“No se puede seguir usando dinero público para comprar bitcoin»: diputada de El Salvador

En El Salvador donde bitcoin (BTC) es moneda de curso legal desde 2021, una voz de la oposición al gobierno de Nayib Bukele pone en tela de juicio la adopción de la moneda digital pionera a nivel gubernamental. La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, criticó duramente el uso de fondos estatales para la compra de monedas digitales, enmarcando esta política dentro de un contexto más amplio de concentración de poder y debilitamiento institucional.

La legisladora fue contundente en su postura, afirmando que la apuesta por la compra de BTC no es la más adecuada para el país.

“No se puede seguir usando dinero público para comprar bitcoin ni pagar con esta moneda”, sentenció Ortiz, advirtiendo sobre los riesgos de involucrar las finanzas del Estado en un mercado tan volátil.

La perspectiva de Ortiz revela que su preocupación por la compra de bitcoin no es un hecho aislado, sino parte de una denuncia sobre el rumbo político del país. La diputada conectó directamente esta política económica con las recientes reformas a la Constitución, aprobadas por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista, que ahora autorizan la reelección presidencial indefinida, un hecho anteriormente reportado por CriptoNoticias.

Para Ortiz, ambos temas reflejan la erosión de los contrapesos democráticos. “Este cambio es grave porque modificaron las reglas de acceso y permanencia en el poder sin dar espacio a la participación ciudadana”, denunció. Según la parlamentaria, estas reformas permiten que una misma persona pueda perpetuarse en el poder “las veces que quiera”, eliminando la capacidad de la población para remover a gobernantes que no cumplan con sus responsabilidades.

Frente a este escenario, la diputada propone una agenda de reformas alternativa, centrada en el bienestar ciudadano y el fortalecimiento institucional. “Necesitamos una economía que funcione para todos, educación y salud públicas de calidad, y reformas institucionales que otorguen más poder a la ciudadanía para vigilar a los funcionarios”, explicó.

Como acción concreta para frenar lo que considera un abuso de poder, Ortiz presentó un recurso de inconstitucionalidad contra las reformas. Su postura ofrece una perspectiva clave de que para la oposición salvadoreña, la adopción gubernamental de bitcoin y los cambios constitucionales no son logros de modernización, sino herramientas que consolidan un modelo de gobierno con menos rendición de cuentas y un poder cada vez más centralizado.

Críticas y defensa a los planes de Bukele con bitcoin

Las declaraciones de Ortiz resuenan con especial fuerza, ya que coinciden con informes del Fondo Monetario Internacional (FMI). Según el organismo internacional, los movimientos de bitcoin del país no son nuevas compras para su reserva nacional, sino una reorganización de activos entre carteras. Esto ha generado debate sobre la transparencia de la actividad con BTC en la comunidad bitcoiner.

No obstante, mientras un sector cuestiona la falta de claridad del gobierno, otros, como un residente de la iniciativa Bitcoin City (un proyecto de ciudad impulsada por bitcoin y energía geotérmica), apoyan los planes de Bukele para integrar bitcoin en la economía.

Mientras tanto, otros proyectos del gobierno, como la propuesta de revertir la prohibición de la minería metálica para explotar un supuesto yacimiento de oro, enfrentan oposición. La diputada Ortiz apunta directamente a la propuesta del presidente Bukele de explotar lo que él llama «un gigantesco tesoro bajo nuestros pies». Esto es un yacimiento que, según Bukele, podría contener hasta 50 millones de onzas de oro. Para lograrlo, el gobierno necesitaría revertir la ley de 2017 que prohíbe la minería metálica, una legislación aprobada precisamente por considerarla una grave amenaza ambiental y social.

Ortiz se opone firmemente a este plan, alineándose con las advertencias de ambientalistas y expertos. La minería de oro a gran escala, argumentan, representaría una catástrofe para un país con estrés hídrico como El Salvador. Añadió que la extracción no solo consumiría enormes cantidades de agua, sino que implicaría el uso de cianuro y otros químicos tóxicos, con un riesgo altísimo de contaminar los ríos y las fuentes de agua subterránea, devastando ecosistemas y poniendo en peligro la salud pública.

Después de tod, el debate sobre bitcoin y las reformas políticas pone a El Salvador en el centro de la atención de los bitcoiners, mientras la oposición busca frenar lo que considera un modelo de gobernanza con menos rendición de cuentas.