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Medina dice que “prácticamente todos” los implicados obtienen una salida del proceso penal.
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Para el abogado es un llamado de atención al sistema penal y judicial de Paraguay.
Con donar un par de aires acondicionados y entregar algunas cajas de leche a los hospitales, los mineros ilegales de Bitcoin en Paraguay logran evadir la cárcel o las multas por su actividad, lo que demuestra falencias en el sistema penal y judicial de ese país.
Así lo denuncia Nelson Medina, abogado y asesor legal de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), quien participó esta semana en una reunión con tres comisiones del Senado del Paraguay.
Según Medina, actualmente hay 4 casos judiciales por sustracción de energía eléctrica en los tribunales paraguayos. Eso es apenas el 5% de las 73 denuncias que, desde 2019, han sido elevadas por la ANDE ante el Ministerio Público, todo en el marco de la cruzada contra las conexiones ilegales para minar Bitcoin.
La baja tasa de mineros procesados responde a que la ANDE “no ha tenido éxito” en la judicialización de los operadores clandestinos. Y es que, como lo ve el abogado, “prácticamente todas las personas (mineros ilegales) imputadas obtienen una salida alternativa al proceso penal”.
Lo que ha visto la ANDE en estos casos es que la Fiscalía y el Poder Judicial de Paraguay dictaminan, contra los mineros que operan con conexiones ilegales, solo la reparación del daño social por su actividad. “Y vemos como denominador común que esa reparación es donar dos aires acondicionados y la provisión de cajas de leche a centros de salud”, criticó.
Y no conforme, se obliga la reparación del daño a la víctima, que es la propia ANDE, organismo que obtiene perjuicios patrimoniales de hasta 20.000 millones de guaraníes, unos USD 2,6 millones, dependiendo del caso y la cantidad de energía robada por los operadores clandestinos, explicó Medina.
La aseveración del asesor legal de la ANDE coincide con los comentarios del ingeniero en energía eléctrica y defensor de la minería de Bitcoin en Paraguay, Nelson Cristaldo. Él dijo a inicios de junio que la ANDE había realizado más de 60 denuncias contra mineros ilegales, pero que quedaron sin solución.
Recordó así que “nadie fue preso por robar millones de guaraníes por hora”. Para él, hay existencia de “complicidad” entre la ANDE y las autoridades judiciales de Paraguay.
La minería de Bitcoin ilegal en Paraguay ha incrementado notablemente desde el año pasado. Según los datos provistos por el ingeniero Félix Sosa, presidente de la ANDE, desde enero y hasta ahora, se han desconectado 71 MW consumidos por granjas de minería de Bitcoin clandestinas.
Eso es un 28% más respecto a todo lo que se desconectó en 2023, cuando la ANDE recuperó 60 MW consumidos por mineros clandestinos. Esto se hizo en 33 intervenciones realizadas el año pasado a granjas mineras, indicó Sosa, quien también participó en la reunión parlamentaria.
Un proyecto con intención “disuasiva”
Lo explicado por Nelson Medina, de la ANDE, se dio un día antes de que el Senado de Paraguay aprobara en media sanción el proyecto de ley que modifica el artículo 173 del Código Penal.
La reforma es para castigar la minería ilegal de Bitcoin con hasta 10 años de cárcel, así como autorizar la incautación de equipos de minería y cualquier otro artefacto usado para consumir electricidad sin permisología.
Como informó CriptoNoticias, este proyecto fue presentado por el senador Ever Villalba y contó con el respaldo del Ejecutivo nacional, controlado por Santiago Peña. Ahora pasará a ser debatido en la Cámara Baja, en donde es plausible su aprobación.
Tal como lo ve el abogado Nelson Medina, la ley tiene la intención “disuasiva” de evitar la comisión del delito de robo de energía eléctrica, que causa problemas a la población y pérdidas monetarias al Estado, recordó.
“El artículo 173 del Código establece actualmente penas de hasta 3 años o multas. Haciendo una cronología, los resultados son nefastos y escasos. Estamos frente a representantes del crimen organizado que desafían al Estado”, recordó.
Hasta ahora, el Estado paraguayo ha logrado la incautación de más de 9.000 mineros ASIC de Bitcoin. Aparatos de alta tecnología cuyo paradero es actualmente desconocido.
Si bien ha habido fiscalizaciones en donde los equipos se mantienen desconectados dentro de los galpones en los que operaban, ha habido casos de desaparición de cientos de mineros.
A esto se suma que hay dispositivos que son llevados a las sedes de la fiscalía en los departamentos donde se ejecutan los allanamientos, desconociéndose su estatus actual.
CriptoNoticias intentó conocer el paradero de los mineros directamente con los organismos ejecutores de las intervenciones, es decir, la ANDE, el MP y la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, ninguno de los entes aclaró, hasta ahora, dónde están los ASIC.
Donde si hubo respuestas fue de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). Este ente dijo a este medio en días pasados que no han recepcionado mineros de Bitcoin incautados por el gobierno en sus fiscalizaciones, a pesar de que es una de sus principales funciones.
