de criptomonedas. 

Aunque la administración de Donald Trump ha suavizado parcialmente esta postura, Corallo subrayó que el riesgo persiste y que una nueva administración podría retomar esta línea dura.  

Más voces en favor de la autocustodia como pilar de Bitcoin 

En la misma línea, Pierre Rochard, CEO de The Bitcoin Bond, una empresa enfocada en productos financieros basados en Bitcoin, también se pronunció en X, destacando la importancia de la autocustodia.  

«Tomen el teléfono y llamen al Congreso; el derecho a la autocustodia es crucial para el éxito continuo de Bitcoin», escribió Rochard.  

Save Our Wallets: una iniciativa para proteger la autocustodia 

La campaña de Save Our Wallets surge como una respuesta directa a lo que consideran una amenaza regulatoria significativa. La iniciativa motivada por Bitcoin Design de apoyar al proyecto de ley Blockchain Regulatory Certainty Act, busca movilizar a los usuarios para que respalden esta propuesta legislativa.  

Según sus defensores, la Blockchain Regulatory Certainty Act otorgaría claridad legal al excluir a los proveedores de servicios de autocustodia de la categoría de MSB, siempre que no tengan control sobre los fondos de los usuarios.  

Esto incluye a desarrolladores de software, nodos de red y otros servicios técnicos que no gestionan directamente los activos de los usuarios. La ley pretende alinear las regulaciones con las directrices de la FinCEN. 

De modo tal, en la comunidad bitcoiner de EE. UU. la Blockchain Regulatory Certainty Act es vista como un paso crucial para proteger la innovación en el ecosistema de Bitcoin y de las criptomonedas.  

Sin esta regulación, los desarrolladores podrían enfrentar sanciones legales o trasladar sus operaciones fuera de Estados Unidos, lo que limitaría el acceso de los usuarios estadounidenses a herramientas avanzadas de Bitcoin y otras criptomonedas.