¿Qué dice el gobierno de Trump sobre la caída histórica del precio de bitcoin?

La administración del presidente Donald Trump, a través de declaraciones recientes de su Secretario del Tesoro, Scott Bessent, delineó una postura de no intervención directa ante la fluctuación del precio de bitcoin (BTC).

Al momento de la redacción de esta nota, el 6 de febrero de 2026, bitcoin cotiza por debajo de los 67.000 dólares, tras una caída de precio que borró las ganancias registradas desde las elecciones presidenciales de 2024.

Y aunque no se ha emitido un comunicado específico o una referencia directa a la caída en los últimos días, las acciones y declaraciones recientes de funcionarios del gobierno están intrínsecamente vinculadas a la dinámica actual del mercado de activos digitales, que ha visto la caída más larga desde 2018.

Durante una audiencia en el congreso estadounidense, el 4 de febrero, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, también presidente del Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera (FSOC), compareció ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y el Comité Bancario del Senado.

En ese momento, frente a las preguntas del congresista Brad Sherman, conocido por su escepticismo sobre las criptomonedas, el secretario Bessent dejó claros los límites de la autoridad ejecutiva.

«No tengo la autoridad para hacerlo, y como presidente del FSOC, tampoco la tengo», declaró Bessent, refiriéndose a la capacidad del Departamento del Tesoro para ordenar a bancos privados la compra de bitcoin o utilizar fondos públicos en un posible rescate del mercado.

No tengo la autoridad para comprar bitcoin con dólares de los contribuyentes.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Estas afirmaciones subrayan que, a pesar de la retórica favorable a bitcoin, desde su campaña electoral, el compromiso del gobierno no incluye una intervención activa para añadir BTC a sus reservas.

Esta reserva, compuesta por bitcoin decomisados, ha generado ganancias estimadas en más de 15.000 millones de dólares. No obstante, el Secretario enfatizó que esta reserva es de naturaleza pasiva y se limita a los activos incautados, sin prever compras adicionales con fondos federales.

Las declaraciones de Bessent coincidieron con una aceleración de la caída del precio de BTC, que perdió aproximadamente un 15% en menos de 24 horas después de la audiencia del 4 de febrero.

Estas palabras de Bessent resonaron en todo el ecosistema de activos digitales, donde la expectativa de un respaldo estatal más agresivo había sido alta. En regiones con alta adopción de BTC como refugio (ante inflación o devaluación), la incertidumbre se acentuó, reflejada en reacciones masivas en redes sociales y foros.

La comunidad global expresó decepción ante la ausencia de medidas de soporte directo, aunque muchos reconocen que bitcoin «no necesita al Estado».

Las palabras de Bessent contrastan con las promesas de Trump, quien ha manifestado su intención de convertir a Estados Unidos en la «capital mundial de las criptomonedas» y ha impulsado la creación de la reserva estratégica de Bitcoin.

Sin embargo, las limitaciones legales expuestas por el secretario del Tesoro evidencian que el entusiasmo gubernamental se canaliza hacia la facilitación del entorno regulatorio en las stablecoins, por ejemplo, y no hacia factores que puedan tener mayor repercusión en el precio del activo.

Otras voces del gobierno de Trump sobre bitcoin

Otros funcionarios clave han articulado su visión con un énfasis en la regulación a largo plazo. David Sacks, el «zar» de las criptomonedas de la Casa Blanca, ha priorizado la legislación sobre el sector.

En apariciones recientes, Sacks describió a las stablecoins como «los nuevos rieles de pago para el siglo XXI», anticipando una integración plena de bancos tradicionales en el ecosistema de los activos digitales.

Esta visión apunta a una unificación entre finanzas tradicionales y digitales, lo que podría percibirse como menos descentralizado, aunque percibido por algunos políticos como necesaria porque fortalece la estabilidad y adopción institucional a largo plazo.

Por su parte, la senadora Cynthia Lummis —una de las defensoras más destacadas de bitcoin en el Congreso y autora principal del proyecto de Ley BITCOIN de 2025 (S.954, reintroducido en marzo de 2025 para impulsar la reserva estratégica de Bitcoin anunciada por Trump mediante orden ejecutiva)— ha sostenido activamente discusiones sobre formas de fortalecer la posición de EE.UU. en activos digitales.

De hecho, en la audiencia del Senado del 5 de febrero de 2026 ante el Comité Bancario (donde Bessent presentó el informe anual del FSOC), Lummis cuestionó directamente al Secretario del Tesoro sobre temas clave como la posibilidad de usar reservas de oro u otros mecanismos para adquirir más BTC, propuestas que Bessent rechazó reiterando la falta de autoridad ejecutiva para compras con fondos públicos o intervenciones directas en el mercado.

Lummis también presionó por mayor claridad regulatoria en materia fiscal, incluyendo una posible exención de impuestos para transacciones pequeñas de bitcoin y guías claras sobre el cálculo de ganancias de capital en portafolios mixtos, señalando su disposición a colaborar con el Departamento del Tesoro para avanzar en estas áreas.

Su labor legislativa complementa el enfoque de David Sacks al promover marcos para la regulación de activos digitales. Esto con la idea de integrar las finanzas tradicionales con el ecosistema de bitcoin y criptomonedas, fomentando la adopción institucional sin depender de intervenciones directas como las compras de activos.

Y aunque la nueva Ley de criptomonedas sigue en comité (Banco, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado) sin avances significativos hacia su aprobación, Lummis ha enfatizado que la claridad regulatoria y la integración bancaria son prioridades para contrarrestar riesgos globales y mantener el liderazgo estadounidense.

Ante todo ello, queda claro que el gobierno de Donald Trump no tiene en mente medidas directas que impacten en el mercado de bitcoin. Su estrategia se centra en establecer un marco regulatorio para el sector de los activos digitales, promover las stablecoins y gestionar de forma pasiva la reserva estratégica de activos incautados, en lugar de intervenir activamente en una dinámica que se reflejara en los precios, como tal vez lo esperaba la comunidad.