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Dos de las primeras propuestas fueron vetadas por la gobernadora Hobbs.
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Los primeros 300 mil dólares de cada decomiso se destinarán directamente a la Fiscalía General.
La Cámara de Representantes de Arizona dio luz verde al proyecto de ley 2324, una normativa que establece la creación de un fondo de reserva de bitcoin (BTC) y activos digitales. Con una votación de 34 a 22, la legislación avanza ahora hacia la gobernadora Katie Hobbs, cuya decisión determinará si estampa su firma para dar paso a la gestión de activos digitales incautados.
Este movimiento legislativo responde directamente a vetos pasados de la gobernadora. En sí, es el cuarto proyecto de ley de reserva de bitcoin que se aprueba en el Congreso de Arizona. Aunque, de los primeros tres, dos fueron vetados por la gobernadora y solo uno obtuvo su firma.
Por ello, en lugar de destinar fondos públicos para comprar monedas digitales, el proyecto esquiva ese método al centrarse exclusivamente en activos confiscados a través de procesos de decomiso criminal.
Esta estrategia, calificada como «mesurada», incrementa drásticamente las probabilidades de que la ley se promulgue, marcando un cambio táctico en la ambición que han mantenido varios legisladores de crear una reserva estratégica de BTC.
De aprobarse, la ley autoriza al estado a gestionar y custodiar estos activos digitales bajo nuevos protocolos. El plan de distribución asigna los primeros 300.000 dólares de cada decomiso a la Fiscalía General, mientras que el resto se reparte entre diversos fondos estatales.
“Los activos digitales confiscados se venden en plataformas seguras aprobadas por el estado. Los primeros USD 300.000 de la venta van a la Oficina del Fiscal General; si excede esa cantidad, el resto se divide: 50% al Fiscal General, 25% al fondo general del estado y 25% al Fondo de Reserva de Bitcoin y Activos Digitales”. señala la normativa.
En detalle, la propuesta HB2324 ordena la creación de un fondo específico, administrado por el Tesorero del Estado, para almacenar, gestionar y asignar los activos digitales confiscados. Este depósito incluirá una gama de activos como bitcoin y criptomonedas, mientras que su uso quedará estrictamente sujeto a la apropiación legislativa.
Los recursos podrán destinarse a cubrir los costos de investigación, compensar a las víctimas de los delitos asociados o financiar otras actividades directamente vinculadas al proceso de decomiso.
Esta estructura posiciona a Arizona en una nueva fase de la supervisión regulatoria, creando un posible modelo para otros estados que buscan integrar activos digitales en sus operaciones, aunque no usándolos precisamente para el ahorro.
Toda la atención se centra ahora en la decisión de la gobernadora Hobbs. Los analistas y legisladores observan atentamente, anticipando que el enfoque estructurado y de bajo riesgo de la HB2324 minimiza las objeciones que hundieron iniciativas anteriores, como lo observa el miembro de la comunidad Julian Fahrer.
Como lo informó CriptoNoticias, a principios de mayo, la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, firmó la ley HB 2749, autorizando la creación de la primera reserva de criptomonedas del estado. Esta legislación permite que activos digitales no reclamados, airdrops y recompensas por staking se destinen a un fondo especial, aunque no autoriza inversiones directas.
