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Se estima que este gravamen generaría más de 700 millones de dólares al año.
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El proyecto aplicaría un impuesto progresivo según el consumo de electricidad por kilovatio-hora.
El Estado de Nueva York está analizando un proyecto de ley impulsado por la senadora Liz Krueger, el cual aplicaría un impuesto a la minería de criptomonedas que utilice el método de prueba de trabajo (PoW, por sus siglas en inglés).
La iniciativa S8518 busca que los costos de estas operaciones sean asumidos por las propias empresas mineras en lugar de los ciudadanos.
Cabe mencionar que PoW es un sistema utilizado por algunos activos, como bitcoin (BTC), para validar transacciones y proteger la red. En este mecanismo, los mineros deben resolver complejos cálculos matemáticos mediante computadoras especializadas, un proceso que requiere grandes cantidades de energía eléctrica.
Según el proyecto, se establecería un impuesto escalonado por kilovatio-hora (kWh) utilizado. Los primeros 2,25 millones de kWh por año no pagarían obligaciones, mientras que el consumo de 2,25 a 5 millones de kWh tendría un gravamen de 2 centavos por kWh, y el de 5 a 10 millones de kWh sería de 3 centavos por kWh.
Para consumos mayores, el impuesto seguiría aumentando: entre 10 y 20 millones de kWh se aplicaría un cargo de 4 centavos por kWh, y cualquier consumo superior a 20 millones de kWh estaría sujeto a 5 centavos por kWh.
La iniciativa establece que las instalaciones que funcionen con energía renovable y que no estén conectadas a la red eléctrica quedarían exentas del impuesto. Además, todos los ingresos recaudados se destinarían a programas de asistencia para consumidores de electricidad.
Tal y como figura en la sección 2, la legislación responde a los impactos que las operaciones de minería de criptomonedas han tenido en las comunidades locales. La medida entraría en vigor el 1 de enero de 2027.
Asimismo, el proyecto señala que los neoyorquinos enfrentan «enormes cargas derivadas del crecimiento no regulado de las operaciones de minería de criptomonedas con prueba de trabajo, pero reciben muy pocos beneficios, si es que reciben alguno».
De acuerdo a los patrocinadores de la iniciativa, estas operaciones «alteran las comunidades circundantes, no generan empleos y pagan muy poco por su propio consumo de electricidad».
Asumir el costo de las operaciones mineras
En esta línea, se deja claro que el costo de generar y suministrar electricidad adicional recae sobre todos los usuarios, y en algunas localidades se han registrado aumentos sustanciales en las tarifas cuando se instalan mineros de criptomonedas.
Para respaldar estos argumentos, la senadora Krueger explica que, antes de que la ciudad de Plattsburgh, ubicada en el norte del estado de Nueva York, aplicara nuevas tarifas para proteger a la comunidad, las operaciones mineras pagaban alrededor de 2 centavos por kWh, mientras que los hogares residenciales en Nueva York pagan, en promedio, 22,25 centavos por kWh, según la Administración de Información Energética de EE. UU.
Más allá de lo económico, también se resaltan los impactos ambientales y sociales de la minería de criptomonedas, que incluyen «la prolongación de la vida de plantas de energía a gas, un consumo significativo de agua dulce, contaminación acústica y generación masiva de residuos electrónicos».
Finalmente se aclara que la legislación no prohíbe la minería, sino que busca que «las consecuencias negativas generadas por estas operaciones mineras sean asumidas y pagadas por los propios operadores, en lugar de los neoyorquinos».
Según estimaciones del propio proyecto, la medida podría generar más de 700 millones de dólares en ingresos para programas de asistencia energética.
La discusión sobre la regulación y el uso de criptomonedas en Estados Unidos refleja distintos enfoques estatales. Mientras Nueva York busca que los mineros internalicen los costos de energía que generan, otras jurisdicciones exploran activamente la adopción de BTC como herramienta financiera.
Como reportó CriptoNoticias en mayo, un ejemplo es New Hampshire, que se convirtió en el primer estado en permitir la creación de una reserva estratégica de bitcoin mediante la ley HB 302, firmada por la gobernadora Kelly Ayotte.
