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En Argentina, los bancos tienen prohibido ofrecer servicios vinculados a criptomonedas.
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El sector de criptomonedas pide flexibilización tributaria para tener igualdad con los bancos.
El sistema financiero argentino podría estar ante uno de sus cambios más significativos en años. Y es que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estaría evaluando habilitar a los bancos tradicionales para que puedan ofrecer la compra, venta y custodia de criptomonedas.
Aunque aún no hay una comunicación oficial, un exchange de criptomonedas consultado por la prensa local indicó que la aprobación podría concretarse en abril de 2026. Esto daría a los bancos tiempo suficiente para adaptar sus sistemas y cerrar las alianzas operativas necesarias.
El interés de las entidades bancarias en ofrecer criptomonedas no es nuevo en Argentina. En 2022, Galicia, Brubank y Ualá lanzaron servicios de compraventa de activos digitales como bitcoin (BTC), pero aquellas pruebas duraron apenas tres días.
Tal como reportó CriptoNoticias, el BCRA intervino entonces y prohibió cualquier operación vinculada con criptoactivos dentro del sistema financiero formal. Desde 2024, solo los exchanges registrados como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) pueden brindar criptomonedas en Argentina.
Carlos Peralta, líder de asuntos públicos de la plataforma de criptomonedas Bitso, señaló a la prensa que, si el levantamiento de la prohibición finalmente avanza, los bancos tendrán dos caminos: desarrollar internamente la infraestructura necesaria o asociarse con exchanges ya registrados como PSAV.
El directivo de Bitso también agregó que, para que la integración sea realmente efectiva, será necesario revisar el esquema tributario vigente. En especial habló sobre el impuesto al cheque, que hoy impacta directamente en los PSAV mientras que entidades financieras como bancos están exentos.
Si bien esa discusión es independiente de la autorización que analiza el BCRA, desde el exchange de criptomonedas Lemon consideran que ambos cambios deberían avanzar de manera conjunta para asegurar condiciones equitativas dentro del sistema financiero.